La sentencia, dictada en ausencia por autoría intelectual de matanza perpetrada en 97

Condenan a 40 años de prisión a jefe de paramilitares derechistas de Colombia

Un coronel deberá purgar la misma pena; mueren 26 guerrilleros en ofensivas del ejército

AFP, DPA Y REUTERS

Santafe de Bogota, 20 de junio. La justicia colombiana condenó en ausencia a 40 años de prisión a Carlos Castaño, máximo jefe
de los paramilitares de extrema derecha, así como a un coronel del ejército retirado por coautoría, en relación con la matanza de una treintena de campesinos perpetrada en 1997 en Meta.

La sentencia, pronunciada por un juez bogotano, es una de las más severas por un caso de violación de los derechos humanos, y fue dictada contra Castaño, líder escuadronero de las Autodefensas Unidas de Colombia, como autor intelectual.

Castaño es requerido por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y su organización está catalogada como grupo terrorista.

La misma sentencia fue extensiva al ex coronel Lino Hernando Sánchez, como coautor de la matanza, quien entonces era comandante de la Brigada 2 del ejército. Asimismo, fueron condenados dos sargentos, uno a 32 años de cárcel y el otro a 22. Estos militares ya no podrán ocupar cargos públicos, tras ser acusados de haber hecho caso omiso, no evitar o facilitar los crímenes cuando los paramilitares actuaron en su jurisdicción.

Los paramilitares, que tienen asiento en las regiones de Córdoba y Urabá, se trasladaron hace seis años por vía aérea hasta el caserío de Mapiripán, en el central departamento de Meta, adonde arribaron la madrugada del 15 de julio de 1997. Durante una semana llevaron a cabo actividades en la región.

Allí retuvieron, torturaron, decapitaron, descuartizaron y asesinaron a campesinos bajo la acusación de que "cooperaban" con las guerrillas. Luego, arrojaron la mayoría de cadáveres al río Guaviare. Durante la incursión paramilitar ni la policía ni el ejército se dieron por enterados, pese a que se trataba de un despliegue de unos 300 hombres armados y pese a haber recibido denuncias del juez local y otras personas.

Castaño, quien ha recibido otras sentencias en su contra y cuya organización negocia la paz con el gobierno de Alvaro Uribe, recibió recientemente a enviados estadunidenses, quienes supuestamente le refirmaron que sigue en pie el pedido de su extradición, aunque Washington también apoya las pláticas de paz con el grupo.

Defensores de derechos humanos señalaron que el fallo del juez prueba una vez más los nexos existentes entre oficiales de las fuerzas armadas y los paramilitares de derecha, que ahora mantienen una tregua mientras negocian con las autoridades.

Mientras, autoridades militares afirmaron haber causado al menos 26 bajas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en dos operaciones. Según el informe, 20 rebeldes perecieron en un bombardeo lanzado por la fuerza aérea en las cercanías del municipio de Pradera, departamento de Valle de Cauca, y otros seis en combate con el ejército en el departamento de Norte de Santander.

En tanto, el presidente Uribe descalificó en forma airada la propuesta de las FARC de reunirse con los mandatarios del Grupo de Río, al afirmar que así reafirman su condición de "hipócritas", porque son "grupos violentos" y "terroristas" que piden audiencias al mundo y rechazan un diálogo mediado por Naciones Unidas.

Por otra parte, Colombia y Costa Rica acordaron reforzar la cooperación en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico internacional y el crimen organizado, al término de una visita a San José de Alvaro Uribe.

A su vez, el canciller venezolano, Roy Chaderton, declaró que su país no está en disposición de penetrar en territorio colombiano en el contexto de operaciones conjuntas contra la insurgencia del vecino país, al señalar que no es una guerra de Venezuela. No obstante, exhortó a los colombianos a llegar a un acuerdo de paz.

Mientras, el grupo de derechos humanos Human Rights Watch expresó su respaldo a los esfuerzos del gobierno colombiano por conseguir una paz negociada tanto con la insurgencia como con los paramilitares de derecha. Empero, dijo, la paz no debe dejar impunes delitos como la tortura o la desaparición forzada de personas.