Carlos Manzo termina su huelga de hambre al enterarse de otro cargo en su contra

Hay una "embestida gubernamental" contra la oposición, acusan presos de Unión Hidalgo

ROSA ROJAS ENVIADA

Tehuantepec, Oaxaca, 19 de mayo. Existe una "embestida gubernamental contra la oposición social", pues la reprime "apoyándose en cualquier argumentación". Tal es la razón de que en este momento haya cuatro presos políticos en el penal de esta ciudad, aseveró Jesús Vicente Vázquez, de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo, apresado por personal de la Agencia Federal de Investigación. Los otros reclusos son Carlos Manzo, Francisco de la Rosa Gómez y Luis Alberto Marín López, del Consejo Ciudadano Unihidalguense (CCU), detenidos en diferentes momentos, por policías estatales.

Los cuatro fueron entrevistados en el reclusorio. Todos señalan que no se les presentó orden de aprehensión en el momento de su captura.

Justo antes de iniciarse la entrevista, después de que Manzo cumpliera 120 horas de ayuno -que inició luego de su reclusión-, recibió la notificación de que tanto a él como a Marín López se les acumuló otro proceso y, por tanto, una nueva orden de apehensión. La acusación que los llevó a la cárcel fue por privación ilegal de la libertad y robo. Ahora además se les acusa de tentativa de homicidio, en agravio de dos empleados del presidente municipal de Unión Hidalgo, Armando Sánchez Ruiz. De la Rosa Gómez está acusado de robo calificado con violencia.

Todo eso está relacionado con los hechos ocurridos cuando el CCU demandó auditoría al ayuntamiento de Sánchez Ruiz; éste reprimió una manifestación -con saldo de un muerto y más de 10 heridos- y a causa de ello el pueblo lo desconoció como alcalde y se integró un concejo municipal.

Manzo -quien informó que por el ayuno sufre mareos y calambres y ha perdido tres kilos-, visiblemente afectado por la noticia de los nuevos cargos en contra de él y de Marín López, decidió en ese momento finalizar su huelga de hambre. "Yo esperaba que hubiera una respuesta de diálogo del gobierno de José Murat para resolver las demandas del CCU. Está claro que se obceca en sostener el ayuntamiento priísta de Sánchez Ruiz; hay una orden de aprehensión contra 17 dirigentes del CCU, estamos en medio de un hostigamiento jurídico", afirmó.

Señaló que no estuvo, como tampoco Marín López, en el lugar de la zacapela provocada por los "paramilitares" contratados por Salvador Sánchez, de la que resultaron dos heridos de bala; "no he cometido ningún delito y requiero de un perito federal para que se vea que no he disparado ni una arma de fuego. Tiene que ser un perito federal, porque el subprocurador de Justicia para el Istmo, Wilfrido Almaraz, que está haciendo lo que quiere Sánchez Ruiz, maneja los peritos estatales", afirmó Manzo.

El abogado defensor de Manzo, Aníbal Luis Orozco, informó a su vez que la causa penal 139/2003 contra su defendido por el supuesto delito de privación ilegal de la libertad y robo con violencia se da "en un contexto meramente político, con argumentos legaloides. La privación ilegal de la libertad en principio no se configura porque en Oaxaca se establece como término mínimo el de 72 horas y en el expediente se habla de menos de 24 horas", pero además, el día de los supuestos hechos Manzo se encontraba en una reunión con los socios del Fondo de Ahorro y Préstamo Guendalizaa, "y tenemos pruebas irrefutables de ello", afirmó.

Vicente Vázquez a su vez, está acusado de "oposición a que se realice una obra de Petróleos Mexicanos (Pemex), en términos del artículo 185 del Código Penal Federal" (averiguación previa 106/2002). Los hechos ocurrieron en junio de 1999. Jesús Vicente relató que entonces la paraestatal estaba efectuando la rehabilitación de ductos en la colonia popular Hugo Mayoral, de Salina Cruz, Oaxaca, sin cumplir con las especificaciones técnicas, "poniendo en peligro a los vecinos", y debido a ello bloquearon la maquinaria y se obligó a Pemex a firmar un convenio para realizar obras en esa colonia y otras como en la Vicente Guerrero y San Pablo. Pemex ejecutó las obras, en las que invirtió 4.6 millones de pesos en pavimentación de calles, construcción de puentes, un desagüe y la terminación de una escuela.

"Nunca nos enteramos que había una denuncia de Pemex en mi contra, pero si tenían la orden de aprehensión desde 2000, Ƒpor qué ejecutarla ahora, en la coyuntura previa a las elecciones? Puede haber componendas, lo importante es que se inscribe en una serie de agresiones en contra de mucha gente que pertenece a diversas organizaciones de la región", acusó.