Incrementan desigualdades

Condenan procesos de integración en las Américas

ALMA E. MUÑOZ

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), mediante una declaración política, condenó los actuales procesos de integración en las Américas, particularmente los tratados de libre comercio, porque este tipo de mecanismos -en los cuales incluyó el Plan Puebla-Panamá- incrementan las desigualdades entre los pueblos y confieren a las empresas trasnacionales y nacionales un poder que en la práctica conlleva violaciones a las garantías individuales.

Después de tres días de sesión en la ciudad de México, miembros de la agrupación -que integra a 150 organizaciones de 90 países- subrayaron que el actual modelo económico establecido a nivel gubernamental contribuye a la "extensión de la pobreza y la extrema pobreza".

Lo anterior porque, sostuvieron, los acuerdos comerciales son elaborados esencialmente por los poderes ejecutivos de los estados, en muchas ocasiones con la colaboración del sector empresarial, "excluyendo a los representantes electos y a la sociedad civil, lo que manifiesta el carácter antidemocrático e ilegítimo de los mismos".

Aquí ubicaron la pretensión institucional de poner en marcha el Plan Puebla-Panamá (PPP). Y para hacer frente a esta determinación, los miembros de la FIDH se pronunciaron por un proceso de integración centroamericano para "exigir el respeto a los derechos humanos y apoyar iniciativas en este sentido, como la movilización contra el PPP, prevista para el 12 de octubre próximo".

También acordaron proponer, ante los gobiernos del continente, sustituir ese esquema por un mecanismo de integración regional o un tratado comercial donde "uno de los ejes fundamentales sea el principio de seguridad alimentaria", además del respeto y protección para el resto de las garantías: trabajo, libertades sindicales, salud, educación, seguridad social, alimentación, cultura, propiedad, acceso a recursos naturales, medio ambiente sano y otros.

En este sentido determinaron trabajar estrechamente con los pueblos indígenas de Centroamérica y presentar demandas ante la Organización Internacional del Trabajo, denunciando las violaciones al Convenio 169 con los "megraproyectos incluidos en el PPP".