A PLENO ZOCALO

José Agustín Ortiz Pinchetti

Tráfico de influencias

EL INFLUYENTISMO O tráfico de influencias ha ganado nuevamente la atención pública a raíz de la denuncia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El fenómeno es viejo, lo novedoso radica en que una autoridad se manifieste con tal vehemencia en su contra y ejerza un control directo para impedir estas prácticas en contra del gobierno y del pueblo de la Capital.

EL INFLUYENTISMO HA sido una enfermedad congénita en México. Desde los albores de la Colonia tenemos noticias de "cochupos". Baste recordar el matrimonio entre un lugarteniente y La Malinche, unión que sirvió de parapeto a la tórrida relación entre Cortés (el Conquistador y Santo Patrono de los influyentes) y Doña Marina. La gratificación por el favor consistió en otorgar el Ayuntamiento de Veracruz al hombre-tapadera, maniobra no prohibida ni por la ley ni por la conciencia del conquistador.

EL TRAFICO DE influencias, guiado por el afán de lograr beneficios personales en términos económicos o de poder personal, ha sido practicado indistintamente por funcionarios públicos sin distingo de ideología, profesión o posición social, predominando en todos los casos la falta de escrúpulos, el cinismo y la codicia.

LAS CONSECUENCIAS QUE generan estas conductas son netamente destructivas: violación del marco legal, quebranto de la secrecía de la información privilegiada a la que se tiene acceso, traición al entretejido institucional y a los intereses de la población representada.

LA LEGISLACION VIGENTE, que tipifica desde 1983 el delito de "tráfico de influencias y busca sancionar el uso del cargo de servidor público "para inducir, promover o gestionar cualquier tramitación o resolución ilícitas de algún negocio público" y dispone que "el servidor público que por sí o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución...que produzca beneficios económicos para sí. Sin embargo, la legislación es imperfecta. El articulado tiene imprecisiones, en absoluto inocentes o casuales. Además existe la impunidad de facto: muchos funcionarios encubren las rapiñas de sus colegas para proteger las propias.

UNA REFORMA RESULTA urgente. Se debería mejorar la tipificación del delito, autorizar investigaciones de los fondos bancarios de los funcionarios públicos, obligar a todos a trasparentar su situación patrimonial definir con claridad las infracciones y el régimen de responsabilidad de los servidores públicos. Tampoco estaría demás que el Congreso emitiera un código ético que rigiera a todos los funcionarios públicos empezando por los legisladores, como es el caso de Estados Unidos y algunos países europeos.

ESTE CODIGO DEBERIA contemplar principios generales, el tipo de actividades y percepciones que pueden realizar y recibir los funcionarios fuera del sector público, sus derechos y obligaciones, sus límites de participación en organismos no oficiales y la publicación de los estados patrimoniales reales incluyendo aquellos registrados más allá de las fronteras nacionales.

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