La perredista Petra Santos exige a la mesa directiva
fijar fecha para sesión secreta
Insisten 200 diputados en cobrar bono de marcha por
un millón 250 mil pesos
En diciembre amagaron con no votar el Presupuesto
de Egresos, que finalmente se aprobó
Si no tuviéramos intereses económicos
renunciaríamos, expresó entonces la legisladora
CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO
Dos meses después de amenazar con tomar la tribuna
y boicotear la aprobación del Presupuesto de Egresos 2003, un grupo
de "más de 200 diputados" demandó nuevamente el pasado 10
de febrero una sesión secreta para tratar los mismos temas de entonces:
la transparencia en el manejo de los recursos de la Cámara de Diputados
y un bono de marcha por un millón 250 mil pesos para cada uno de
los 500 legisladores.
En una carta dirigida al presidente de la mesa directiva,
el perredista Eric Villanueva Mukul, su compañera de bancada, Petra
Santos Ortiz, en nombre de dos centenares de diputados le exigió
de la manera más atenta fijar "un día y hora para esta reunión,
y dar salida de esta manera a la inconformidad que priva en más
de la mitad de los diputados de la actual Legislatura".
Un
párrafo antes, Santos Ortiz hace referencia a la misma demanda,
formulada el 3 de diciembre de 2002, en la que 200 diputados pidieron a
la entonces presidenta de la Mesa Directiva -la priísta Beatriz
Paredes Rangel- una reunión secreta "para discutir un conjunto de
problemas que nos afecta y que cuestionan severamente las actividades de
la actual Legislatura".
Para el 15 de diciembre el enojo de los diputados era
tal que hubo necesidad de abrir un receso en la sesión, ante la
amenaza de un grupo de legisladores de no votar el Presupuesto de Egresos.
En las oficinas de la Junta de Coordinación Política los
inconformes reivindicaron sus intereses políticos y económicos.
Informaron que el mandato de la comisión que encabezaban era exigirles
a los coordinadores un millón 250 mil pesos para cada diputado,"aunque
nos salgan con que los pobres, con que la Patria, que México, que
esto y lo otro", pues la demanda "no era negociable".
A gritos, los integrantes del grupo que representa a los
diputados "en la lucha por el bono" se arrebataban la palabra esa tarde
del 15 de diciembre. Le recordaron a sus coordinadores que tenían
ese cargo "por el voto de todos", y sin empacho les soltaron: "no es cierto
que seamos tan puros ni de manos tan limpias, nadie de los que estamos
aquí puede aventar la primera piedra".
La franqueza con la que se habló esa tarde no era
casual. Los diputados habían hecho el compromiso de no hablar con
la prensa, incluso les informaron a los coordinadores que ya se habían
puesto de acuerdo "para saber qué decirle a los medios" en caso
de que la presión "fuera muy fuerte", y lo cumplieron. En una conferencia
de prensa, llegaron a mentir sobre sus propósitos, y cuando se les
interrogó sobre la exigencia de un bono, lo negaron sin rubor.
La demanda de transparentar el manejo del dinero de la
cámara no es nueva; tiene su origen en el manejo discrecional de
los recursos que, acusan, se da en algunas de las bancadas, así
como los salarios que perciben los funcionarios en San Lázaro, muchos
de ellos superiores hasta en cuatro veces al de un diputado. Cada vez que
los legisladores han pedido información sobre el manejo de los recursos,
las puertas se cierran y nada trasciende. Incluso la auditoría que
los propios coordinadores de bancadas ordenaron en diciembre a toda la
Legislatura, no ha podido iniciar.
Transparencia y silencio
Ese 15 de diciembre, mientras el salón de plenos
estaba vacío por el receso que impusieron las presiones de los diputados
para obtener transparencia y bono de marcha, más de 300 legisladores
se encontraban en uno de los auditorios de San Lázaro. Se trataba
de una más de las reuniones que con el mayor sigilo habían
llevado a cabo para evitar que sus demandas trascendieran a la prensa.
Desde ahí salió, luego de un debate de hora y media, la comisión
para encontrarse con los coordinadores y plantear la demanda puntual.
Ya en las oficinas de la Junta de Coordinación
Política, los representantes, en una primera y cordial intervención,
hicieron el planteamiento: aclarar el ejercicio de los recursos en la cámara
y dotar a esta instancia de los recursos presupuestales necesarios "para
que pueda cumplir con su cometido", en el que se incluye el bono de marcha
por un millón 250 mil pesos.
Comedida, pero firme, la priísta Patricia Aguilar
informó a la Junta de Coordinación Política que la
demanda del bono y de la transparencia en los recursos era producto de
al menos 13 reuniones entre los diputados; 12 de ellas tuvieron lugar el
14 de diciembre. Mencionó que en diversas ocasiones se exigió
al personal administrativo de la cámara un informe sobre las finanzas,
pero éstos se negaron argumentando que la decisión de abrir
esos archivos correspondía a los coordinadores.
"Hemos cuidado al máximo, y esto tiene que quedar
muy claro, cualquier filtración a la prensa, por los diputados que
hemos estado en esto. De ninguna manera ha salido ni una palabra a los
medios. Incluso nos pusimos de acuerdo para, en momento dado que la presión
de la prensa fuera muy fuerte, saber que íbamos a decir (...) podemos
decir que lo único que estamos haciendo es pedir transparencia",
enfatizó la priísta, antes de advertir que debían
darles una respuesta de inmediato, "para informar a los más de 300
diputados" que aguardaban en el auditorio.
