Admite el Tribunal Constitucional recurso contra la ley que proscribe a Batasuna

Se querella el gobierno vasco contra el juez Baltasar Garzón por prevaricación

Acusa al magistrado español de usar políticamente la justicia y restringir derechos básicos

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 17 de octubre. El gobierno vasco, presidido por el nacionalista moderado Juan José Ibarretxe, presentó hoy ante el Tribunal Supremo español una querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, a quien acusa de utilizar políticamente la justicia y de restringir derechos básicos, como los de reunión y de manifestación.

Los nacionalistas vascos reprochan a Garzón las recientes medidas que ha ordenado contra Batasuna, la coalición nacionalista acusada de ser brazo político de ETA.

Mientras, el Tribunal Constitucional ad-mitió a trámite el recurso presentado también por el gobierno vasco contra la nueva ley orgánica de partidos políticos, aprobada el pasado 5 de agosto a iniciativa del go-bierno del conservador José María Aznar y de la oposición socialista, destinada a disolver a Batasuna.

Antes de que el máximo órgano judicial español resuelva sobre la supuesta inconstitucionalidad de la ley de partidos, el tribunal tendrá que decidir la posible recusación de su presidente, Manuel Jiménez de Parga, quien en las semanas anteriores había criticado a Batasuna, al Partido Nacionalista Vasco (PNV) y al gobierno de Euskadi.

Un día después de que Garzón amplió las acusaciones contra la coalición abertzale (nacionalista), al atribuirle delitos contra la humanidad al diseñar un supuesto plan de "limpieza étnica" en la región, el Ejecutivo de Ibarretxe formalizó la decisión que adoptó el pasado 17 de septiembre, cuando anunció que presentaría una querella criminal contra Garzón por "expandirse" en sus funciones y generar "inseguridad jurídica" en la sociedad vasca.

El gobierno vasco, formado por la coalición tripartita del PNV, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida, alegó ante el Tribunal Supremo que Garzón ha incurrido en "la restricción infundada e ilegítima de los derechos de reunión y manifestación", en alusión al auto judicial que prohibió cualquier tipo de manifestación "inspirada o impulsada" por Batasuna, coalición cuyas actividades suspendió, lo que incluyó el cierre de todos sus locales y el embargo de sus cuentas bancarias.

Este conjunto de medidas, a juicio de la Consejería de Justicia del gobierno vasco, "vacía de contenido las atribuciones que la legislación confiere al departamento vasco de Interior y supone una expansión desorbitada de los efectos del auto de suspensión de Batasuna".

Asimismo, considera que la "vulneración de los derechos de manifestación y reunión se está llevando a cabo fuera de los cauces legales y sin observancia de las garantías mínimas establecidas para proteger un de-recho fundamental, básico para la formación de una opinión pública libre".

Por lo tanto, sostiene el gobierno del lehendakari Juan José Ibarretxe, las medidas de Garzón "no sólo crean una evidente confusión, sino que incrimina a la mayoría de la sociedad vasca que, si bien no comparte ni aprueba la acción política de esa organización (Batasuna), rechaza su ilegalización y los excesos en los que ha incurrido el magistrado de la Audiencia Nacional".

En otro asunto, la policía judicial francesa, en colaboración con los servicios de seguridad españoles, registró en la localidad vasco francesa de Hendaya las oficinas de la empresa Olabe Distribuciones, considerada por el gobierno español como una "tapadera" de ETA.

En el contexto de la operación, seis personas fueron aprehendidas, pero finalmente el único detenido fue Ricardo Pujana Alberdi, quien tenía una orden de captura por una "acción criminal" perpetrada por ETA en 1986. Las autoridades españolas creían que estaba residiendo en México.