Compromisos adquiridos con dueños de ese tipo de negocios y hoteleros desató la pugna

Conflicto de intereses entre priístas frenó la ley de juegos con apuestas

Los panistas habrían recibido la orden de dejar que se "hicieran trizas"; el PRD, "no" a casinos

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ / I

Los intereses de diputados y dirigentes priístas hicieron naufragar el proyecto de dictamen de la ley federal de juegos con apuestas y sorteos. Involucrados algunos con empresarios hoteleros que desean la instalación de casinos en México, y comprometidos otros con los propietarios de centros de juego y apuestas ya establecidos -sports books y yaks-, cuyos negocios se verían afectados si se da la autorización, los legisladores del PRI y los miembros del Comité Ejecutivo optaron por no confrontarse más y votar, por orden de Roberto Madrazo, contra los casinos.

El 13 de diciembre de 2002, el pleno de la Cámara de Diputados dio entrada, en primera lectura, al proyecto de dictamen de la ley federal de juegos con apuestas y sorteos, elaborada por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Desde entonces comenzaron las contradicciones entre priístas, panistas y perredistas.

A la iniciativa se le borró, en esa fecha, el capítulo donde se autorizaba la apertura de casinos en México. El acuerdo entre los integrantes de la comisión fue tácito, pero no modificaron el resto de la estructura del documento y dejaron abierta la posibilidad para que, mediante un decreto del Ejecutivo, se designe una comisión cuyo titular, nombrado por el Presidente, autorice ese tipo de establecimientos en México.

Ahí surgió el diferendo entre priístas, panistas y perredistas. Pero la rebatiña de los legisladores del PRI fue más que evidente y terminó en una abierta confrontación entre dos grupos.

El primero, encabezado por Antonio Hernández Fraguas, integrante de la Comisión de Gobernación y autor -junto con el presidente de la Cámara, el panista Armando Salinas Torre- del dictamen que se encuentra en la mesa directiva, donde se disfraza la autorización de casinos.

El otro, por el notario público priísta Salvador Cosío, quien abiertamente da cuenta de las "ventajas" de abrir esos centros de apuesta, sobre todo en Puerto Vallarta, donde "desde hace tres años no ha habido inversión pública, y con ello podríamos destinar 30 millones de dólares al municipio. Es tan importante para nosotros, que ya una empresa de Quebec, operadora del casino de Montecarlo, trabaja en ese puerto turístico".

Frente a esta situación y aunque los panistas insisten en decir no a la instalación de casinos, aprobaron en la Comisión de Gobernación el dictamen en el cual sí se permiten subrepticiamente -como se explica más adelante-, y han evadido entrar en esta disputa, e incluso desde la Secretaría de Gobernación recibieron la orden de "dejar que los priístas se hagan trizas".

El PRD también ha procurado no intervenir en el debate que ha agriado a los priístas, y su posición hasta este fin de semana era un "no rotundo" a los casinos.

El perredismo anticipó su voto en contra, si es que el dictamen que la Comisión de Turismo -que pudiera modificar el de la Comisión de Gobernación, que ya pasó la primera lectura- debe presentar antes del viernes próximo abre cualquier resquicio a los juegos practicados en los casinos.

"No permitiremos que se incluya el tema de los casinos en la ley de juegos y sorteos, ni en la ley reglamentaria que elabore la comisión especial nombrada por el Ejecutivo federal", declaró el coordinador de la bancada perredista, Martí Batres Guadarrama.

Cambio de señales

Desde febrero de 1999, en la Comisión Permanente de la 57 Legislatura, el diputado priísta Isaías González Cuevas presentó la iniciativa de ley federal de juegos con apuestas, sorteos y casinos. La presidencia de la Permanente turnó el documento a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Turismo.

Los legisladores de ambas integraron un grupo de trabajo y formularon un proyecto de dictamen de una "nueva ley de juegos y sorteos", producto de una encuesta nacional, foros y reuniones, en los cuales participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, de asociaciones religiosas y educativas, así como representantes del sector empresarial y de la sociedad civil.

El nuevo proyecto de dictamen proponía establecer una autoridad reguladora mediante una comisión nacional, integrada por funcionarios públicos, pero con mayoría de representación ciudadana. Consideró necesario definir reglas claras para la operación de hipódromos, galgódromos y palenques, así como salas de juego de números y centros de apuestas remotas.