El vicepresidente de la Mesa Directiva, el panista Bernardo
Borbón Vilches, siguió haciendo uso de la palabra, y de entrada
reconoció la "inquietud" que por la transparencia y el bono había
surgido entre sus compañeros de bancada, pero se apresuró
a deslindar a su partido de la amenaza de boicotear la sesión: "nos
desligamos del entorpecimiento de la sesión", dijo.
-Yo tengo una pregunta (intervino entonces el presidente
de la Junta de Coordinación Política, el perredista Martí
Batres), ¿por qué plantean ampliar el presupuesto de la cámara?,
inquirió dirigiéndose a los diputados que ostentaban la representación
de los inconformes.
Hubo consenso multipartidista
En medio de las muchas voces que se escucharon una insistió
en que la Junta de Coordinación Política tendría que
hacer una definición interna para asegurar a los 500 diputados el
millón 250 mil pesos, "que fue el acuerdo tomado en el seno de este
grupo plural, y cuando digo todos los diputados, hablo de Acción
Nacional, del PRD, el PRI, el Verde, el PT, el PAS y la Sociedad Nacionalista".
-Preguntaría a los coordinadores si quieren que
comentemos algo con los compañeros o si prefieren que podamos deliberar
nosotros sobre estos planteamientos, interrogó Batres Guadarrama,
para tratar de encauzar una discusión ya con tintes de violencia.
-Yo considero que venir con ustedes no era para que nos
escucharan y luego a ver qué pasaba, interrumpió la perredista
Petra Santos Ortiz, para decir entonces que ninguno de los coordinadores
era ajeno a las inquietudes, además de que en un informe de la cámara
del mes de octubre de 2002 se informaba de un "remanente muy fuerte", y
para diciembre "de un déficit de 12.5 millones de pesos (...) eso
nos parece muy fuera de la realidad", reclamó, mientras otras voces
demandaban la sesión secreta para discutir este y otros temas administrativos.
Cuando el entonces coordinador del PAN, Felipe Calderón,
iniciaba su intervención señalando su apoyo a la demanda
de transparencia pero su rechazo al bono, los ánimos se desbordaron
y nuevamente Petra Santos intervino para exigir hora y fecha para la sesión
secreta, e insistir que no es motivo de "vergüenza" pedir transparencia
y bono.
No importa ni la Patria ni el qué dirán
"De los compañeros que representamos hay un acuerdo
de que sea de un millón 250 mil pesos. Nos van a salir con que la
Patria, que México, que los pobres, que esto, que lo otro. Ya lo
discutimos todo, ya hemos tenido muchas reuniones con los grupos que han
estado participando y nos dijeron que esto no era negociación ni
nosotros veníamos con facultad para negociar. ¡No importa
que me critiquen de que soy rapiña, que soy esto, que soy lo otro,
todos tenemos intereses políticos, y si no tuviéramos intereses
económicos, también renunciaríamos a nuestros puestos,
esa es la realidad!", dijo la perredista.
El petista Víctor Antonio García Dávila
intervino entonces para enfatizar que la Legislatura 58 ha sido una de
las más productivas, y que como cualquier otro funcionario merece
"una salida digna. ¡Quiero que sepa la junta que los compañeros
han planteado que si no hay respuesta a una hora determinada no se va a
votar el presupuesto!", amenazó nuevamente.
Francisco Agundis Arias, del PVEM, respondió casi
a botepronto que los de su partido no condicionarían la aprobación
del presupuesto, y apelaron a la responsabilidad legislativa, pero Norma
Patricia Riojas Santana, del PSN, reviró y dijo que los diputados
"estamos pidiendo algo
justo; todo mundo necesita el reconocimiento, también
económico".
Las intervenciones siguieron por más de media hora.
Los inconformes exigieron en tono cada vez más amenazante un "reconocimiento
al esfuerzo desarrollado", y los coordinadores de PAN, PRD y PVEM (Bernardo
de la Garza), respondían una y otra vez que la exigencia de recursos
adicionales era "indignante". En varias ocasiones el coordinador del PRI,
Rafael Rodríguez Barrera intentó, como el resto de los coordinadores,
salvar la sesión y aprobar el presupuesto.
Dijo incluso que para el asunto del bono podría
haber respuesta, "quizá no en el monto que quieren", y pidió
tiempo para discutirlo, pero los ánimos se calentaron aún
más, y a gritos los inconformes seguían demandando su bono.
Casi 45 minutos después de haberse iniciado esta reunión,
el perredista Martí Batres reiteró su disposición,
como el resto de los coordinadores, a realizar la sesión secreta,
"pero en el salón de plenos, como ordena el reglamento", y no fuera
de la cámara, como pretendían los firmantes, además
de que insistieron en reprobar el bono.
"Sobre este asunto de la sesión, compañeros,
yo terminando esta reunión me bajaré a la sesión,
y supongo que todos los compañeros irán a cumplir con su
obligación de ir a la sesión, y se los digo con toda sinceridad:
quien no lo haga será de su estricta responsabilidad, cada quien
responde por sus propios actos. Así que si alguien no va y argumenta
que no va porque no se han aprobado los planteamientos que han hecho en
este momento, pues así lo tendrá que decir y punto", dijo
el perredista.
Al final el Presupuesto de Egresos 2003 se aprobó
en la madrugada del 16 de diciembre. Nadie faltó a la sesión,
pero dos meses después los diputados vuelven por sus fueros y amenazan
nuevamente con exigir el bono de marcha.