Alfredo Sánchez Palafox

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Algo está pasando en la pesca mexicana. La actividad se encuentra inmersa en un remolino de conflictos muy serios que podrían amenazar la paz en las costas del país. Los problemas económicos de los productores pesqueros están haciendo estragos en la vida diaria de las comunidades ribereñas.

Si usted se fija y recuerda un poco, desde hace ya más de una década, cada año, desde los meses de marzo-abril hasta los de septiembre-octubre, los periódicos nacionales y locales dan cuenta, con mayor frecuencia y profusión que antes, de movilizaciones de grupos de pescadores (por diversos motivos relacionadas con la problemática de la pesca) ante las autoridades. Esta situación se presenta recurrentemente en muchos de los estados costeros como Sinaloa, Campeche, Tamaulipas, Sonora, Nayarit, Baja California Sur y Yucatán. Es la disputa por los recursos.
 

Vista del puerto de Topolobampo, Sinaloa

El diccionario del uso la lengua española registra: orden, del griego: orth = recto. Ordenar: poner una cosa en orden. De ahí también deriva ordenamiento, acción de ordenar, mandar. Pero, más allá de sus muchos significados en el sentido literal del vocablo, lo que está en el trasfondo es su contenido ético, su sentido valorativo del actuar: la responsabilidad. Porque la responsabilidad y el correcto ordenamiento de las cosas son dos categorías que constituyen la base fundamental para emprender con seriedad cualquier acción en la vida social, económica, política y ecológica, añadiríamos, pues en la pesca (como en la acuacultura y algunas otras actividades productivas) las interacciones entre economía y ecología se manifiestan cada vez con mayor frecuencia y crudeza.

Por eso, no es casualidad que la FAO haya planteado en el Código de Conducta para la Pesca Responsable la necesidad imperativa del ordenamiento de la actividad pesquera como una condición insoslayable para lograr una pesca sostenible en los mares del mundo. Recordemos que México fue uno de los países protagonistas en la promoción y aprobación de dicho código, en Cancún, en 1992.

El ordenamiento pesquero es un tema importantísimo en la estrategia institucional de ordenamiento de la zona costera, donde también se debate la cada vez más compleja problemática de los humedales (estuarios, playas, marismas, manglares, etc.) y su permanencia como ecosistemas clave para la reproducción y crianza de muchas especies acuáticas de la costa marina.

Nos interesa reflexionar un poco sobre la ingente (y urgente) necesidad de alcanzar un verdadero ordenamiento pesquero en esta actividad económica. Tema central en la agenda pesquera que aún sigue pendiente, y que se ha convertido en un muro, hasta ahora insalvable, para el diseño y aplicación de una estrategia y un programa de ordenación que al menos frene el deterioro de los recursos y saque a la actividad de la situación tan crítica en que se encuentra.

Y ¿qué es lo que se debe de ordenar?, ¿para qué? Según muchos análisis, los principales problemas de la pesca son básicamente tres: a) la sobreexplotación de los recursos, b) la sobrecapitalización de la actividad y c) el conflicto social. Todos ellos se derivan, en su mayor parte, de la aplicación de un excesivo esfuerzo pesquero. El papel del ordenamiento es mantener este esfuerzo en un nivel que evite la sobreexplotación y no se dañe el recurso; que no resulte en problemas económicos (la sobrecapitalización y otros), y, finalmente, que evite los conflictos entre productores. Pero se debe también evitar el uso de sistemas de pesca nocivos para otras especies y el lecho marino. Se ordena entonces: cuánto se pesca, por cuántos, cómo y dónde.

El esfuerzo pesquero proviene no sólo de los pescadores legalmente reconocidos, sino también de los ilegales. Así, en cuanto a los primeros, habrá que regular su número y, de los segundos, evitar su operación. Y en estas dos grandes acciones radica la dificultad y el fondo del problema.

Aparentemente, para las autoridades pesqueras el ordenamiento pesquero es un problema administrativo en el cual las actividades de registro, emplacamiento de embarcaciones, así como la credencialización, censos de pescadores, etcétera, por sí mismos, constituyen el ordenamiento. Así, toda aquella pesquería que cumpla con esos requisitos será una pesquería ordenada administrativamente...

Aunque nadie podrá objetar el propósito de contar con un registro actualizado de pescadores, el problema del exceso de esfuerzo pesquero legal no se resuelve simplemente con registros o emplacamiento. En todo caso, es lo menos que se esperaría tener después de tantos años.

Mas el ordenamiento no puede quedar sólo en un registro administrativo, y luego declarar que se tienen tantas o cuantas pesquerías ordenadas administrativamente sin promover alguna acción eficaz para controlar el esfuerzo. Ésas son declaraciones que en nada contribuyen a los propósitos del cambio de las "nuevas" autoridades del ramo.

Ahora bien, ¿cómo limitar o controlar el acceso a los recursos? Ésta es una de las grandes preguntas a responder cuando se trata de los bienes de uso común y libre acceso, como los pesqueros. Una de las formas jurídico-administrativas más socorridas en nuestro país ha sido, desde hace muchos años, la de los permisos y concesiones "para dar seguridad jurídica a los productores", reza la frase tan invocada... Lo que no está del todo claro son los criterios para su expedición y otorgamiento cuando lo solicitantes han satisfecho todos los requisitos de ley.