También planteó autorizar la instalación y operación de casinos "de alto nivel, equiparables a las condiciones de exclusividad, organización y seguridad con las que se desarrollan los establecimientos de ese tipo en destinos turísticos internacionales, y prohibir la operación de máquinas tragamonedas fuera de esos centros".

Sin embargo, la discusión de ese dictamen se postergó, y tres años después, el 13 de diciembre de 2002, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó unilateralmente y sin la participación de la de Turismo, un proyecto distinto al original, porque el capítulo de casinos fue borrado, con la salvedad de permitir centros de juego temporales en ferias municipales y regionales, y dando pie a regularizar los establecimientos de juego de números y apuestas remotas que existen en el país.

Además, en el dictamen que se encuentra en la mesa directiva se propone una comisión nacional de juegos y sorteos, encabezada por un funcionario designado desde Los Pinos, con facultad amplia y discrecional para decidir y administrar los temas importantes y delicados en la materia, con lo cual se restringe la participación de la ciudadanía.

El propósito de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública era modificar el dictamen para regular las apuestas y juegos en la clandestinidad. El principal argumento de los opositores a esa disposición se fundamentó en que habría que regular, entonces, el tráfico y consumo de drogas y la prostitución, que también se practican fuera de la ley.

No obstante, en el fondo de la discusión para unos se encuentra la afectación de los intereses económicos de los actuales propietarios de casas de juego, como los books y yaks, que operan incluso en centros comerciales. En el otro extremo impera el criterio de autorizar los casinos como panacea del desarrollo de centros turísticos en el país, de creación de empleos y captación de divisas. Quienes respaldan esta posición aseguran que los casinos son "causa de interés público", aunque no se han hecho cálculos precisos sobre los beneficios que, dicen, acarrearían.

La agudización del enredo legislativo coincidió con el inicio del último periodo de sesiones de la actual legislatura en San Lázaro. En la fracción del PRI surgieron los reclamos entre los diputados que se comprometieron tanto con los empresarios que manejan los yaks para no permitir casinos -se habla de Ramón Aguirre e hijos, así como de la familia Hank Rhon, entre muchos otros-, como con aquellos interesados en que sí se instalen. Entre ellos se menciona al mismo Salvador Cosío Gaona, hijo del defenestrado ex gobernador jalisciense Guillermo Cosío Vidaurri.

Entonces, los priístas ya no pudieron ocultar su división. Un grupo de ellos, encabezado por Rafael Rodríguez Barrera, comenzó a operar para que el dictamen de Gobernación regresara a comisiones, porque, advirtieron, se había trastocado el reglamento interno del Poder Legislativo, pues no se respetó el acuerdo inicial para que las comisiones de Gobernación y Turismo dictaminaran en conjunto.

Además, el 13 de marzo pasado la Comisión de Gobernación modificó los artículos 17, 22, 23, 26, 36, 94, 96 y 107 del dictamen al que se le dio primera lectura en la sesión plenaria del 13 de diciembre de 2002, en lo que fue considerado un albazo. Esa situación fue acompañada de una carta firmada por 19 de los 30 diputados que conforman la Comisión de Turismo, dirigida al presidente de la Cámara, Armando Salinas Torre, en la que manifiestan "adecuado" el dictamen modificado por la de Gobernación y Seguridad Pública, que autoriza "la apertura de establecimientos cuyo giro es el juego con apuestas y sorteos".

Ese documento, avalado entre otros por tres diputados del PRI, fue el punto nodal para que la fracción parlamentaria de ese partido la emprendiera contra el dictamen de la Comisión de Gobernación que aguarda ya la segunda lectura, y su consecuente discusión y aprobación. Salvador Cosío fue el encargado de someter al pleno de la Cámara una excitativa para que Salinas Torre solicitara al presidente de la Comisión de Turismo, Jaime Larrazábal, emitir su propio dictamen sobre dicha iniciativa de ley.

A regañadientes, el panista aceptó la solicitud del priísta y dio como fecha límite a la Comisión de Turismo el 25 de este mes. Aún así, el martes pasado Armando Salinas incluyó en el orden del día de la sesión el tema de la ley de juegos y sorteos, a partir del dictamen de Gobernación. El panista tomó la carta de los 19 legisladores como un "aval" para sacar adelante el dictamen ese mismo día.

En respuesta, los priístas se reunieron la tarde del martes en la oficina de Rodríguez Barrera y determinaron votar en contra de cualquier dictamen de ley de juegos y sorteos.

Una noche antes, Roberto Madrazo habló con el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, para advertirle que su partido rechazará ese proyecto de legislación.