El hecho, durante la madrugada del lunes en Santa María la Ribera; 5 detenidos

Frenan policías invasión de edificio de departamentos por miembros del FPFV

Tarda MP 12 horas en levantar la denuncia Propietarios temen por su seguridad

MIRNA SERVIN VEGA

Invadir un edificio que no les pertenece y ocuparlo ilegalmente es una acción común de organizaciones que se reúnen con distintos fines -desde "el político" hasta "el social"-. Tienen un modus operandi perfectamente delineado: pagan hasta 500 pesos a personas que llegan de noche al inmueble elegido, armadas con palos, barretas y "dispuestas a todo".

Así ocurrió en los primeros minutos del lunes, cuando más de 50 integrantes del Frente Popular Francisco Villa (FPFV) ingresaron en el edificio ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, esquina Cedro, en la colonia Santa María la Ribera, delegación Cuauhtémoc.

Los invasores entraron sin forzar las puertas principales, aun cuando estaban cerradas con pasadores de seguridad. Después su tarea consistió en abrir los departamentos con la ayuda de un cerrajero o perforando a golpes de barreta la pared y -siguiendo instrucciones de un líder- pasar de inmediato al interior de cada departamento: "nadie en los pasillos, todos adentro y de aquí nadie nos saca".

Pero esta vez una providencial llamada telefónica por celular al número de emergencia 060, que se realizó desde el interior del edificio, hizo la diferencia. En cuatro minutos llegaron dos patrullas: los invasores no alcanzaron a apoderarse del inmueble, lo que hubiera llevado a los legítimos propietarios años de litigio para recuperar su patrimonio. Hombres y mujeres huían en tropel ante la llegada de la policía. Hay cinco detenidos aún sin consignar.

Pero la invasión aún no está conjurada. El mismo lunes por la tarde, atraída por una manta con la leyenda: "Este edificio se encuentra expropiado por el Frente Popular Francisco Villa", colocada durante la madrugada en la parte superior externa del inmueble, una mujer que dijo llamarse Sara Manjarez se acercó a platicar con los legítimos dueños, creyendo que también pertenecían al FPFV, y les contó: "el señor Arnulfo, que tiene sus oficinas en la calle Donceles 57, colonia Centro, nos dijo que si nos encerrábamos tres días en el edificio, entonces él nos iba a vender los departamentos".

Actualmente el inmueble se encuentra vendido a cuatro particulares, reconocidos ante la notaría pública número seis, ninguno de los cuales tienen que ver con la agrupación que promueve la invasión.

Las agencias inmobiliarias de la zona refieren que la secuencia de hechos de este tipo llevados a cabo por "organizaciones sociales" es siempre la misma: toman un edificio, a veces mediante violencia física, ofrecen una cuarta parte del valor del inmueble "en caso de que quieran recuperar algo" y consiguen pagar la cantidad a través de programas del Instituto Nacional de Vivienda (Invi).

Vecinos del lugar vieron que en días anteriores personas ajenas a la colonia rodeaban el edificio y se sentaban en las contraesquinas a observarlo. "Sabemos que trabajan así." El mismo tipo de invasión se ha llevado a cabo en otros edificios de la colonia Santa María la Ribera como de la San Rafael.

Tras el intento de invasión del lunes, los afectados procedieron a levantar una denuncia en la séptima agencia del Ministerio Público, donde llegaron alrededor de la una de la mañana. Una hora y media después los policías aún no ponían a los detenidos a disposición de las autoridades. Ante los reclamos de los afectados, el agente del Ministerio Público en turno indicó que no se podía hace nada si no se presentaba a los inculpados.

A las tres de la mañana, sin ninguna precaución por la integridad física de los querellantes, éstos tuvieron que compartir el mismo espacio físico con los detenidos, quienes no sólo reconocían ya plenamente a sus denunciantes, sino que debido a la invasión "hasta saben dónde vivimos".

Entre cambios de turno, que significaron por lo menos dos horas de inactividad, se logró conformar -12 horas después- cuatro averiguaciones previas, con las denuncias de los hechos.

A los propietarios, explican, sólo les resta hacer una cosa: resguardar su propiedad aún a costa de su seguridad y esperar a que termine la impunidad por este tipo de invasiones.