El exhorto formulado ayer por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al Ejecutivo federal para que devuelva de inmediato a CNI-Canal 40 el control de la señal televisiva que esa empresa venía operando, en el régimen de concesión, hasta el pasado 27 de diciembre, cuando fue violentamente despojada del transmisor correspondiente por un grupo armado contratado por Tv Azteca, constituye una importante contribución a la vigencia de la legalidad en el país.

Igualmente pertinente y oportuno resulta otro aspecto del punto de acuerdo aprobado ayer por diputados de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México: el citatorio a comparecer a Santiago Creel, secretario de Gobernación, en la esperanza de que él explique lo que su homólogo de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, no pudo justificar anteayer en el Senado de la República: la acción tardía y facciosa del gobierno federal en reaccionar tras el allanamiento del transmisor de CNI-Canal 40 en el cerro del Chiquihuite por el comando paramilitar de Tv Azteca.

Y es que hasta el momento ?a 26 días de perpetrado el atropello? la sociedad se pregunta si la administración en curso volverá a quedarse cruzada de brazos en el caso de que una empresa cualquiera decida resolver un litigio judicial con otro corporativo mediante el simple y llano recurso de enviar hombres armados a apoderarse del patrimonio de sus antagonistas, como ocurrió el 27 de diciembre del año pasado.

En el curso del debate, el senador panista Jesús Vicencio Tovar señaló con claridad el punto de partida del actual conflicto: la violación al estado de derecho por parte de Tv Azteca y su posible comisión del delito de despojo. En ese mismo ámbito se señaló la necesidad de que Cerisola, Creel y el procurador Rafael Macedo expliquen al Legislativo y a la sociedad el incumplimiento de la obligación gubernamental de preservar y restablecer el imperio de la ley en este episodio vergonzoso y preocupante, y se exigió, en consecuencia, que las autoridades emprendan la única medida que puede reparar, de alguna manera, el daño: la restitución de su señal y su concesión a CNI, en tanto los tribunales en los cuales se desarrollan los diferendos entre esa empresa y sus agresores resuelven conforme a derecho.

En una perspectiva más general, el punto de acuerdo de la Comisión Permanente es esperanzador y plausible porque pone de manifiesto la capacidad de los legisladores de dejar de lado sus diferencias partidarias, alcanzar consensos y, cuando las circunstancias lo demandan, actuar como contrapeso de un Poder Ejecutivo que, en este caso, olvidó sus responsabilidades básicas, se extravió en el cumplimiento de las leyes y se ha desempeñado como agencia de protección de la empresa que encabeza Ricardo Salinas Pliego.