León Bendesky
Electricidad
El gobierno insiste en la necesidad de efectuar reformas que modifiquen decisivamente el curso de la economía. Se trata de tres enmiendas que aún tienen insuficiencias técnicas y de trabajo político para que se conviertan en leyes, y corresponden a los asuntos fiscal, energético y laboral.
En el caso del sector eléctrico están en consideración elementos técnicos sobre las condiciones actuales de generación y distribución de electricidad, y las necesidades futuras de abastecimiento para los consumidores industriales y residenciales. Esos argumentos técnicos no se pueden eludir, puesto que este país necesita que cuando la gente mueva el interruptor en su casa efectivamente haya luz, lo mismo en fábricas, sistemas de riego, oficinas, escuelas, hospitales y todo lo demás. Es un asunto de condiciones de vida, servicios, producción y eficiencia que no se puede rehuir. También hay que tomar en cuenta elementos financieros. Las inversiones para mantener y aumentar la capacidad de generación y distribución de energía eléctrica son muy elevadas, y la situación financiera del Estado mexicano se ha ido debilitando de manera larga y permanente. El tercer elemento, derivado de los dos anteriores, es el político. Tiene que ver con las formas de gestión de las empresas públicas, el sindicalismo y las concepciones dominantes de lo que corresponde hacer al Estado.
Si dejamos a la patria de lado por un momento, sobre todo en cuanto al asunto de si se vende o no, hay varios aspectos que se deberían considerar. En un mercado como el de la energía eléctrica lo relevante deben ser las formas de control que se aplican para su funcionamiento, de manera que se garantice el abasto, se controle el precio para los consumidores y se aseguren las inversiones para mantener y desarrollar la planta de generación y distribución.
Aquí los planteamientos comunes en torno de las experiencias de desregulación del sector eléctrico en varias partes del mundo tienen cuando menos dos aspectos que conviene tener a la vista. Uno se refiere a la noción convencional de la eficiencia de los mercados; entonces, I) la competencia es deseable por su efecto en la reducción de los precios; II) la desregulación mejora las condiciones de servicio; III) disminuyen los costos de transacción por la diferenciación de los consumidores; IV) los mercados abiertos y competitivos llevan a la mejor situación general posible. Esto es parte de la sabiduría convencional, pero el otro aspecto de la gestión del sector eléctrico tiene que ver con los resultados obtenidos.
Las evidencias no son concluyentes en cuanto a los resultados positivos de la desregulación. Para algunos la situación en varios mercados regionales de Estados Unidos ha sido favorable, lo que ha llevado a minimizar la situación de California, donde se sostiene que las empresas crearon artificialmente el desabasto, como habría ocurrido también con el gas natural en Texas. Para otros el caso inglés es uno de los más avanzados en la desregulación, pero con efectos muy discutibles en cuanto a las condiciones propias del mercado y los beneficios para los consumidores. Se dice que los precios de la electricidad en 1998 fueron elevados antes de la privatización para que se mostraran mejores resultados en los años siguientes, en los que además coincidió la rebaja del carbón, que es uno de los insumos básicos. En España la privatización no ha funcionado como se planeó, y los altos precios que fijan las empresas que deberían surtir a los grandes consumidores han hecho que la mayoría de éstos usen el servicio de tarifa de la empresa eléctrica del Estado.
En México la propuesta de reforma abriría la capacidad de generación a empresas privadas para surtir a los grandes consumidores de energía eléctrica, que son alrededor de 400, mientras que la Comisión Federal de Electricidad mantendría el servicio residencial y la red de distribución. Con eso se espera que haya suficiente inversión para generar más electricidad a precios competitivos y con una menor exigencia de recursos para el gobierno. Pero, Ƒqué pasará con la operación de un mercado segmentado entre los productores privados y la CFE? ƑCómo se garantizará un nivel suficiente de competencia en el segmento privado para reducir los precios? ƑCómo se controlará la eficiencia general del sector eléctrico, ante la posibilidad de control sobre la oferta que tendrán las empresas privadas? ƑCómo se prevendrán las presiones de esas grandes industrias para obtener mayores concesiones en el mercado? ƑCuál es el futuro de la CFE? ƑQué efecto tendrá la reforma eléctrica en el resto del sector energético, es decir, en el petróleo y el gas natural? Todo esto parece aún poco claro en el debate.
A los criterios de racionalidad económica de la reforma del gobierno se contrapone la racionalidad política, y ésta indica que los procesos de desregulación en México han sido muy ineficientes. La población tiene también su propia racionalidad, que se basa en la experiencia de los bancos, la apertura comercial, las telecomunicaciones y el sistema de pensiones. Esto no se puede ignorar más que en nuestro propio perjuicio.
