Los magistrados salieron del país

Prevalece la inactividad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo

JOSEFINA QUINTERO MORALES

Durante una semana el Tribunal de lo Contencioso Administrativo detuvo 240 proyectos de resolución porque la presidenta, Victoria Eugenia Quiroz, y los seis magistrados que integran la sala superior salieron del país para participar en un congreso internacional en Canadá.

Así, desde el pasado 30 de mayo la sala superior y tres ordinarias quedaron inactivas, y en consecuencia los proyectos de resolución están pendientes, junto con las apelaciones que les corresponden.

Las sesiones plenarias se llevan a cabo martes y jueves, y son la presidenta y los magistrados quienes tiene la responsabilidad de que se efectúen.

El tribunal tiene un rezago de mil recursos de apelación pendientes de resolver desde hace dos años; sin embargo, Daniel Rámila Aquino, responsable del área de difusión, manifestó que la ausencia de los magistrados no afecta las actividades del tribunal.

Sobre el retraso en los proyectos de resolución, el funcionario manifestó que el martes, durante la próxima sesión plenaria, los magistrados resolverán el problema.

Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo recurren los habitantes del Distrito Federal para denunciar actos de abuso de autoridad, como una clausura indebida, altos costos en el pago de impuestos, multas injustificadas o mal aplicadas; es una especie de ombudsman que vigila los actos de la autoridad.

Ante la ausencia de los magistrados, Rámila Aquino explicó: "a pesar de que no estén, se encuentran los secretarios de acuerdos quienes son lo encargados de hacer el trabajo.

Los juicios continúan, porque no es necesaria su presencia. El secretario arma el expediente y hay auxiliares que firman en ausencia".

Sin embargo, reconoció que cuando se inicia un juicio, sólo puede ser autorizado por el magistrado asignado, y en caso de ausencia tendrá que ser detenido hasta que se obtenga la firma y se puede admitir la demanda.

Pero las quejas en contra de autoridades no se detienen y diariamente la oficialía de partes recibe 50 demandas de habitantes de la ciudad que quieren interponer un juicio de nulidad en contra de arbitrariedades cometidas por la autoridad. Tan sólo el año pasado se recibieron 8 mil 29 demandas.

Por su parte, Sergio Puente manifestó que la mayoría de los juicios de nulidad que se siguen en el tribunal "son trámites que requieren de mucho tiempo por el burocratismo", porque a pesar de que se admite de inmediato la queja, puede tardar de seis a siete meses su resolución, y muchas veces se desconocen los motivos.

Arturo Salgado, a quien le clausuraron su negocio desde hace tres meses, dice que no ha podido resolver su situación. Ante ello, decidió "aceptar la penalización. Me voy a la cárcel, pago mi derecho a fianza y así evito la multa de la delegación y los tres meses de renta que ya se me juntaron, y por los que tendría que pagar 60 mil pesos".