El tratado trilateral no es destino y tendrá que revisarse, afirma Armando Bartra

Busca el gobierno desaparecer a 20 millones de campesinos: expertos

La UNORCA y la CNPA, en contra de que el subsecretario de Desarrollo Rural de la Sagarpa encabece la comisión gubernamental en las mesas de diálogo; "no es sensible a las demandas"

ANGELES CRUZ

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no es destino y tendrá que revisarse, así como la Unión Europea lo hace con los acuerdos comerciales que firma, en los cuales se reconoce que, además de la producción, el fomento de la agricultura es fundamental para garantizar la seguridad y calidad de los alimentos y la protección ambiental. Para Armando Bartra, esta estrategia también es útil para "enfriarle el agua a la guerrilla".

Bartra y Gustavo Esteva, expertos en los temas indígena y campesino, resaltaron que en las negociaciones de las organizaciones de productores con el gobierno federal también se debe establecer que el problema del campo no es sólo comercial, sino que se trata de una de las actividades fundamentales de la economía, de la cual depende 25 por ciento de la población, que genera 5 por ciento del producto interno bruto.

Sin embargo, dijo Esteva durante el seminario Agenda para una nueva política para el campo, "no debemos engañarnos. La política oficial tiene el propósito claro de desaparecer a los campesinos". Desde hace 50 años se impulsó la idea de que el sector únicamente debería aportar materias primas y alimentos baratos, así como generar divisas. Los productores serían la mano de obra de la industrialización y la urbanización para luego desaparecer.

En 1982 se instaló la política que hoy sigue vigente. En esa época, desde la Secretaría de Agricultura, los funcionarios advertían que el objetivo era remover del México rural a la mitad de la población en los siguientes cinco años. La administración foxista, señaló Esteva, elevó la meta y se propone eliminar a 20 millones de campesinos, a los que considera improductivos.

Rumbo a la Convención Nacional Agropecuaria

Mientras tanto, aunque según algunos dirigentes de las organizaciones campesinas se habían resuelto la mayoría de las diferencias con las autoridades respecto a la convocatoria para las mesas de diálogo y la Convención Nacional Agropecuaria, ayer Alberto Gó- mez Flores, presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), y José Narro Céspedes, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), comentaron la inquietud que existe por la pretensión de que Antonio Ruiz, subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, encabece la comisión del gobierno.

Narro comentó que el funcionario es miembro de la Fundación Mexicana de Desarrollo Agropecuario, a la que pertenecen empresas trasnacionales como Nestlé y Bimbo. Dijo que Antonio Ruiz no es sensible a las preocupaciones y demandas de los campesinos, quienes han sido excluidos del desarrollo rural.

Por su parte, Alberto Gómez mencionó que las organizaciones campesinas discutirán esta situación. Por ello, aún no es seguro que el lunes 13 se lleve a cabo la reunión con el gobierno para afinar los detalles de la convocatoria y la organización de las mesas de diálogo, que se iniciarían el viernes 17 con el tema comercio y TLCAN.

Ayer se cumplió el sexto día de ayuno de los integrantes del movimiento El campo no aguanta más. Al Angel de la Independencia llegaron comisiones de la Central Campesina Cardenista y trabajadores del Seguro Social. Por la tarde se realizó un festival en el que participaron diversos grupos de la sociedad civil. Hoy al mediodía está prevista la visita de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Durante el seminario, organizado por el Congreso Agrario Permanente, el Campo no aguanta más y El Barzón en la Cámara de Diputados, el antropólogo Armando Bartra resaltó que en la actual coyuntura se impone una rectificación estratégica, porque en el campo no hay sólo un problema comercial, sino la necesidad de un nuevo modelo integral que opere en función de las necesidades de la sociedad.

Hasta ahora, destacó ante los integrantes de las diferentes agrupaciones campesinas, investigadores y políticos, no existe en México una política para el desarrollo del campo. La ley en la materia, continuó, no tiene ningún impacto y parece que el mercado decide el rumbo a seguir. Una consecuencia de lo anterior es la creciente migración de mexicanos hacia Estados Unidos.

"Hay una verdadera desbandada -señaló Bartra-, que es de al menos un migrante cada minuto. Esa exportación de personas genera remesas anuales de 10 mil a 11 mil millones de dólares anuales. Lo paradójico es que esa misma cantidad la invierte el país para comprar alimentos del exterior."

Lo razonable, apuntó el experto, sería que ese dinero se invirtiera en la producción nacional de alimentos y con ello aprovechar las ventajas que tiene el fortalecimiento del campo: la generación de empleos e ingresos, y la reducción del riesgo de crisis alimentarias y hambruna.

Otros bienes y servicios derivados de la actividad agropecuaria y forestal tienen que ver con evitar la desintegración social, la migración y, por el contrario, favorecer el fortalecimiento de la comunidad. Incluso, explicó Bartra, restaurar la viabilidad de la economía campesina es la forma más barata de combatir el crimen organizado, en particular para abatir narcocultivos y narcotráfico.

No sólo eso. El impulso a la producción agrícola es "la forma menos cruenta y más legítima de enfriarle el agua a la guerrilla y, al mismo tiempo, de dignificar y democratizar la sociedad rural", apuntó.

En su exposición destacó la visión que los países europeos tienen de la producción agrícola, que los llevó en 1992 a diseñar medidas complementarias con el fin de establecer subsidios para los labriegos ubicados en zonas desfavorecidas, capacitarlos en tecnologías ecológicas y apoyar a los jóvenes interesados en participar en el área, así como jubilar a los labriegos mayores de 55 años y otorgar compensaciones para quienes desearan convertir sus explotaciones agropecuarias en zonas silvícolas o reservas ecológicas.

Sin duda, subrayó, esta política contrasta con la estadunidense, en la cual los subsidios se utilizan para abatir los precios y poder vender a precios dumping.

El fortalecimiento de la actividad campesina en México traería beneficios adicionales en el ámbito cultural, toda vez que "nuestra identidad como nación se sustenta justamente en la diversidad de culturas autóctonas, migradas y mestizas que existen en el país", indicó.

El seminario también contó con la participación de la investigadora de la UAM Beatriz Canabal, quien se refirió a la problemática que viven las mujeres del campo. Dijo que, a pesar de su creciente inserción en la actividad agrícola, tienen las peores condiciones de vida y mayores desventajas en salud.

Resaltó la necesidad de revisar y reformular los programas dirigidos a la población femenina, porque los vigentes son marginales, con poco financiamiento y asistencialistas.