Agricultura familiar en un mundo globalizado

América Latina vive hoy un clima de crispación social y de polarización. En el ámbito rural, los cambios tecnológicos que el mundo ha experimentado durante el pasado medio siglo han llevado a la agricultura de nuestra región hacia dos extremos opuestos. Tenemos hoy, por un lado, una agricultura moderna, rentable y mecanizada que utiliza agroquímicos y semillas de alto rendimiento, mientras que, por el otro, una agricultura de subsistencia se debate en la sobrevivencia, la exclusión, la pobreza y el hambre.

Nuestra región -pionera en los cambios estructurales- presenta la peor distribución del ingreso. Las transformaciones políticas hicieron de esta parte del mundo, dominada hasta hace poco por regímenes militares o autoritarios, un espacio de esperanza, gracias a los nuevos vientos frescos de la democracia. Como en ninguna otra parte creímos ver cumplido en los hechos ese gran desideratum ético y político de combinar libertad individual con bienestar y crecimiento con equidad. Pero estos mismos cambios generaron tales expectativas entre los pueblos de la región que sólo hoy se comienza a reconocer el valor inmenso de esa virtud tan poco practicada como es la moderación -en el lenguaje, en los propósitos y en las ofertas políticas-, de cuya ausencia hoy nos lamentamos todos.

América Latina vive hoy un clima de conflicto. Protestas sociales surgen a lo largo y a lo ancho de la región, tanto para cambiar la correlación de fuerzas como para aumentar la capacidad negociadora de ciertos actores sociales.

Desde la ceguera autoritaria, esto puede ser considerado como una confabulación en pro de oscuros intereses, pero mal haríamos en ceder frente a visiones como éstas y perder de vista que la movilización social puede ser alentada por mecanismos que faciliten la innovación y la experimentación canalizando el impulso social a partir de acuerdos mutuos basados en una ética de la responsabilidad.

Justo en estas coyunturas es decisivo establecer un vínculo fuerte entre un marco legal sólido y claro e instituciones formales e informales que desempeñen un papel importante en la solución de conflictos. Este puente puede garantizar la transformación de las protestas y conflictos sociales en innovación y experimentación para encontrar soluciones. Es lo que en el documento denomino movilización social como medio de producción.

Las actuales tendencias en las dimensiones económicas, políticas y sociales han llevado a una nueva concepción de la seguridad alimentaria. Sabemos que este problema mundial no es estrictamente un asunto técnico, sino también de capacidad de compra para acceder a los alimentos. En América Latina, por ejemplo, existen casi 54 millones de personas que sufren hambre y desnutrición. En este espacio y en el más genérico del desarrollo rural, la piedra angular de una estrategia efectiva es la incorporación de todos los actores sociales -campesinos, agricultores familiares, poblaciones indígenas, mujeres, agricultores comerciales, empresarios agroindustriales, inversionistas, etcétera- dentro del ámbito de los acuerdos institucionales.

En esta visión actualizada de la seguridad alimentaria, concebida como un derecho de los ciudadanos, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de las familias para acceder a los alimentos, la unidad de referencia deja de ser la finca y pasa a ser la familia rural. Esto genera una visión más integrada, orientada a lograr un impacto sobre el nivel de bienestar de las personas más que sólo un incremento en la producción o en la productividad agrícola.

Es claro que toda política de seguridad alimentaria que hace del derecho de alimentación su principal eje discursivo requiere una clara definición de la población vulnerable, tales como los campesinos sin tierra, los pequeños agricultores, las familias campesinas, poblaciones indígenas, mujeres, niños y pobladores de zonas periurbanas.

Sin embargo, la localización de la población vulnerable no es en sí misma garantía de que será incorporada en los programas y proyectos de seguridad alimentaria. Se requiere un vínculo estructural entre esta población (generalmente desprovista de voz y de capacidad de presión) y las diversas instancias encargadas de impulsar intervenciones públicas, pues sin él ese vacío se llenará mediante clientelismo político u otras formas perversas de intervención.

La familia rural tiene la posibilidad de transmitir a las instituciones públicas las demandas y necesidades relacionadas con su seguridad alimentaria, además de ejercer un control social sobre las instituciones, garantizando su transparencia y el acceso a la información. Por ello, la dinamización de las agriculturas familiares o más propiamente de las economías familiares puede ser un factor clave para combatir el hambre en el medio rural y para generar una base productiva desde la cual afrontar los grandes retos estructurales: el combate a la pobreza y a la desigualdad.

Dar a las políticas públicas de combate al hambre un enfoque de derechos permite sacarlas del terreno de la caridad asistencial y hacerlas menos vulnerables a los vaivenes políticos para hacerlas exigibles por la vía jurídica y sometidas a instancias de escrutinio y arbitraje internacional.

