Una maderera obtuvo permiso para talar; ONG advierte sobre un desenlace violento

En Durango, huicholes hacen plantón en predio en litigio cerca de Bernalejo

Los indígenas tienen apoyo de comunidades vecinas contra San Lucas de Jalpa

ROSA ROJAS

Un conflicto entre los huicholes de Bancos de San Hipólito y la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa, ambas del municipio de El Mezquital, Durango, mantiene en plantón en la sierra, en el predio Carreras, a cerca de 150 huicholes que el pasado 15 de mayo tomaron la maquinaria de la empresa Maderas del Huicot y cerca de 500 árboles que ésta había derribado con permiso del comisariado de este núcleo agrario, pese a que las dos comunidades enfrentan un litigio por más de 10 mil 720 hectáreas que incluyen el predio desmontado.

Los huicholes de San Hipólito piden que se detenga todo aprovechamiento en tanto no concluya el procedimiento legal en curso en el Tribunal Agrario de Durango y que la madera derribada se divida en partes iguales para cada uno de los núcleos.

La Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI) informó lo anterior, señalando que recibió reportes de que el comisariado de San Lucas de Jalpa estaba realizando "actos de intimidación y que se temía un desenlace violento". En su movilización, los huicholes de Bancos de San Hipólito han sido apoyados por la comunidad vecina de San Andrés Cohamiata y por unos 200 tepehuanos de Santa María Ocotán, en correspondencia al acompañamiento que los huicholes brindaron cuando enfrentaron un conflicto con los mestizos de Bernalejo, Zacatecas, hace un par de meses.

La zona en litigio se encuentra bajo vigilancia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el 9 de junio de 1998, cuando se emitió la resolución del consejo de administración de dicho organismo internacional, interpuesta por el Sindicato de Radio Educación en representación de la Unión de Comunidades Indígenas Huicholas, por incumplimiento del gobierno mexicano del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, al no haber resuelto el caso de Bancos de San Hipólito y otras poblaciones de acuerdo con el convenio, señaló la AJAGI.

La organización no gubernamental interpuso ayer una denuncia ante el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Lichtinger, solicitando con carácter de urgente la aplicación de medidas de seguridad y la suspensión y/o cancelación del aprovechamiento forestal otorgado con oficio de autorización 10.1.R.N.1/000 151, fechado el 8 de febrero de 1996 en favor de la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa, "por poner en riesgo la tranquilidad de la zona en conflicto y el estado de derecho en la región, hasta que no sea resuelta jurídicamente la legitimidad de la propiedad de los terrenos".

Llamó además a la intervención inmediata de la Semarnat y de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, para que apliquen medidas de seguridad de acuerdo con la Ley Forestal, "ya que esta zona está muy cerca del conflicto de Bernalejo de la Sierra, Zacatecas, con los indígenas tepehuanos de Santa María Ocotán, y tememos actos de violencia de los mestizos de San Lucas de Jalpa hacia los indígenas wixarika (huicholes) de Bancos de San Hipólito".

En su denuncia, la AJAGI menciona que el conflicto entre San Hipólito y San Lucas se remonta al 28 de julio de 1981, cuando "en franca violación a las leyes nacionales e internacionales", el gobierno federal emitió una "ilegal" resolución presidencial de titulación y confirmación de más de 33 mil hectáreas a la comunidad mestiza de San Lucas, incluidas en éstas 10 mil 720 que San Hipólito venía gestionando desde 1974 como dotación.

Bancos de San Hipólito interpuso una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), distrito séptimo, por "nulidad de resolución presidencial" el pasado 7 de noviembre de 2002, que tiene el número de expediente 327/2002. El pasado 9 de abril se desahogó una audiencia conciliatoria ante el TUA, en la que surgieron propuestas para tratar de resolver el problema por la vía de la negociación. Ambos núcleos están en proceso de consulta con sus comunidades.

Por tal razón, explica la AJAGI, resultó irritante para los huicholes percatarse de que se estaba aprovechando la zona en litigio. Esto hizo también que la asamblea de la comunidad decidiera detener por la fuerza los trabajos en terrenos que consideran suyos. No obstante, los huicholes devolvieron la maquinaria al contratista el 18 de mayo, cuando manifestó que mientras ambos núcleos agrarios no se pongan de acuerdo no va a hacer ningún trabajo en la zona.