La nueva fiscal reconstruirá la historia con una secuencia lógica

El caso Digna Ochoa se cerrará cuando tenga pruebas irrefutables

BLANCHE PETRICH

La fiscal encargada de resolver el caso Digna Ochoa, Margarita Guerra, ha tenido que desandar buena parte del trecho que caminaron sus dos antecesores, los ex fiscales Nicolás Chávez y Renato Sales. A un año del asesinato de la defensora de derechos humanos, cerca de 50 declarantes que ya habían sido interrogados anteriormente vuelven a desfilar ante los nuevos agentes del Ministerio Público.

La penalista Guerra y Tejada asumió la averiguación el primero de julio. A la fecha, ha definido cuáles son los aspectos a "depurar" en una pesquisa que a mediados de año anunciaba ya, como "casi cierta", la versión de que Digna Ochoa y Plácido se había suicidado después de escenificar un falso homicidio.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) estaba a punto de convertir a la víctima en su propio verdugo, por obra y gracia de un proceso de investigación opaco y duramente cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Con errores", admite la nueva fiscal.

Errores que meses antes habían sido señalados por el consultor de la CIDH, Pedro Díaz. En un extenso reporte, el penalista colombiano hablaba de una contradicción entre las conclusiones del primer grupo investigador, que trabajó sobre la hipótesis de un homicidio, y la del segundo, que desvió la perspectiva hacia un probable suicidio. En ese momento, la coadyuvancia del caso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, exigió que un perito internacional dirimiera esa contradicción.

En estos días, la CIDH realiza en Washington audiencias sobre casos particulares de México, el de Digna Ochoa entre otros. Ahí habrá de resolverse finalmente la asignación de tres peritos que revisarán el expediente. Proceden de Argentina, Canadá y Francia. "Espero volver a México con la buena noticia de su nombramiento", señala Margarita Guerra.

En esta tercera fase de investigación del crimen -el primer asesinato político en el régimen de Vicente Fox-, la abogada asegura: "No voy a inventar. No voy a apresurar ni a demorar la investigación. Estoy buscando la verdad, y cuando la encuentre, la voy a manifestar perfectamente avalada por pruebas. No he desechado ninguna línea de investigación. Y tampoco estoy en posibilidades de inclinarme por ninguna hipótesis, ni por la del homicidio, ni por la del suicidio".

No se deja atar por ningún plazo: "Esta investigación no va a terminar hasta que pueda apuntalar todas sus conclusiones con pruebas irrefutables. Si no lo hacemos así, esto va resultar como tantos otros casos no esclarecidos, como el caso Posadas, el caso Colosio".

No descarta ninguna de las líneas establecidas desde el principio: el entorno político, el familiar, las líneas que involucran al Ejército y al novio, la que conduce al conflicto de Petatlán, Guerrero. No niega, como sí lo hicieron los dos fiscales anteriores, la posibilidad de que fuera un acto de represión. "De noche brinco de un lado al otro; tengo flashazos, momentos de intuición. Sé que todo lo tengo que leer entre líneas. Así es este trabajo".

Segundo relevo; tercer round

Margarita Guerra ultimaba ya los detalles de su jubilación cuando recibió la llamada del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. En esos días la prensa ventilaba las versiones y filtraciones que sin mucho concierto salían de la oficina del subprocurador Sales Heredia, que apuntaban a concluir que la abogada, con una personalidad desequilibrada, habría fabricado una secuencia de "autoamenazas" y una escenificación de un falso homicidio antes de suicidarse.

El manejo amarillista de cierta parte de la prensa había tomado al vuelo esta percepción del fiscal. Como "neuras", era descalificada la jurista muerta.

La familia Ochoa y Plácido, encabezada por el hermano mayor, Jesús, se inconformó y exigió que Sales fuera relevado. La ex jueza Guerra fue asignada al caso.

"A mí no me convencen mucho las fiscalías especiales. A lo largo de la historia no me parece que esta fórmula haya hecho muchas aportaciones. Yo prefiero llamar a mi pequeño equipo de trabajo como unidad de investigaciones."

