Un cártel de la droga les ofreció dinero por proteger plantíos de mariguana: Sedena

Son ya 48 los militares investigados en Guamúchil

JESUS ARANDA

La Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) consignará a los soldados del 65 batallón, con sede en Guamúchil, por delitos contra la salud -en diversas modalidades- y ejercicio indebido de funciones en actos de servicio, trascendió en fuentes castrenses, las cuales precisaron que en las próximas horas se definirá la situación legal de los 48 militares sospechosos de esos actos ilícitos, diez de los cuales se encuentran detenidos en el penal de la tercera Región Militar.

La Secretaría de la Defensa Nacional reveló, por su parte, que un cártel del narcotráfico ofreció dinero a los soldados por la protección de plantíos de mariguana en la zona de Badiraguato, Guamúchil y San Javier, en el estado de Sinaloa, por lo que no se descarta que el intento de soborno abarcara también a oficiales de alto rango.

Oficialmente la dependencia ha dicho que las principales acusaciones recaen sobre un teniente -prófugo-, un subteniente y un oficial de tropa como los principales culpables, aunque la sospecha sobre la actuación de altos jefes se mantiene.

Por otro lado, fuentes militares no descartaron que el alto mando de la Defensa Nacional aplique al menos sanciones administrativas al coronel que se desempeñaba como comandante del 65 batallón -cuyo nombre no ha sido revelado por la procuraduría militar-, así como al comandante de la novena Zona Militar con sede en Culiacán, general José Enrique Ortega Iniestra, por incurrir en omisión en el mantenimiento de la disciplina y orden de sus subordinados, y por falta de capacitación y adiestramiento.

Por otra parte, según información oficial, la investigación se inició a partir de que el secretario de la Defensa Nacional recibió denuncias anónimas de que soldados protegían plantíos de estupefacientes en las zonas señaladas. El jefe de estado mayor de la Defensa en el sexenio pasado y actual comandante de la tercera Región Militar, Juan Heriberto Salinas Altés, recibió la instrucción de investigar, y luego de encontrar elementos suficientes dio parte a la PGJM.

De acuerdo con el Código Penal Federal -que se aplica de forma supletoria al Código Militar-, los acusados podrían recibir sentencias hasta por 25 años por delitos contra la salud, mientras por ejercicio indebido de funciones las penas van de ocho meses a ocho años de prisión.

Otras fuentes castrenses indicaron que es "normal" que cuando los elementos de una base de operaciones -son alrededor de 40 elementos-, bajan de la sierra después de más de 30 días de erradicar cultivos ilícitos, les sean revisadas sus pertenencias y vehículos utilizados en sus operaciones para detectar si traen droga consigo. Se informó que después de realizar exámenes toxicológicos a los soldados del 65 batallón se descubrió que 40 de ellos eran adictos, además de que les fueron realizadas pruebas con polígrafo en las que muchos de ellos cayeron en contradicciones. Con base en estos datos fue que se ordenó la detención de los 48 elementos que son investigados, de los cuales diez ya están en prisión. Se espera que la situación legal de los detenidos se defina en las próximas horas.