Adolecen de inadecuada delimitación de derechos: Rodolfo de la Torre
Reprueba experto de la Ibero iniciativas de PAN, PRD y PRI sobre desarrollo social
ALMA E. MUÑOZ
Rodolfo de la Torre, académico de la Universidad Iberoamericana, desestimó las iniciativas que sobre la ley de desarrollo social han elaborado los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.
El especialista -quien encabezó los trabajos del Comité Técnico de la Medición de la Pobreza, creado por la Secretaría de Desarrollo Social para identificar el número de mexicanos pobres (55 millones, según su reporte)- consideró que hay una inadecuada delimitación de los derechos sociales en las propuestas y la posibilidad de que las dependencias ejecutoras de las acciones en la materia estén en riesgo de ser demandadas por ciudadanos para hacer valer esas garantías.
En una serie de cuadernillos de análisis sobre desarrollo humano, financiados por la Sedeso, De la Torre manifiestó que de las dos iniciativas del PAN se desprende una concentración en aspectos de administración pública, en detrimento de elementos como la vulnerabilidad y desigualdad del gasto social, así como la insuficiencia del gasto contra la pobreza.
Sobre las dos propuestas del PRD consideró que enfatizan "la necesidad de que los derechos sociales sean exigibles, que el Estado comprometa recursos para atenderlos y se sancione su cumplimiento", pero "éstos fallan al especificar qué significa cumplir con los derechos sociales al introducir una excesiva rigidez en el gasto social y al hacer vulnerables las dependencias encargadas de la política social a demandas legales de la ciudadanía".
No obstante, aplaudió el "acierto" de ese partido en identificar la vulnerabilidad del gasto social ante recortes presupuestales, la insuficiencia del gasto contra la pobreza y la necesidad de dar mayor poder político a los grupos pobres.
Consideró que la iniciativa del PRI "se dirige a resolver problemas de coordinación administrativa más que a fundamentar, delimitar y dar vigencia a derechos sociales". La califica de "deficiente en cuanto a que no define ni delimita" esas garantías y por dejar en manos de un órgano técnico la atribución de decidir quiénes serán sujetos a estos programas.
