Defensor de derechos humanos exige al gobierno investigar a regímenes anteriores

Autoridades incumplen su obligación de punir los crímenes perpetrados en Chiapas, acusan

Existe poca claridad jurídica en la aprehensión de miembros de Paz y Justicia, señala

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 15 de octubre. Durante el actual gobierno, la lista de crímenes impunes no ha hecho sino crecer. Entre ambigüedades y contradicciones respecto a la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, una cosa al menos tienen en común las muertes recientes de bases de apoyo zapatistas y las ocurridas por centenares durante el periodo zedillista: éstas y aquéllas permanecen impunes. A los viejos crímenes se suman los nuevos.

"Y todos son responsabilidad del actual gobierno federal. También del estatal", asegura a La Jornada el abogado Miguel Angel de los Santos. "El gobierno no está cumpliendo con su responsabilidad de castigar los crímenes y la violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en las administraciones anteriores".

Las instancias oficiales "están obviando la investigación de todos los crímenes políticos de los gobiernos precedentes", agrega De los Santos. Es decir, no han hecho justicia, ni reparado los daños de miles de indígenas desplazados. Ironiza: "Los grupos paramilitares ya pasaron a la historia". Pausa. "De la impunidad".

Se esperaba, refiere, "que con el cambio de gobiernos por una vía democrática se hiciera justicia y se revelara la verdad de los asesinatos del pasado. Allí estaría la diferencia entre un gobierno nuevo y uno viejo. Si el actual no investiga, se vuelve cómplice".

Un principio básico de los derechos humanos es que tan responsable es el gobierno que se va como el que llega, abunda el abogado chiapaneco, miembro de la Red de Defensores Comunitarios para los Derechos Humanos. "Nadie puede decir 'eso no ocurrió bajo mi mandato, yo no respondo'", agrega.

El gobierno de Vicente Fox, y en consecuencia el de Pablo Salazar Mendiguchía, tienen la obligación de investigar y castigar también a miembros del anterior régimen. Por ejemplo, en el caso de Acteal, "está documentada de sobra la participación de funcionarios en la planeación de lo ocurrido; no faltan elementos para proceder, pero al parecer existe la decisión política de no perseguir a nadie de los gobiernos anteriores por la creación de grupos paramilitares, cuya existencia está comprobada, así como los delitos que cometieron", expresa. Algo similar ocurre con Paz y Justicia en la zona norte: "Allí incluso se conoce la responsabilidad de mandos del Ejército federal".

Menciona lo que en el derecho internacional se conoce como principio de identidad, o continuidad del Estado, según el cual "la responsabilidad criminal persiste a lo largo de gobiernos sucesivos".

Sobre los asesinatos de bases de apoyo zapatistas ocurridos entre agosto y septiembre de este año, el entrevistado se va a lo básico: "Más allá de si los asesinos pertenecen o no a una banda armada, si son paramilitares o particulares, la responsabilidad del gobierno es hacer justicia".

Como es público, en los casos de 6 de Agosto, Amaytik y Kana'kil, los autores materiales de cuatro asesinatos se encuentran plenamente identificados por testigos presenciales. Sólo en el primero existen órdenes de aprehensión y algo así como un compromiso personal de gobernador en el sentido de castigar a los culpables. No obstante, ninguno ha sido detenido.

Suspicaz de oficio, De los Santos encuentra poca claridad jurídica en la muy publicitada aprehensión de Sabelino Torres y otros miembros de Desarrollo, Paz y Justicia en el municipio de Tila. "Ahora los tienen bajo arraigo domiciliario en Tuxtla Gutiérrez porque la Procuraduría estatal no ha mostrado tener pruebas suficientes para consignarlos ante un juez".

La Procuraduría General de Justicia del Estado tiene 30 días hábiles (que ya se están agotando) para reunir pruebas. Si no las consigue, alerta el defensor, "los van a tener que liberar". La debilidad del procedimiento salazarista (vía Herrán Salvatti) consiste en que a los de Paz y Justicia no se les persigue por los asesinatos, secuestros y expulsiones ocurridos en la zona norte entre 1995 y 1998, y que se encuentran documentados.

A Sabelino Torres y los suyos se les cargan delitos "recientes", por lo visto sin suficientes pruebas. "Su detención obedeció a una oportunidad política. No se aplicaron órdenes de aprehensión y están solamente en arraigo".

En su caso no se aplica un precedente jurídico bien establecido: los Estados tienen la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos en el pasado, no sólo las cometidas por agentes del Estado, sino también por "particulares" (que sería el caso, presuntamente, de Acteal).

A propósito de la zona norte, donde Paz y Justicia ya hizo historia (en los anales de la infamia), Miguel Angel de los Santos reitera su crítica a los llamados "acuerdos de reconciliación" que el gobierno salazarista ha promovido en la región chol. "No buscan hacer justicia. Caminan por otro sendero y promueven que víctimas y victimarios se den la mano, se reconcilien, sin hacer justicia en ningún sentido".

Recuerda que durante los diálogos de San Andrés el tema de la reconciliación era uno de los últimos. "Se asumía que de eso se podría hablar después de lograr acuerdos con el gobierno en relación con los derechos indígenas, de las mujeres, del acceso a la autodeterminación. Hasta entonces se podría hablar de reconciliación".

Sin embargo, la política oficial pretende lograr reconciliaciones por la vía del olvido, borrón y cuenta nueva, abdicando de su deber de hacer justicia. Los problemas principales no se resuelven, sólo se pone la yunta delante de los bueyes. Así, los desplazados que retornan a instancias gubernamentales, lo hacen perdiendo.

De los Santos relata: "Los llevan a sus comunidades de origen, donde perdieron sus tierras. Ya están 'reconciliados'. Pero ya no tienen dónde trabajar. Siguen amenazados por los mismos que antes. El gobierno sólo le dio garantías para el retorno".

Hoy nadie está allí para "acompañarlos", como lo hicieron con bombo y platillo los funcionarios hace unos meses. Viven en peligro, despojados. Por lo demás, miles de indígenas permanecen desplazados en Sabanilla y Tila. Sin justicia. Sin reparación. Sin respuesta.