En esta tendencia existe una creciente preocupación en la sociedad civil y varios gobiernos para definir mejor los alcances del derecho a la alimentación y crear instrumentos concretos para mejorar su aplicación. Al respecto, vale la pena hacer mención de la propuesta apoyada por cerca de 800 organizaciones no gubernamentales en todo el mundo y por algunos gobiernos como los de Cuba, Venezuela, Chile, Alemania, Noruega y Suiza, y presentada durante el foro paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación para crear un código de conducta internacional para el derecho a la alimentación.

En el plano de las negociaciones comerciales el derecho a la alimentación puede ofrecer un marco mediante el cual los países en desarrollo logren un trato especial y diferenciado que tome en cuenta las características de sus sectores agrícolas, con el propósito de proteger y aumentar la producción doméstica de alimentos, especialmente de primera necesidad, como se avanzó, aunque no lo suficiente, con los acuerdos sobre agricultura de la ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT).

En el ámbito de las intervenciones domésticas es necesario partir de la constatación que la dispersión de instrumentos daña a los productores rurales -especialmente a los pequeños-, genera costos ineficientes, propicia la corrupción y promueve la disputa entre burocracias estatales. También la discontinuidad de los programas encarece los costos de su puesta en marcha. Por ello, nunca estará de más insistir en que más allá del monto de los recursos públicos destinados al medio rural mucho importa la forma en que éstos se canalizan.

Una política de ingresos rurales -cuya continuidad sea garantizada por la ley y pueda ser periódicamente revisable- puede convertirse en el núcleo de un programa unificado de apoyo a la agricultura familiar. En algunos países las transferencias directas en efectivo -desacopladas de productos específicos y focalizadas al reforzamiento de los ingresos rurales- han sido la base para diferentes intervenciones, tomando en cuenta las características de los productores y sus estrategias productivas, los desequilibrios regionales y la adaptación a la apertura comercial. Estas intervenciones deben favorecer el multioficio en el campo y las reconversiones no sólo en el ámbito de la finca sino también de las actividades de la familia rural. Señalo solo algunas de éstas:

-La promoción del asociativismo voluntario de los grupos rurales con el objetivo de que puedan estructurar organizaciones capaces de mantener en el tiempo los logros iniciales de estos programas de apoyo al ingreso y vincularlo con nuevas formas de asistencia técnica a los habitantes rurales y no sólo a los productores rurales. Ello implica favorecer también en este ámbito la transferencia tecnológica de conocimientos y de información a la familia rural en su carácter de unidad multifuncional, a partir de un programa para la distribución y transferencia masiva de habilidades y conocimientos.

-Un sistema de financiamiento rural que movilice el ahorro dentro del contexto de la agricultura familiar y ponga mayor énfasis en la formación de capital.

-Una política de infraestructura que se oriente a aumentar considerablemente la pequeña infraestructura productiva, así como infraestructura comercial del ámbito territorial, tomando en cuenta los vínculos entre las actividades rurales, agrícolas y no agrícolas.

-Políticas equitativas y sostenibles de acceso a los recursos naturales necesarios para sostener medios de vida adecuados a las poblaciones rurales de la región, incluyendo entre éstas, según sea el caso, reformas agrarias y otros mecanismos de acceso a la tierra.

Si lo anterior puede concebirse como parte de un proyecto modernizador del medio rural conviene recordar que las transformaciones también generan disrupciones sociales. La necesidad del cambio obliga, simultáneamente, a reconocer que éste no empieza de cero ni es posible hacer una tabla rasa. Respetar la necesidad de cierta continuidad es también reconocer que los procesos históricos nos proveen de herencias y estructuras de entendimiento que proporcionan puntos de partida y establecen restricciones.

No se trata de simular cambios para que no cambie nada, sino de reconocer que éstos no ocurren en el vacío, que son producto de un determinado itinerario social que abreva en los legados históricos de la humanidad. Reconocer los momentos signados por el espíritu del cambio es obligación del Estado y de la sociedad. La buena gobernabilidad obliga a marcar el ritmo del cambio.

Dos lecciones se nos imponen como evidencias para orientarnos en estos momentos de tensión: la primera es que la gente -el pueblo, los ciudadanos- se opondrá a cualquier transformación que pretenda realizarse sin ellos o al margen de ellos; la segunda es que el cambio al que aspiran esos mismos pueblos busca bienestar, aunque clama por su identidad. Los ciudadanos del mundo también lo quieren ser de su localidad, de su pueblo o de su barrio.

* Resumen de una presentación realizada durante la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo en Milán, Italia, el 21 de marzo de 2003