Exigen ejidatarios devolución o pago justo por las tierras expropiadas en Playa Diamante en 1992

MISAEL HABANA DE LOS SANTOS CORRESPONSAL

Acapulco, Gro., 9 de octubre. Huizaches, nopales y maleza crecen en las cinco hectáreas y media de Playa Diamante que son propiedad del senador panista Diego Fernández de Cevallos, las cuales originalmente fueron expropiadas por el gobernador José Francisco Ruiz Massieu "con el objetivo de promover el fomento y el desarrollo de la actividad turística en la entidad".

Cerca de los dos lotes propiedad del jefe Diego se construye, desde hace poco más de 10 años, una zona exclusiva de condominios y hoteles de gran turismo, en el lugar que alguna vez fue tierra de pequeños propietarios y de centenares de ejidatarios viveristas en el predio conocido como La Zanja, quienes de pronto se vieron despojados de sus espacios por el entonces gobernador priísta, a quien la izquierda guerrerense bautizó como ''el déspota ilustrado''.

Según la escritura 348, realizada el 19 de marzo de 1993 por el notario público número 15, Sergio Olvera de la Cruz ?el ''fedatario de confianza'' de Ruiz Massieu que escrituró todos los terrenos expropiados y luego los enajenó en beneficio de particulares, como acusa el diputado federal perredista Félix Salgado Macedonio?, los terrenos fueron adjudicados por la Promotora Turística de Guerrero (Protur) en pago a Diego Fernández de Cevallos, "libres de todo gravamen y limitación, al corriente en el pago de todos sus impuestos y derechos, los lotes C-4 y C-8, ubicados en la zona turística conocida como Playa Diamante".

En ese documento, que está en el Registro Público de la Propiedad del distrito de Tabares, con el folio de derechos reales número 19 mil 876, de fecha 27 de febrero de 1985, no se precisa el valor del predio, toda vez que las tierras ejidales a la orilla de la playa fueron adjudicadas a Fernández de Cevallos mediante un convenio de dación con el propósito de indemnizarlo por parte de Protur, organismo público descentralizado del gobierno del estado de Guerrero.

Protur fue creada por la Ley de Fomento Turístico mediante decreto publicado en el Diario Oficial del estado de Guerrero el 17 de agosto de 1987, para "promover el fomento y el desarrollo de la actividad turística en la entidad".

El organismo descentralizado fue promovido por Ruiz Massieu para "administrar las reservas territoriales destinadas a los proyectos turísticos y para ejecutar las obras de infraestructura y equipamiento respectivos" en las tierras expropiadas a ejidatarios y a pequeños propietarios, cuyas tierras comprendían desde Punta Diamante, que se encuentra en Puerto Marqués, hasta los bordes del río Papagayo.

El director de Protur, Adrián Cordero García, fue socio de Ruiz Massieu y ambos "amasaron fortuna comprando terrenos a décimas de centavos a los expropiados para luego venderlas a 600 dólares el metro cuadrado por conducto de la inmobiliaria Marsur, empresa creada por ellos mismos", dice una de las expropiadas, Leticia Olmedo Palma, nieta del anciano patriarca Sabino Palma, propietario de la mayor parte de los terrenos de Playa Diamante, quien murió en el 2000, cuando iba a cumplir 120 años.

Las playas del ejido de La Zanja les fueron arrebatadas a sus auténticos dueños por el decreto expropiatorio del 12 de junio de 1992, expedido por el Poder Ejecutivo del estado en favor de Protur. Precisa la escritura que "dicho predio está formado por varios polígonos, con una superficie total de 240 mil 661 metros 12 centésimos".

El terreno conocido como Desarrollo Turístico Marsur fue subdividido en varios lotes, entre los cuales se encuentran el C-4, de 53 mil 418 metros cuadrados, y el C-8, de 2 mil metros cuadrados, propiedad de Fernández de Cevallos, mismos que colindan con la vialidad principal del conjunto Punta Diamante, donde se encuentran hoteles como Mayan Palace, Torres Playa Mar y Condominio Diamante. Una zona que comienza a poblarse con lujosos edificios en condominio para gente con altos ingresos y diseñada arquitectónicamente pensando en Miami.

Mediante el decreto expropiatorio número 86, del 9 de octubre de 1987, e inscrita en el Registro Público de la Propiuedad en el folio de derechos reales con el número 29 mil 850, de fecha 8 de febrero de 1988, se expropió en favor de Protur, "por causas de utilidad pública", al señor Carlos Antonio García López, una fracción con una superficie de 15 mil 884 metros cuadrados y otra de 247 mil 475 metros cuadrados de los terrenos que hoy se conocen como Playa Diamante.

