Ayer, en una reunión con empresarios suecos, el presidente Vicente Fox porfió en su determinación de permitir la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en "la cadena de producción, fabricación, transformación o distribución de petróleo o energía", y se jactó de que se están construyendo en el país 26 plantas generadoras de electricidad "y todas bajo inversión privada, por medio de la fórmula que tenemos". El mandatario fue secundado en el aserto por Eduardo Sojo, coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia, quien aseveró que el sector de los energéticos está abierto al capital foráneo. "Actualmente en México los sectores público y privado tienen la oportunidad de invertir en generación de electricidad", dijo el funcionario.

Es entendible, y hasta deseable, que el titular del Ejecutivo federal procure atraer inversiones extranjeras al país. Pero es inadmisible que promueva las oportunidades de inversión en México si para ello violenta, como hizo ayer en Estocolmo, la Constitución de la República, la cual señala en su artículo 27:

"Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines."

El empecinamiento del actual gobierno en quebrantar este precepto y en seguir otorgando autorizaciones ilegales a particulares para que generen, distribuyan y comercialicen energía eléctrica no sólo erosiona la autoridad y la institución presidenciales -¿con qué base podría demandar Fox respeto a otras disposiciones de la Carta Magna?- sino que constituye una falta de respeto al principio de separación de poderes -porque corresponde al Legislativo decidir si se reforma o no el artículo constitucional citado- y representa un flagrante atropello al espíritu republicano y al más elemental sentido de legalidad y civilidad.

Más aun, al ofrecer a los inversionistas extranjeros que participen en el sector energético, el Presidente siembra perspectivas de problemas futuros, posiblemente graves, al país, toda vez que los contratos y las inversiones que pudiesen resultar de tal ofrecimiento tendrían que ser revocados por el Poder Judicial o por el Ejecutivo que suceda al actual.

Por las razones mencionadas, es necesario y urgente que el grupo gobernante desista de su empeño de transgredir la Carta Magna.