Se les acusa de desviar recursos del Icemarey por 6 millones de pesos

Dictan auto de formal prisión a dos ex funcionarias de Yucatán

Primer expediente judicial contra colaboradores de Cervera Pacheco

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 12 de noviembre. El juez octavo de Defensa Social, Luis Felipe Santana Sandoval, dictó auto de formal prisión a dos ex funcionarias del Instituto para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de las Escuelas de Yucatán (Icemarey), así como a tres supuestos proveedores del organismo, a quienes se imputó un presunto desvío de recursos que ascendería a 6 millones de pesos, así como incurrir en cohecho y colusión con autoridades, entre 2000 y 2001, los últimos años de la administración estatal que encabezó Víctor Cervera Pacheco.

Con esta resolución se abrió el primer expediente judicial contra colaboradores del ex gobernador.

Los involucrados son las ex directoras de Proyectos y Adjudicaciones del Icemarey, Wendy Lugo Ancona y Landy Lucely Loeza Alva, respectivamente, así como Ramón Loeza López, Rusell Itzá May y Gabriel Andrade Briceño, quienes presuntamente eran proveedores del instituto. En los hechos de que se les acusan estaría coludida como autora intelectual Miriam Fáller Campos, quien encabezó al Icemarey y al momento está en calidad de fugitiva.

A principios del año pasado la Contraloría estatal dio a conocer que detectó en el Icemarey varias irregularidades financieras, de las cuales habría tenido conocimiento Fáller Campos, por lo que se procedió a integrar un expediente judicial al respecto.

Detractores de Cervera Pacheco, en su mayoría panistas, consideraron al Icemarey una de las cajas chicas del gobierno estatal, al igual que el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán, que reportó un déficit de 200 millones de pesos al tomar posesión en 2001 la nueva administración estatal, a cargo de Patricio Patrón Laviada.

En entrevista, el juez Santana Sandoval indicó que los involucrados, con excepción de Miriam Fáller, presentaron amparos 36 horas antes de que se emitieran los autos de formal prisión; por lo tanto gozarán del beneficio de la libertad provisional.

Señaló que los implicados presentaron pruebas a su favor, aunque no lograron desvirtuar las acusaciones que presentó la Contraloría local en el último trimestre de 2001.

"No se trata de una cacería de brujas contra ex funcionarios. Nada más es un proceso judicial que se sigue a consecuencia de una denuncia interpuesta por una autoridad del gobierno", comentó el juez octavo de Defensa Social.