Muchos dueños de los predios fueron obligados a aceptar la expropiación por la coacción o de plano la represión; a cambio se les ofrecieron terrenos en lugares apartados, como en el municipio de San Marcos, dicen en una reunión que parece asamblea ejidal los más de 40 nietos de Sabino Palma, quienes reclaman a las autoridades estatales la devolución de sus tierras o el pago en efectivo de los terrenos que Protur ha vendido a gente poderosa política y económicamente, como el ex presidente Ernesto Zedillo, o a grandes empresas a más de mil dólares el metro cuadrados.

Allí el grupo Mexicano de Desarrollo, SA de CV construyó la infraestructura urbana que recorre toda la península de lo que se llama Punta Diamante y que daría nombre al proyecto de modernización y diversificación turística de Ruiz Massieu.

Así, Protur adjudicó en favor de Diego Fernández de Cevallos, los lotes C-4 y C-8, ubicados en la zona turística de Playa Diamante. Protur, además, pagó "los honorarios, gastos y todo tipo de impuestos, derechos o cooperaciones que resulten directa o indirectamente por el otorgamiento de la escritura y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así como los que resulten de la subdivisión que conforme al plan de desarrollo urbano realice el adquirente o sus derechohabientes".

De igual forma, Protur estableció un compromiso donde "se obliga frente al adquiriente a obtener del H. Ayuntamiento de Acapulco una exención del impuesto predial respecto de los inmuebles a partir de esta fecha y hasta que hayan transcurrido dos años de la conclusión y puesta en operación de todos los servicios e infraestructura del fraccionamiento en que se ubican los predios". El presidente municipal de entonces era el actual gobernador del estado, René Juárez Cisneros.

En la octava cláusula queda establecido que "las partes convienen expresamente que con la dación en pago que el presente instrumento convenga, se da el señor Diego Fernández de Cevallos por pagado de todas las cantidades a que pudiera tener derecho".

El 28 de abril de 1993 firmaron el citado documento Cordero García y el presunto donador de los terrenos, Carlos Antonio García López, dueño de las funerarias García López ?donde apareció el cuerpo de Amado Carrillo, narcotraficante conocido como el Señor de los cielos? en favor de Diego Fernández de Cevallos, "soltero, abogado, con domicilio en Virreyes 810, Lomas de Chapultepec".

El diputado Félix Salgado Macedonio, citando la décima cláusula de las escrituras de los predios, dice que "en la interpretación, ejecución y cumplimiento de este convenio, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad y puerto de Acapulco, renunciando al fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa que pudiere invocarse".

Con base en ello, expresa que por las irregularidades encontradas en las escrituras de dación ha interpuesto una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que "actuantes y cómplices sean castigados".

Incluso, anunció que solicitará el desafuero del senador Diego Fernández de Cevallos y que pedirá ante la PGR un juicio de procedencia contra el panista, "para que venga responder a los tribunales de Guerrero sobre esta escrituración completamente ilegal".

Asimismo, solicitará también a la misma procuraduría que investigue al ex director de Protur, Adrián Cordero García, ahora testigo protegido de la PGR en delitos de narcotráfico, y al donador de los lotes ahora propiedad del senador panista, "quien es socio de Diego, y exijo que se aclare esa extraña asociación de un político que dice defender los intereses de la nación y que de repente le gana juicios al propio gobierno y luego se le ve asesorando a gente de dudosa conducta".

Por el asunto de Playa Diamante ya ha corrido sangre, según Salgado Macedonio, pues, dice, "el contralor general del gobierno de René Juárez Cisneros, José Manuel Armenta Villegas, fue asesinado con ráfagas de rifles cuerno de chivo, ya que estaba metiendo la nariz en el asunto y se sospecha que gente del Grupo Mexicano de Desarrollo, que son los que traen pleito con los ejidatarios de Puerto Marqués, son los que lo mandaron eliminar por medio de un grupo de policías judiciales conocido como la banda de los Jettas negros. Se habla también de que el gobernador, por conducto de algunos de funcionarios, pidió que no se hiciera ruido sobre el tema".

Mientras tanto, centenares de ejidatarios afectados por las expropiaciones, auténticos dueños de los terrenos que ahora valen millones, esperan que las autoridades les regresen sus propiedades, algunas enmontadas y sin ninguna utilidad pública, como se argumentó en el decreto expropiatorio de Ruiz Massieu, entre ellas las que reclaman los más de 40 nietos del patriarca de Puerto Marqués, Sabino Palma.