Habrían sido cometidas durante el primer año de gobierno de Vicente Fox

Postergan la difusión de posibles irregularidades en el presupuesto

Se conocerán después de las elecciones del 6 de julio Las dependencias tienen del 10 al 18 de junio como plazo para entregar a la ASF un reporte sobre observaciones de marzo pasado

ENRIQUE MENDEZ

Las posibles irregularidades en el manejo del presupuesto federal en el primer año de gobierno de Vicente Fox, se conocerán después de las elecciones del 6 de julio, pues las dependencias tienen del 10 al 18 de junio como plazo para entregar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un reporte sobre las observaciones presentadas en marzo pasado.

Después de ese periodo, el auditor Arturo González de Aragón dispondrá de tres semanas más para analizar esa información y determinar si hubo o no irregularidades en la cuenta pública de 2001.

Asimismo, y aun cuando hace dos semanas el diputado federal del PRI Víctor Infante informó que convocarían a González de Aragón a la sesión de este martes de la Comisión de Vigilancia, para que ampliara la información sobre las observaciones que hizo a Petróleos Mexicanos (Pemex), errores que Acción Nacional atribuye al último año de Ernesto Zedillo, el funcionario aún no ha sido convocado.

No obstante, el secretario de esa comisión, el perredista José Antonio Magallanes, informó que ayer se llevaría a cabo una reunión previa en la que se acordaría girar la invitación al auditor, quien si asiste al encuentro con los diputados sólo informaría que los resultados de la revisión se presentarán después de las elecciones federales.

Con González de Aragón, dijo Magallanes, está pendiente la discusión sobre las auditorías a los bancos por la compra irregular de cartera del Fobaproa, así como la necesidad de llegar a un acuerdo con esas instituciones, el gobierno y la Cámara de Diputados que permita revisar el proceso de intercambio de pagarés al IPAB.

No obstante precisó que la auditoría a los bancos depende de que el gobierno demuestre voluntad política y se desista de la controversia constitucional contra la ASF, que interpuso en la Suprema Corte de Justicia el presidente Vicente Fox por no estar de acuerdo en las irregularidades detectadas en la cuenta 2001, y que la Secretaría de Hacienda también retire el juicio de amparo promovido contra las auditorías a las instituciones financieras. ''Esa sería una señal de voluntad, y que los bancos tampoco nos manden abogados y se desistan de sus amparos. El gobierno y los bancos deben quitar el gatillo que tienen contra la Cámara de Diputados. Deben bajar sus armas y el amago'', expresó.

Los diputados, dijo, no están dispuestos a que los 45 mil millones de pesos que representan esos pagarés, más los intereses, sean convertidos a deuda pública. ''Se tiene que sancionar el abuso de autoridad del gobierno en las operaciones irregulares del Fobaproa, y a quienes dejaron pasar dinero en forma ilegal'', señaló.

Consideró que sí es posible lograr un acuerdo entre la Cámara, el gobierno, los bancos y la auditoría, ''pero nada que sea suavecito, que permita a las autoridades y a los banqueros irse de vacaciones a disfrutar los beneficios'' de esas transacciones. Recordó que tanto la Secretaría de Hacienda como el vicecoordinador de la bancada priísta, Jorge Carlos Ramírez Marín, ya aceptaron que su propuesta de firmar un convenio para auditorías calificadas como light fue un fracaso, y entonces es necesario discutir otras alternativas.

Es posible, concluyó, que el próximo mes esa instancia pueda iniciar discusiones abiertas en las que participen todos los actores, incluido el Poder Judicial, para construir un consenso que baje el costo financiero de los pagarés al erario.