Colocaron a mujeres y niños como escudos para impedir la acción policial

Taxistas bloquean la avenida 20 de Noviembre durante dos horas

Por su parte, miembros de la Asamblea de Barrios tomaron oficinas de la ALDF en el Zócalo

Miembros de la Cooperativa Central de Autos de Alquiler Juan Hernández, que exigen el emplacamiento de taxis irregulares, protestaron ayer estacionando en la explanada del Zócalo 80 vehículos y bloquearon la avenida 20 de Noviembre durante dos horas, hasta que fueron desalojados por granaderos.

Los transportistas, para tratar de impedir la acción policial, colocaron una valla de mujeres y niños, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) amagó con presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), pero luego rectificó y la envió como "exhorto", pues dicho organismo sólo está facultado para investigar presuntas violaciones cometidas por servidores públicos.

Por su parte, integrantes de la Asamblea de Barrios ingresaron de manera violenta a las oficinas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en el Zócalo, e impidieron la entrada y salida de diputados y trabajadores por más de dos horas, en demanda de incremento al presupuesto en el rubro de vivienda.

Los integrantes de la Asamblea de Barrios comenzaron a concentrarse alrededor de las 11 horas frente a las oficinas de la ALDF, y luego lograron sorprender al personal de vigilancia e ingresar en grupo. Una vez adentro exigían ver al diputado perredista Adolfo López Villanueva, presidente de la Comisión de Vivienda, e inclusive fueron a buscarlo a su oficina.

"Dice su secretaria que sólo lo conoce en fotografía, porque López Villanueva está en Iztapalapa invadiendo predios", señalaron los quejosos. Mientras, la presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Patricia Garduño, instruía a sus colaboradores a buscar de inmediato un acercamiento con los manifestantes para que a la brevedad permitieran el acceso.

Después de muchos intentos se logró convencer a los inconformes de nombrar una comisión que se reuniera con diputados. Los atendió el priísta Edmundo Delgado, quien se comprometió a buscar que la Comisión de Vivienda los reciba la próxima semana para analizar su situación.

Unos 30 minutos antes, alrededor de cien afiliados a la Central de Autos de Alquiler Juan Hernández, acompañados de mujeres y niños, se manifestaron en el Zócalo para exigir a las autoridades capitalinas la regularización de sus unidades, la suspensión de los operativos contra taxis piratas y la devolución de vehículos remitidos al corralón. Mencionaron que han ganado dos veces un juicio -el último en 1999- que les permite circular sin placas o con láminas particulares, dado que cuentan con un derecho adquirido desde anteriores administraciones y "lo único que buscamos es ganar el sustento de nuestras familias sin incurrir en la comisión de ilícitos, como otros lo han hecho por la falta de oportunidades laborales".

La directora de Concertación Social del Gobierno del Distrito Federal, Rosa Icela Rodríguez, les ofreció instalar mesas de negociación para atender los 500 casos que presentaron, pero lo rechazaron con el argumento de que "sólo nos quieren dar atole con el dedo, pues ni el propio secretario de Transporte, Francisco Garduño, ha accedido a atendernos, y en su lugar ha iniciado una cacería de nuestras unidades", indicó Raúl Badillo, abogado de la agrupación.

Tras los intentos fallidos de negociación, los inconformes bloquearon la avenida 20 de Noviembre durante más de dos horas. Los granaderos no actuaron de inmediato porque al frente de los taxistas había mujeres y niños colocados como escudos, con cartulinas donde expresaban sus demandas.

Sin embargo la trifulca se produjo y fueron detenidos el dirigente de la asociación, Juan Hernández Sánchez, así como sus hijos Juan José y Juan Carlos Hernández Estrada.

Por la noche, el subsecretario de Apoyo Institucional y Policías Complementarias de la SSP, Gabriel Regino, acudió a la CDHDF con un escrito; personal del organismo no daba crédito a la intención de la dependencia de presentar una queja contra particulares por haber usado a los menores como escudo. La policía capitalina rectificó y terminó presentando un exhorto para que la CDHDF "coadyuve en la investigación para determinar quién o quiénes ordenaron que los menores se emplearan de esta manera, para proceder en su contra ante las autoridades correspondientes".

El documento sólo se recibió para conocimiento del ombudsman, pues se explicó al funcionario de la SSP que la CDHDF sólo es competente para conocer quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de ciudadanos, imputadas a autoridades o servidores públicos. GABRIELA ROMERO, RAUL LLANOS, LAURA GOMEZ Y ANGEL BOLAÑOS