Define las facultades de autoridades sobre bioseguridad
Presenta el PRD iniciativa para regular organismos genéticamente modificados
ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA
Después de una amplia consulta entre investigadores, académicos y especialistas, el PRD presentó en el Senado la propuesta para crear la ley de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados.
En tribuna, el perredista Rodimiro Amaya hizo notar que es fundamental crear una ley mexicana que sea compatible con el Protocolo de Cartagena, ya que las regulaciones en esta materia son mínimas y el país enfrenta el reto de aprovechar al máximo el potencial de la biotecnología con responsabilidad y conciencia, sin amenazar la diversidad genética de esos recursos.
La iniciativa, agregó, va dirigida a regular las actividades de los organismos genéticamente modificados, ya que una de las preocupaciones más importantes son los posibles riesgos que puedan causar en perjuicio de la salud pública y los ecosistemas.
La nueva legislación define con claridad las atribuciones y facultades de las autoridades en materia de bioseguridad. Establece que las dependencias competentes son las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en cuanto a todo tipo de organismos modificados genéticamente y sus posibles riesgos; la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) en lo relativo a aquellos que sean vegetales, animales, insumos fitosanitarios y especies pesqueras y acuícolas, y la de Salud en cuanto a los de consumo humano, que sean para finalidades de salud pública u otros organismos que pudieran constituir un riesgo sanitario a la población.
En la iniciativa se establecen instrumentos específicos, delimitados y regulados de control de las actividades de los organismos genéticamente modificados. Se plantea que la liberación al ambiente de esos organismos -tanto experimental como en programa piloto o comercial-, así como la importación de los mismos destinada a la liberación, quede sujeta a la obtención de un permiso previo, que sólo podrán extender la Sagarpa y la Semarnat.
Esas dependencias, conjuntamente con la Secretaría de Salud, serán las encargadas de la inspección y vigilancia del cumplimiento de la nueva ley de bioseguridad, así como de la aplicación de sanciones e infracciones.