Esto siempre ha sido un acertijo que debe ser iluminado a la luz de la transparencia administrativa. Hay que hacer pública toda esta información actualizada relativa a los permisos y concesiones y evitar la discrecionalidad en su otorgamiento, junto con el Registro Nacional de Pesca (RNP), donde se incluya también la información de la flota.

El desorden histórico en cuanto al control del esfuerzo pesquero legal que ha venido imperando en esta actividad ha llegado a niveles preocupantes. En primer lugar, por lo que en términos de gobernabilidad y control de la actividad implica y, en segundo, por las gravísimas consecuencias que puede acarrear una pesca desbocada.

El ejemplo más claro es la pesquería del camarón (junto con la del abulón y los tiburones costeros) donde se muestra de manera más palmaria el deterioro del recurso. Según las investigaciones del Instituto Nacional de la Pesca, éste ya muestra signos rotundos de sobreexplotación. Estamos hablando de la pesquería más importante del país en valor económico.
 

Lanchas de pescadores en isla Mujeres Foto: Michael Calderwood

En Campeche, dicha pesquería se encuentra prácticamente en el colapso... Vamos a ver cuánto tiempo nos dura el stock de camarón café de Tamaulipas con toda la flota local más la campechana encima. Juntas suman alrededor de 550 barcos. Sinaloa tampoco está viviendo sus días más felices. Díganlo si no las bajas en las capturas y los consecuentes problemas financieros por los que actualmente atraviesa el sector.

Nos estamos refiriendo a la pesca legal. Pero la manifestación más cruda de la problemática la constituye ilegal (furtiva o no, pues hay lugares donde la captura y el comercio ilegal, desde hace muchos años en algunas localidades, se hacen a ojos vistas) que ninguna autoridad impide. Aquí lo que asombra es la dimensión del fenómeno; ejemplos abundan en cualquiera de los estados costeros: Sinaloa, Nayarit, Laguna Madre en Tamaulipas, el sur de Sonora.

Es bien sabido que algunos de los factores que más provocan la ilegalidad son la corrupción y el desempleo que incrementa y recarga los niveles del esfuerzo pesquero debido a tantos pescadores en activo, muchos de ellos improvisados y aguijoneados por el hambre y la necesidad, que en temporada se lanzan a la pesca del camarón en la ribera marina y las lagunas costeras. Además, el recurso conjuga dos características envidiables: vulnerabilidad y buen precio.

Aquí queda de manifiesto la insuficiencia del personal de inspección y vigilancia para, cuando menos, frenar un poco la pesca ilegal. La Conapesca informó de la contratación de 150 "oficiales de pesca" (así se les ha denominado a los otrora simples inspectores) para combatir la pesca ilegal en las costas del país. Habrá que imaginar, con todo y sus capacidades, honestidad y entrega de que se habla, qué tanto podrán hacer para detenerla.

Por lo que hace a la flota mayor de alta mar, ésta no constituye problema alguno. Es mucho más fácil para las autoridades controlarla; casi en su totalidad pertenece a los armadores y su número es muy pequeño comparado con la enorme cantidad de embarcaciones menores. Para 1999, las estadísticas oficiales reportaron un mil 971 barcos de la flota camaronera mayor y 102 mil 807 para la flota menor.

Es grande la complejidad de los problemas que tiene la pesca mexicana, tanto de orden jurídico, administrativo o económico, como científico, tecnológico, social y político. Esto se ha agravado por cambios impuestos en las políticas de gobierno, que en su momento dieron un giro radical a la política económica y social del país (particularmente durante los últimos dos sexenios) por la emisión de algunos ordenamientos normativos, como la revisión a la Ley de Pesca en 1992 donde las especies valiosas, reservadas a las cooperativas, fueron sacadas de su régimen de exclusividad, asestando con ello un durísimo golpe al sector social. O bien, por la incuria o venalidad de algún funcionario.

Las consecuencias sociales y políticas de esta decisión probablemente todavía no se han expresado en su manifestación más crítica; puede ser, también, que los problemas no pasen a mayores. Las nuevas condiciones políticas del país lo han determinado y se ha abierto el ostión de la democracia. Quedan, sin embargo, algunas cuentas pendientes por saldar con los pescadores.

Los politólogos dicen que cuando un gobierno no es capaz de cumplir adecuadamente sus responsabilidades, de actuar con justicia y hacer prevalecer el Estado de derecho ante la sociedad, ese gobierno tiene (o podría tener) problemas de gobernabilidad.

O ¿será que en verdad resulta más costoso intentar ordenar (la actividad), que dejarla como está como alguna vez nos espetara un pragmático político y ex funcionario? Ojalá que no.

Así pues, el gran problema del ordenamiento pesquero, con todo y sus dificultades: el desempleo desplazado a las costas, el hambre y la necesidad de los grupos mayoritarios de la franja costera, los obstáculos al orden..., le va a pasar la factura al "gobierno del cambio". Y vamos a ver en qué y qué tanto puede cambiar.