Amaga con acudir ante el TCA si persisten pérdidas después de que se reabra el Centro

Teme el comercio formal que se entreguen obras al vapor

LAURA GOMEZ FLORES

A seis días del plazo establecido por las autoridades capitalinas para concluir las obras de infraestructura hidráulica y reabrir a la circulación las 34 manzanas del Centro Histórico que fueron remozadas "se observan muchos pendientes y existe el riesgo de que los trabajadores, en su afán de terminar lo más rápido posible, hagan mal las cosas y después se vuelva a abrir zanjas, en un cuento de nunca acabar", señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Alfonso Blanquel Dueñas.

Empero, el dirigente empresarial confió en que dicha apreciación no se cumpla, mediante la verificación de los trabajos, y se reactive la economía del primer cuadro de la ciudad después de tres meses en los cuales los negocios registran pérdidas por 10 millones y medio de pesos, una baja en sus ventas de 75 por ciento y el cierre de cinco establecimientos.

Por ello se determinó que "si el próximo 21 de noviembre las cosas siguen igual, se acudirá ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para interponer una demanda contra el gobierno capitalino, a fin de que cubra el daño económico generado al comercio, valuado en más de 600 millones de pesos, dado que no ha habido una respuesta positiva a su demanda de condonación de impuestos para resarcir esta situación".

Mencionó que, al igual que la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, han solicitado que se les exima del pago del quinto bimestre del predial, del 2 por ciento sobre nómina y del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles para resarcir, en parte, las pérdidas registradas, pero "hasta el momento no tenemos nada sobre la mesa, únicamente promesas, mientras nuestra situación económica se agrava".

Las autoridades, reconoció, han mostrado disponibilidad para escuchar los planteamientos del sector en las mesas de negociación establecidas desde hace dos meses, pero "no hemos firmado ningún acuerdo, pese a que una situación similar se atendió, en junio de 2000, con un decreto emitido por la entonces jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, para eximir a los comerciantes, afectados por las marchas de maestros del pago de diversos impuestos".

Sin embargo, esta situación no ha sido concretada por las actuales autoridades capitalinas, por el impacto económico que representaría para las finanzas de la ciudad; "mientras, seguimos en pláticas, sin avances y con el riesgo de que un número mayor de negocios cierre definitivamente sus puertas", advirtió.