En lugar de instalar sus oficinas en el llamado búnker de la PGJDF, en la colonia Doctores, Guerra prefirió aprovechar una parte disponible de oficinas de la propia procuraduría en la colonia del Valle. Cuenta con un equipo en el que confía plenamente, "muchachos sanos, con experiencia en el trabajo ministerial y proyectistas a nivel magistratura". Son seis agentes del Ministerio Público con sus respectivos oficiales secretarios, tres peritos, un comandante de la Policía Judicial y cinco agentes, uno de ellos mujer, además del personal administrativo.

Tomó posesión el primero de agosto, después de la consulta realizada por López Obrador entre tres asesores externos: Rosario Ibarra de Piedra, Magdalena Gómez y Miguel Angel Granados Chapa. El trámite de entrega-recepción de la fiscalía duró 15 días. Se verificaron y fotografiaron las más de 11 mil hojas del expediente, todas las cajas con los objetos. El proceso fue videograbado. Una primera fase de la investigación comprendió el análisis de las 192 declaraciones ministeriales disgregadas en distintos tomos, su ordenamiento y la detección de diferencias.

Lo primero que saltó a la vista de la nueva fiscal fue la falta de técnica científica en la realización de los interrogatorios. Fueron casi 200 citatorios y de éstos la mayoría no aporta datos relevantes. Unos 50 son importantes para el caso. Los declarantes volverán a ser interrogados. Algunos fueron citados y ya acudieron a declarar.

Los 108 peritajes de la averiguación previa fueron revisados por el nuevo equipo. Se detectaron algunas fallas y distorsiones, pero, insiste la fiscal, "ninguna desvirtúa o afecta lo esencial de la investigación". Los dictámenes de los peritajes, en cambio, sí contienen contradicciones y errores que obligan a una revisión completa.

Cabeza fría y método científico

--¿Estos dictámenes sirven como punto de partida para continuar la investigación?

-En ninguno de los casos es plenamente satisfactorio el razonamiento. No pueden emitirse opiniones sobre ninguna línea si no hay una verificación de todas las pruebas absolutamente irrefutable. Y en ninguno de los dos procesos anteriores fue el caso. No lo digo en son de crítica. Estoy segura de que no hubo mala fe, no hay pérdida de pruebas o pistas. Lo que sí es que va a demorar la resolución del crimen. Creo que hubo falta de experiencia. En estos casos hay que tener la cabeza muy fría y bueno, en mi caso, son años de experiencia. Empecé a investigar en 1975. Se dice fácil, pero es mucho tiempo.

La fiscal señala algunas lagunas clave. Por ejemplo, en la autopsia no se estableció bien el tiempo que llevaba muerta Digna antes de que se llevara el cuerpo al forense, ni qué alimentos había consumido, los horarios; "detallitos así que son importantísimos".

Todo eso hay que enderezarlo. "Yo soy excesiva en mi espíritu perfeccionista. Dicen que así somos los virgo".

Su antecesor, Renato Sales, fundó parte de su convicción en la hipótesis del suicidio en el "hallazgo" de un libro de poesía, Antología de la Muerte, en el modesto despacho de los abogados Pilar Noriega y Lamberto González, que Digna usaba como oficina. Un verso de una mártir del siglo 12, Santa Rosalía, habría inducido, según Sales, al suicidio de la joven litigante. "Sí -dice Guerra- fue una veta muy poética. En la realidad hay situaciones inverosímiles. Pero para que se conviertan en pruebas irrefutables deben pasar por la comprobación científica. De otro modo no sirven. En criminalística sólo vale el método científico".

Por lo pronto, anuncia que algunos aspectos del expediente serán desechados, como el perfil sicológico que se elaboró bajo la gestión de Sales. "Con todo respeto, no es un buen peritaje, fue hecho por un siquiatra, revisado por un solo perito y firmado por el fiscal. A los ojos de un juez no tienen ningún valor".

Indica que en el expediente no existe ningún otro diagnóstico sicológico. En la agenda personal de la abogada consta que por recomendación de sus amigos acudió a algunas citas con una sicóloga y una siquiatra, pero no siguió ningún tratamiento. Los profesionales ya fueron buscados y han optado por guardar la reserva profesional. "Sí se puede elaborar un diagnóstico post mortem, sobre todo porque se tienen elementos como videos, grabaciones, escritos. Hay actitudes que pueden analizarse con técnicas de la criminalística moderna y hay que echar mano de ellas", dice. Pero advierte que ese aspecto de la salud mental de la defensora "de ninguna manera es el más importante de la investigación".

