Gilberto López y Rivas
A siete años de San Andrés
En días recientes se desató una polémica en torno a los alcances y significados de las autonomías de los pueblos indios contenidas en los acuerdos de San Andrés, firmados por el EZLN y el gobierno federal, el 16 de febrero de 1996. Ya desde el dialogo que precedió a esa firma, se dio un debate en el seno mismo del cuerpo de invitados y asesores de los zapatistas, precisamente sobre los ámbitos, niveles, atribuciones o competencias de los autogobiernos indígenas, por lo que el EZLN tuvo que enfrentar una compleja negociación con la delegación gubernamental en la que cada término, concepto, párrafo, que finalmente se integraron a los documentos firmados, eran arrancados en ríspidas discusiones, y en un contexto de crisis, provocaciones armadas y retrocesos que muchas veces pusieron el proceso al borde del naufragio.
Para dar un ejemplo: la inclusión en los acuerdos de la palabra pueblo en su acepción étnica, histórica y sociológica, sujeto de derechos reconocidos en los instrumentos jurídicos internacionales, significó un intenso intercambio de documentos de ambas partes y un enorme esfuerzo para convencer a los representantes oficiales, quienes una y otra vez querían imponer el uso de localidades o poblaciones para bajar el nivel de los compromisos pactados. Pero no fueron menos difíciles las discusiones en el interior del amplio y plural cuerpo zapatista de asesores, conformado por representantes de la mayoría de los pueblos del territorio nacional, especialistas y analistas de distintas ciencias sociales, dirigentes sociales y políticos, miembros destacados de la sociedad civil. Incluso hubo quien pretendió aprovechar el espacio brindado generosamente por los zapatistas para tratar de imponer sus puntos de vista, así como quien no se aproximó a esa experiencia singular para escuchar, entender, aprender y, en todo caso, convencer para lograr el consenso, que fue el mecanismo colectivo que guió toda decisión tomada por los representantes del EZLN. No sólo Marcos ni los comandantes del EZLN optaron por la propuesta autonómica que se asentó en los acuerdos de San Andrés, sino que la decisión fue fruto del consenso de todos los participantes de las distintas submesas que redactaron sus documentos después de un intenso debate interno. Lo que resultó de este proceso, el texto final de los Acuerdos, se sometió a consulta de los pueblos y las comunidades zapatistas, quienes votaron mayoritariamente en favor del documento firmado por sus comandantes en discreta ceremonia.
En la mitad de esa consulta, y al margen del diálogo, un grupo de asesores, que no respetó los mecanismos de participación acordados previamente con los zapatistas, atacó el texto negociado y a quienes lo apoyamos, con argumentos muy parecidos a los que ahora esgrime Pablo Gómez. Ese grupo, que optó por considerar sus posiciones como irreductibles, sentenció que si no se establecía un régimen de autonomía regional, con un cuarto nivel de gobierno, entre los municipios y los poderes estatales, se traicionaba al movimiento indígena y a la autonomía misma, minimizando lo logrado en San Andrés.
Fue imposible en los términos de constante golpeteo político y militar en que se llevó a cabo la negociación obtener del Estado mexicano, impulsor de políticas racistas y estrategias contrainsurgentes, la autonomía regional para los pueblos indígenas. También prevaleció la idea de construir autonomías desde abajo, que respetaran la diversidad y hetereogeneidad de las propias culturas y las construcciones políticas de cada comunidad, municipio y región con población indígena. Por consiguiente, un patrón único regional de autonomía podía afectar en forma negativa la misma multiculturalidad del mundo indígena y el traslape territorial con el resto de la población asentada en muchos estados. También, en un sociedad como la mexicana, en la que el federalismo ha sido la forma histórica de organizar el Estado y la nación, sostener la autonomía regional contra viento y marea acarreaba múltiples conflictos adicionales con un gobierno que a duras penas aceptó, para luego traicionar lo logrado en San Andrés, alejando la posibilidad de una solución y de la firma de los acuerdos entre las partes.
Como bien se planteó en el documento Punto y seguido, elaborado por el cuerpo de asesores en La Realidad: ni las autonomías ni los acuerdos de San Andrés son una panacea para la problemática indígena. Constituyen tan sólo un paso fundamental en la lucha por el reconocimiento de las formas de gobierno indígena. Este carácter instrumental de la autonomía es lo que se debe resaltar, así como la conformación del sujeto autonómico que se apropie de los presupuestos teóricos y las prácticas políticas, sociales y culturales de las autonomías.
Las autonomías indígenas pueden ser los cimientos de un nuevo orden civilizatorio más justo y democrático. Gobernar como servicio es una de las pautas fundamentales para entender las autonomías. Mandar obedeciendo, tener en el horizonte de la gobernabilidad democrática la revocación de mandato, desarrollar la interculturalidad y el desarrollo sustentable que no sacrifique a las generaciones futuras, y que los pueblos y las comunidades indígenas sean sujetos de su propio desarrollo constituyen una aportación significativa para construir "un mundo en el que quepan muchos mundos".
