La iniciativa irá al Parlamento, que daría luz verde

Aprueban en España anteproyecto de ley que aumenta penas a etarras

PL Y DPA

Madrid, 3 de enero. El Consejo de Ministros de España aprobó hoy un anteproyecto de ley que reforma el Código Civil, con lo que busca hacer cumplir íntegramente las condenas por terrorismo y otros delitos graves y aumenta las penas máximas de prisión de 30 a 40 años.

El presidente del gobierno español, José María Aznar, había anunciado a principio de semana la intención de reformar el Código Penal para elevar la pena máxima de prisión que deberán cumplir los miembros de la organización separatista vasca ETA.

Ademas, la medida establece un "periodo de seguridad" que los condenados a más de cinco años tendrán que cumplir para acceder a una reducción de penas o condiciones carcelarias menos severas.

Esta iniciativa deberá pasar ahora el trámite en el Parlamento, donde se da por descontada su aprobación, pues además de contar con el respaldo de la mayoritaria bancada del Partido Popular tiene apoyo del opositor Partido Socialista Obrero Español y otras formaciones menores, y sólo es rechazada por Izquierda Unida y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

En conferencia de prensa al término de la reunión del Consejo de Ministros, el titular del Ministerio de Justicia, José María Michavila, señaló que con esta disposición "el Estado democrático tendrá un nuevo instrumento" para luchar contra ETA.

Los terroristas del grupo armado cumplen una media de 40 por ciento de sus condenas, añadió Michavila. "Ni un solo terrorista ha cumplido íntegramente su condena por asesinato", agregó para justificar la iniciativa del Ejecutivo.

Añadió que las condenas se cumplirán de manera "íntegra y efectiva" para los casos de terrorismo y los delitos más graves vincula el patrimonio personal de los acusados a la indemnización de los daños provocados a las víctimas.

Eso quiere decir que los terroristas presos deberán indemnizar directamente a sus víctimas.

Dirigentes del PNV han calificado la iniciativa de electoralista y de intento por desviar la atención de la opinión pública sobre los problemas más importantes de la actualidad.

Algunas organizaciones de juristas han hecho también observaciones a este proyecto de ley; advirtieron, sobre todo, que no aporta novedades a lo que ya establecen los instrumentos jurídicos existentes.