Supervisión internacional

A partir del 15 de septiembre empezó la etapa de investigación propia. Es decir, tiene un mes sobre la marcha. Ahora acude a una cita -"una atenta invitación", dice ella- de la CIDH. "Con todo respeto, en la audiencia diré sólo lo que yo considere necesario. Se verá principalmente cómo va el proceso de asignación de peritos externos, tal y como fue solicitado por la coadyuvancia. En esta etapa de la investigación puede ser útil su opinión, ya que en los primeros meses la averiguación se enturbió demasiado. Pero es importante entender su papel: ellos no vienen a resolver el caso sino a emitir una opinión muy calificada".

Puntualiza: "Mi escenario ideal es que la conclusión a la que voy a llegar por mi cuenta coincida con la opinión de los peritos externos. Pero si no es así, lo voy a discutir a fondo".

Reconoce que en el proceso de asignar peritos extranjeros hubo jaloneos y fricciones, "porque las organizaciones no gubernamentales querían nombrarlos, o sugerir nombres. Eso no fue aceptado, ya que también en eso debe haber imparcialidad absoluta. Las organizaciones se molestaron". Al final hubo acuerdo y se integró un grupo de tres peritos en criminalística, balística y patología. Son de Canadá, Francia y Argentina. Fueron propuestos y asignados por los Estados miembros de la CIDH y serán coordinados por el consultor Pedro Díaz.

-Hay una negativa de la familia Ochoa de aceptar la supervisión de peritos externos. Incluso desconocieron al Centro Pro Juárez como coadyuvante.

-Es cierto, hay un pleito ahí entre la familia y el Centro Pro. Hay un rompimiento, la familia está enojada. Pero eso no me corresponde investigarlo. El Pro se mantiene como coadyuvante en la investigación como peticionario y además como denunciante, por las amenazas que fueron dirigidas contra ellos en el momento del crimen.

-También ha habido quejas de los familiares de Digna Ochoa por la actuación de sus agentes.

-He leído que dicen que los he hostigado. Pero eso es falso. Yo no hostigo a nadie.

Advertida de que pronto llegarían peritos internacionales, la fiscal Guerra pidió autorización para contratar asesores externos del más alto nivel, "para dirimir las contradicciones que existen en los dictámenes periciales".

Los nuevos ejes

La fiscal Guerra parte de la idea de "reconstruir la historia de Digna Ochoa con una secuencia lógica". Para lograrlo, retomará la investigación sobre los cuatro años de amenazas y persecución que se vivieron en el entorno en el que trabajó la abogada. Por lo pronto, las seis averiguaciones previas que se abrieron entre 1995 y 1999 ya regresaron al ámbito de la PGJDF después de haber estado en manos de la Procuraduría General de la República. Retornaron con planteamientos de no acción penal. Eso mereció una crítica de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. A partir de la reactivación de estos expedientes, Margarita Guerra ha emitido nuevos citatorios.

Hay varias incógnitas que despejar, sostiene. Por ejemplo, Digna Ochoa sólo entregó en su momento a las autoridades judiciales fotocopias de los anónimos y conservó los originales, pero el Centro Pro hizo lo mismo y, además, "no ha dado mucho margen a la investigación".

Señala que ahora es posible separar la secuencia de amenazas contra defensores de derechos humanos, entre ellos Digna Ochoa, en por lo menos dos patrones diferentes. Uno es el que se produjo de 1997 a 1998. Este contexto violento aminoró con la entrada de Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno del Distrito Federal. Las primeras amenazas contra Pilar Noriega, David Fernández, José Lavanderos y Víctor Brenes se produjeron en el marco de la defensa de los zapatistas presos, "en un momento en el que el ex presidente Ernesto Zedillo estaba desatado, una etapa muy violenta. Digna no era la más expuesta en esa etapa, ella sólo trabajaba parcialmente en los casos".

