Aún hay un millón de menores, la mayoría indígena, sin acceso a la instrucción, indican

Educación, talón de Aquiles en la administración de Fox: diputados

Denuncia Batres subejercicio del gobierno en el gasto destinado a universidades públicas e investigación Planea el PRI incluir en la ley la obligatoriedad de destinar 8% del PIB al sector

ROBERTO GARDUÑO

Pese a las ''buenas intenciones'' del presidente Vicente Fox, el sector educativo sigue siendo el talón de Aquiles de la presente administración, porque no se ha cumplido con el compromiso de impulsar la investigación en las universidades públicas, en las que se efectúa por lo menos 90 por ciento de los estudios científicos del país, y porque un millón de niños, en su mayoría indígenas, carecen de instrucción por falta de servicios en sus comunidades, evaluaron diputados de PRI y PRD.

Al iniciar el debate por el paquete económico 2003, Martí Batres, coordinador parlamentario del PRD, manifestó su preocupación porque el gobierno foxista garantiza el rescate bancario, pero no hay rescate de la educación superior.

"Cada año tenemos un problema -explicó Batres-: el proyecto de presupuesto que envía el Presidente tiene insuficientes recursos en educación; siempre hay que corregirlo. Se acordó, por ejemplo, para este año fondos adicionales para ciencia y tecnología, en el orden de los mil millones; para universidades con problemas de crisis financiera, para universidades públicas de provincia, de 2 mil millones, y para la UNAM, el Poli y la UAM, de 850 millones. Pero esos fondos no se ejercen. La Cámara los aprueba y el gobierno federal no los ejerce.

En tanto Hortensia Aragón, legisladora del PRD, denunció que pese a ''las buenas intenciones'' de Vicente Fox, consignadas en el Compromiso Nacional por la Calidad de la Educación, en el presente año un millón de niños de entre cinco y 14 años, en su mayoría indígenas, no asisten a la primaria, porque no hay servicios educativos para ellos.

''Esta situación ha generado que más de 4 por ciento de los menores de entre ocho y 14 años no sepan leer ni escribir. Y en algunas regiones del sureste del país este porcentaje se duplica e incluso triplica, como es el caso de Chiapas. Adicionalmente, entre 8 y 11 por ciento de los mayores de 15 años no cuenta con alguna instrucción escolar; de ahí que el índice de analfabetas en México no haya descendido de manera significativa en los 20 años recientes".

En el mismo tenor el diputado del PRI Cutberto Cantorán presentó una iniciativa de reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación, con el propósito de comprometer al gobierno federal para que cumpla con su ofrecimiento de destinar 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) al sector educativo.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el gobierno de la República apunta el papel central de la educación en las políticas públicas, admite que no se puede aspirar a construir un país en el que todos cuenten con un alto nivel de vida si la población carece de instrucción.

Pero en los hechos, señaló Cantorán, el crecimiento del gasto educativo de origen estatal o federal revela, por lo menos, un incumplimiento al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en el cual se propuso destinar recursos crecientes en términos reales".

La iniciativa priísta consigna que el Ejecutivo federal está obligado a elevar la calidad de la educación, mediante el cumplimiento de la meta presidencial de destinar 8 por ciento del PIB a ese sector.

''Vemos con preocupación que el Ejecutivo está lejos de ese cumplimiento, toda vez que de conformidad con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, el presupuesto federal en relación con el PIB alcanzó en el 2001 4.2 por ciento y en 2002 4.47 por ciento. El gobierno federal insiste en que se destina 6.6 por ciento del PIB a gasto educativo, cuando en realidad la inversión en el presente año fue del 4.47 por ciento. En contrapartida, la inversión del sector privado la educación que ellos brindan creció de 1.2 a 2.1 por ciento del PIB en un año.

La iniciativa recomienda reformar el párrafo primero del artículo 25 de la Ley General de Educación para que quede de la siguiente forma: "El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento con recursos federales de los servicios educativos públicos. El presupuesto anual que la Federación destine al gasto en educación pública partirá de un mínimo del ocho por ciento del PIB y no podrán recortarse sus montos".