Agustín López Luna debió pagar 3 mil 400 pesos de fianza para ser puesto en libertad

Excarcelan a zapatista detenido seis días por error; se recalienta el asedio

Tensión en San Andrés Sakamch'en por trabajos de la Comisión Federal de Electricidad

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Municipio Autonomo Lucio Cabañas, Chis. 23 de mayo. El campesino Agustín López Luna, habitante del municipio autónomo Lucio Cabañas, fue puesto en libertad, luego de permanecer seis días detenido en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de San Cristóbal de las Casas. Si bien las acusaciones que pesaban sobre él resultaron ser falsas, debió pagar 3 mil 400 pesos de fianza y casi dar las gracias por el atropello que sufrió.

López Luna fue capturado por dos agentes policiacos y tres habitantes del paraje Cruz Che'en el pasado 17 de mayo, y conducido (en un automóvil privado marca Tsuru) a la ciudad de San Cristóbal de las Casas para luego ser recluido en el Cereso número 5. Se le acusaba de ser zapatista y de ocupar ilegalmente el predio que habita y trabaja por herencia familiar en San Antonio (municipio oficial de Tenejapa).

Alonso y Santiago Santiz Girón, ex propietarios agrícolas que vendieron sus propiedades "y se han dedicado a vivir del comercio de tierras", según las autoridades del municipio autónomo, levantaron diversos cargos contra López Luna por "delitos que no cometió". Al detenerlo, la policía lo acusó principalmente de "ser zapatista", lo cual es cierto, pero no delito para ser encarcelado.

El concejo autónomo denuncia que López Luna y su familia han recibido amenazas y agresiones en el paraje donde viven, por parte de un grupo de priístas de la región "con el apoyo del presidente municipal de Tenejapa, la seguridad pública y los judiciales, que los protegen y obedecen cuando hacen sus injustas y corruptas acciones".

El municipio rebelde reiteró hoy lo que había manifestado desde el lunes: "Exigimos que todos los que estamos involucrados en la construcción de la autonomía seamos respetados y se respeten nuestros derechos".

Dos voceros del concejo de Lucio Cabañas declararon a La Jornada que también exigen "se termine con los ataques contra nuestros compañeros bases de apoyo del paraje San Antonio y otras comunidades autónomas".

"Si hay, que haya para todos"

Por su parte, las autoridades autónomas de San Andrés Sakamch'en y centenares de habitantes de la cabecera municipal, denunciaron que el gobierno regional (y minoritario, pero receptor de los recursos gubernamentales) intenta imponer a la población una "reconstrucción de energía eléctrica", cambiando el servicio de monofásico a trifásico, lo cual "está generando un problema en la población".

Las autoridades en resistencia de San Andrés afirman que los priístas (quienes administrarán la obra con la Comisión Federal de Electricidad, CFE) "nos ponen una condición: que paguemos la deuda a partir del año 1994, y sólo así dará comienzo dicha obra". Cabe señalar que en Chiapas existe desde hace años una amplia resistencia contra la CFE, la cual involucra a poblaciones zapatistas y no zapatistas de todas las regiones del estado.

"No aceptamos esa forma de presión", dicen los autónomos: "Si el gobierno quiere 'reconstruir' dicha energía, lo puede hacer sin ninguna condición, porque nosotros somos el pueblo que vivimos en resistencia civil, mientras el gobierno no ha cumplido los acuerdos de San Andrés". Agregan que aceptarían la obra "sin que haya alguna presión".

Tampoco aceptarán que las obras, de efectuarse, sólo doten de energía eléctrica a los priístas, "y nos excluyan, porque así será un grave problema y no quedaremos callados. Si hay, que haya para todos, no nada más para un grupo de gente".

Autoridades autónomas, agentes municipales y "patronatos de energías eléctricas" aseguran que están surgiendo los mismos problemas en otras comunidades. El eventual corte de suministro eléctrico afectaría a unas 200 familias del poblado de San Andrés (oficialmente apellidado Larráinzar). Pero los rebeldes apuntan que "el problema no es nada más en esta cabecera ni mucho menos lo que abarca del municipio de San Andrés, sino que es de escala estatal y nacional".

Las autoridades autónomas solicitan "respetuosamente" una solución "pacífica y favorable". En caso contrario, "si los priístas o el gobierno hacen lo que quieren, (y aunque) nos obliguen forzadamente, el pueblo tomará las medidas correspondientes". Argumentan que "mientras el pueblo no tenga solución a lo que pide, no se quedará callado ni mucho menos aceptará las migajas del gobierno".

El evidente "recalentamiento" de conflictos y asedios a los municipios autónomos que ahora vemos, está acompañado de un incremento generalizado de la represión gubernamental violenta, encarcelamientos injustificados y agresiones contra defensores de derechos humanos en Chiapas. Todos los organismos civiles de la región coinciden en que el de Pablo Salazar Mendiguchía "es un gobierno que viola los derechos humanos". Lo acusan de tener "un doble discurso" en materia de derechos humanos: "Muchas declaraciones y publicidad pagada para hacer creer que los respeta, pero en la práctica sus acciones son de desprecio a las garantías básicas".

Decenas de organismos civiles confirmaron hoy que muchos operativos policiacos "se realizan bajo la excusa de la 'aplicación del estado de derecho', dejando saldos de heridos, detenciones arbitrarias y masivas".