La investigadora indica que falta puntualizar la información de los casos donde Ochoa litigó, cuál era el grado de involucramiento, a quiénes nombraba el Pro como abogados defensores. "Falta información. Tampoco tenemos muy claro el cuadro del rompimiento de Digna Ochoa con el Centro Pro. Ellos no lo quieren decir, han estado reticentes y, claro, yo no voy a darles tehuacanazos. Espero convencerlos de que cooperen más".

Aunque se propone profundizar en años anteriores de la vida de Digna Ochoa, en pasajes aún no esclarecidos, como los dos meses que estuvo desaparecida después de un secuestro en Jalapa, Veracruz, indica que los tres últimos meses de la vida son los más importantes para esclarecer su muerte, "tres meses intensos, difíciles".

En ese periodo, repentinamente, los anónimos amenazantes reaparecieron en la vida de la abogada. Esos hechos no fueron denunciados a las autoridades y sólo los compartió con personas muy allegadas. Su desconfianza hacia las autoridades era absoluta. Estos anónimos, que Digna guardaba en su casa, "obedecen a un patrón bien distinto" a los de años anteriores, dice la fiscal. "Pero no descarto que también tengan una motivación política".

En dos de las líneas de investigación -la que conduce a los caciques de Guerrero y la que involucra a miembros del Ejército- el trabajo será rehecho. "En el caso del último viaje que hizo Digna a Petatlán -comenta Guerra- hay abundancia de interrogatorios que se hicieron con la gente con la que se vio allá. Pero entiendo que los campesinos de Petatlán hablaron con los caciques a la vuelta de la esquina. Yo quisiera interrogarlos en otro contexto, quizás aquí mismo. Hay que profundizar, pero de otra manera. El procurador de Guerrero, y estoy consciente de que no es un medio fácil, ha manifestado su total disposición. En particular, de los testigos de Petatlán, hay tres o cuatro entrevistas que me gustaría repetir. Y todas las del batallón."

La fiscal subraya la "buena disposición" que ha demostrado la Secretaría de la Defensa Nacional para allegar la información necesaria y poner a su disposición a los 16 militares que se propone volver a interrogar, entre ellos los dos soldados que fueron careados por Digna en una diligencia en la defensa de los campesinos ecologistas presos en Iguala. Ambos son presuntos responsables de tortura contra Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. Los oficios con los citatorios ya fueron enviados a la Sedena.

Según los plazos previstos por la nueva fiscalía, para noviembre habrán sido desahogados la mayoría de los citatorios. Diciembre será dedicado al análisis. En enero se abocarán a investigar en los estados, en Guerrero, sobre todo, y Veracruz, y también en Mérida.

Más sabe el diablo... por experimentado

En una carrera de 35 años, Margarita Guerra ha sido jueza, magistrada, subprocuradora. Fue ella quien dictó sentencia contra el asesino de la abogada sinaloense Norma Corona, Mario Alberto González Treviño, entonces comandante de la Policía Judicial Federal, en 1991. "Una condena de 49 años, sólo para que no se viera feo darle 50". Años de ejercicio en los que "tuve el placer de condenar por tortura a no pocos policías".

Pero también tuvo que aprender a aceptar la frustración de ver, por ejemplo, cómo se le fue de las manos Enrique Fuentes León, el defensor que sobornó a jueces para lograr la fuga de Alejandro Braun, el Chacal de Acapulco, abogado también de los secuestradores de Nellie Campobello.

En su historial hay otros casos de resultados controvertidos, como el del asesinato del juez Abraham Polo Uscanga.

Esclarecer el asesinato de Digna Ochoa, dice, será el último caso de su carrera. "No puedo fallar. Tengo la ventaja de que ya me voy a jubilar y no tengo que hacer méritos ante nadie, más que ante la verdad". Otra ventaja es la experiencia. Habla de un ejercicio que realiza habitualmente en cada investigación: "Cada valoración de la averiguación la analizo como si fuera juez. En mi fuero interno me pregunto: ¿Si yo fuera juez, esto pasa o no pasa? Me ha funcionado".

Después de una carrera de 30 años, considera un privilegio poder dedicar su atención de tiempo completo a un solo caso.