Atendidas totalmente, cerca de la mitad (876); parcialmente, 880, y nada, 20

Aún no se cumplen recomendaciones relativas a la Cuenta Pública de 2000

En ese ejercicio, tres observaciones a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

GABRIELA ROMERO Y RAUL LLANOS

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2000, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitió mil 776 recomendaciones, de las cuales al 31 de enero de 2003 habían sido atendidas 876, parcialmente atendidas 880 y 20 no atendidas.

Del total de recomendaciones emitidas, 46 por ciento (817) se derivó del incumplimiento a disposiciones legales cometidas por dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y autónomos, y entidades paraestatales.

Del último año de gestión de Luis de la Barreda al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se emitieron tres recomendaciones por incumplimiento de las disposiciones legales y normatividad general, derivadas del sobrejercicio en la partida 2201, alimentación de personal, con un importe de un millón 242 mil 600 pesos, y de la alteración de 38 facturas, cuya diferencia individual va de 200 a 3 mil 800 pesos.

Al Instituto Electoral del Distrito Federal se le hicieron siete recomendaciones por no formular el programa anual de adquisiciones, asignar adjudicaciones directas sin contratos y no contar con el dictamen del Comité de Adquisiciones, entre otros. Mientras que el Tribunal Electoral del DF recibió 12 recomendaciones, entre otras cosas porque el programa anual de adquisiciones no se ajustó al presupuesto de egresos; hacer adjudicaciones directas por arriba del máximo permitido; carecer de contrato o pedidos, así como de cotizaciones previas, y solicitar al proveedor póliza de garantía de cumplimiento de contrato, entre otros.

Por dependencias, la Secretaría de Obras y Servicios fue la que más recomendaciones de este tipo recibió, con un total de 75 originadas, por no realizar licitaciones, no contar con dictámenes técnicos, no publicar los fallos de las licitaciones y efectuar pagos a prestadores de servicios que excedieron los montos de actuación autorizados, entre otros.

A la jefatura de Gobierno del DF se le hicieron 15 recomendaciones, causadas por la no aplicación de penas convencionales por demoras en la entrega de bienes adquiridos; no respetar los montos establecidos para la adjudicación directa, realizar operaciones de arrendamiento con un mismo proveedor sin suscribir un contrato abierto, registrar gastos en partidas que no correspondían, contratar servicios para efectuar un estudio sobre órganos autónomos (lo cual no es de su injerencia), y no exigir las fianzas a los prestadores de servicios, entre otros.

A la Secretaría de Gobierno se le hicieron 17 observaciones, derivadas de diferencias entre lo licitado y lo adquirido; irregularidades en la adquisición de más vehículos de lo presupuestado y sin autorización de la Oficialía Mayor; no llevar un control en la expedición de documentos múltiples; diferencias entre el material facturado y el existente; no presentar a tiempo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el importe correspondiente a los pagos por concepto de retenciones del impuesto sobre la renta y pagos provisionales.

La Secretaría del Medio Ambiente sólo recibió una recomendación.

Las delegaciones en total recibieron 154 recomendaciones por incumplimiento a disposiciones legales; los órganos desconcentrados, 40; las entidades paraestatales 241, y las dependencias 346.

Las mil 776 recomendaciones se hicieron con base en los resultados obtenidos en 132 auditorías, de las cuales 99 fueron de carácter financiero, 17 de obra pública, 15 programático-presupuestales y una de legalidad.