Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 25 de febrero de 2003
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Mundo
Declaran periodistas detenidos; no les permitieron que estuvieran sus abogados

Ordena juez congelar e investigar cuentas bancarias del periódico en vasco Egunkaria

Exigen los trabajadores del rotativo al gobierno de Euskadi un "compromiso real"

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 24 de febrero. Juan del Olmo, juez de la Audiencia Nacional de España que decidió el pasado jueves el cierre del diario vasco Egunkaria (Día a día), ordenó hoy congelar e investigar todas las cuentas bancarias, activos y pasivos que "posean o hayan poseído" las empresas editoras del rotativo.

Además el magistrado comenzó a tomar declaración este lunes a los 10 altos responsables del periódico detenidos en el operativo policiaco de cierre, a excepción de Pello Zubiría, ex director del diario, quien debió ser hospitalizado de urgencia pero continúa incomunicado.

El pasado jueves unos 300 agentes de la Guardia Civil española precintaron y registraron las cuatro sedes del único diario escrito íntegramente en euskera y detuvieron a 10 directivos, entre ellos el director, Martxelo Otamendi, a quienes acusaron de "pertenecer a la organización terrorista ETA".

Los detenidos habían permanecido en dependencias judiciales, pero finalmente hoy, más de 72 horas después de la aprehensión, el juez Del Olmo empezó a tomar declaración a los periodistas. Sin embargo, hasta las 19 horas locales sólo habían comparecido tres de los 10 detenidos, a quienes se negó la presencia de sus abogado durante la diligencia.

El cierre del rotativo provocó la indignación de miles de personas en Euskadi y de instituciones públicas, partidos políticos y organizaciones civiles, que han considerado la medida de propia de "un Estado totalitario", que vulnera "derechos fundamentales" y atenta contra la cultura vasca.

A pesar de las críticas el juez Del Olmo dio un paso más y ordenó "investigar los movimientos de las cuentas, activos y pasivos bancarios que posean o hayan poseído las sociedades vinculadas al diario y a las personas detenidas a raíz de su clausura desde enero de 1990, fecha de la fundación del periódico".

La Guardia Civil solicitó la práctica de estas diligencias al magistrado, "con la finalidad de que no puedan evadirse los bienes procedentes del delito", al sostener que el rotativo y sus directivos habrían incurrido en el delito de "pertenecer" o "colaborar" con la organización armada.

Del Olmo accedió a estas peticiones, por lo que envió oficios para recabar la información requerida a la Caja Laboral Popular, la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Estas entidades deben proceder al bloqueo "inmediato" de los activos existentes en las cuentas y de las cajas de seguridad para comunicar a la Guardia Civil el importe de las cantidades congeladas.

El juez también requiere a los directores generales de las Haciendas Forales de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava "todos los datos que dispongan en sus bases desde el primero de enero de 1990 hasta la actualidad de las empresas Egunkaria SA, Egunkaria Sortzen SL y Egunkaria Sortzen Kultur Elkartea". La prohibición se extiende al traspaso o enajenación de los vehículos de su propiedad y el acceso a las páginas de Internet.

Entre tanto, Pello Zubiría, quien fuera el primer director del rotativo y actualmente fungía como director adjunto de la revista Argia, tuvo que ser ingresado en el hospital Gregoria Marañón de Madrid, pero la única información que se dio es que "está vivo", señalaron los familiares del periodista.

Según información difundida por la conservadora Cadena Cope, el detenido habría intentado suicidarse en la celda de la prisión ahorcándose con la funda de la almohada. Añade que presentaba un "cuadro clínico depresivo y esquizofrénico". Pero la esposa del detenido había informado al momento del arresto a los guardias civiles que su esposo padece una enfermedad "crónica e irreversible".

Uno de los abogados de los detenidos, Iñigo Iruín, solicitó al magistrado un habeas corpus, en el que exige la inmediata liberación de Zubiría y el levantamiento de su incomunicación, en atención a su estado de salud.

En la víspera, los trabajadores de Egunkaria manifestaron que para que el diario vuelva a salir "es preciso algo más que palabras y respaldo. Ha llegado la hora de los compromisos" de las autoridades del gobierno regional vasco, que subvenciona al diario, el cual nunca había sido sospechoso de compartir posiciones con ETA.

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