Sería por homicidio calificado, que prescribe, y no por desaparición forzada, dice

Una triquiñuela, el juicio contra Quirós Hermosillo, Acosta Chaparro y Barquín Alonso: Rosario Ibarra

Es un "signo contradictorio" del gobierno, considera Edgar Cortez, del Centro Pro

GUSTAVO CASTILLO Y CLAUDIA HERRERA

El juicio contra los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, así como del mayor Francisco Javier Barquín Alonso, es una "triquiñuela" del Ejército, porque los juzgará por homicidio calificado, que es un delito que tiene prescripción, y no por desaparición forzada, que no tiene caducidad, afirmó Rosario Ibarra de Piedra, dirigente del Comité Eureka.

Agregó que no sólo Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y Barquín Alonso son responsables de las 143 muertes que documentó la Procuraduría General de Justicia Militar, sino también el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Enrique Cervantes Aguirre, y el ex presidente Luis Echeverría Alvarez.

Por su parte, Edgar Cortez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aseguró que es un "signo contradictorio" que la Procuraduría General de Justicia Militar haya hecho la consignación sin esperar el desarrollo del trabajo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Político del Pasado, que encabeza Ignacio Carrillo Prieto.

Consideró que con este juicio, el Poder Ejecutivo federal "no parece dar signos claros" de que México se vaya a igualar a los criterios internacionales que establecen que los militares que cometan este tipo de delitos deben ser juzgados en tribunales civiles, y no castrenses.

También se debería juzgar a Echeverría y Cervantes Aguirre, opina doña Rosario

En tanto, la luchadora social, y quien junto con un grupo de familiares de desaparecidos ha exigido desde hace 30 años que el gobierno federal presente con vida a los integrantes de grupos armados que fueron detenidos por el Ejército y la llamada Brigada Blanca en los años 70, dijo que no sólo Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y Barquín Alonso son responsables de esas 143 muertes, sino también otros militares, como el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, quien estaba en Guerrero en esos años, así como el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, quien fungió como jefe supremo de las fuerzas armadas.

Consideró sospechoso que la Procuraduría General de Justicia Militar diga que 143 desaparecidos políticos en Guerrero fueron asesinados y arrojados al mar. "Parece que quieren darle carpetazo a las investigaciones diciendo que fueron aventados al mar y que no hay manera de identificar a las víctimas, cuando muchos de ellos fueron vistos con vida en el Campo Militar Número Uno".

Explicó que Barquín Alonso fue denunciado por familiares de víctimas cuando era sargento, lo que significa "que las autoridades militares sabían quién era, cómo actuaba y lo mantuvieron en el Ejército e incluso lo ascendieron de grado".

Para Rosario Ibarra, el propósito del Ejército es "lavar la ropa sucia en casa" y por eso es que publica fotografías de Acosta Chaparro cuando era joven, "lo que permite que nadie lo reconozca si sale ahora de prisión".

Puso en duda que los militares vayan a ser juzgados. "Estoy escéptica y muy enojada, hay compañeras de Guerrero (familiares de desaparecidos) que comparten conmigo la idea de que es plan con maña. No crea que es tan fácil; ahí entre ellos, con todas las triquiñuelas que tienen, no es tan fácil que vayan a aceptar la responsabilidad de todo. Además, arriba de ellos estaba la gente que mandaba al Ejército en Guerrero, que era Enrique Cervantes Aguirre (secretario de la Defensa en el gobierno de Ermesto Zedillo)."

-¿Considera usted que el proceso en el fuero militar podría abrir la puerta para un juicio en contra de ex funcionarios en el ámbito civil?

-¡No, cómo va a ser!, si la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas se ratificó apenas el año pasado, con una reserva que envió el presidente Vicente Fox y que además establece que los militares no serán juzgados por tribunales civiles.

"Si prepararon todo, es un plan con maña. De nada sirve el fiscal, de nada sirve todo lo que supuestamente ha venido haciendo la fiscalía para desaparecidos".

Por su parte, Cortez dijo que las acciones de la Procuraduría Militar ponen de nuevo a debate el tema del fuero militar, porque según los criterios internacionales, Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y Barquín Alonso deberían ser llevados ante un juzgado civil.

"Creo que es uno de los puntos en los que el Ejecutivo no parece dar signos claros de que vayamos a igualar nuestras leyes nacionales a las internacionales. Parece que hay la decisión de hacer prevalecer el fuero militar, en contradicción con los estándares internacionales".

Dijo que en estas investigaciones falta saber el punto de vista de los familiares de las víctimas que han estado ausentes, y que seguramente reclaman justicia y no un juicio "hermético en tribunales militares, que no son transparentes ante la sociedad mexicana".

Sobre el hecho de que los 143 guerrilleros fueran arrojados al mar, consideró que este aspecto se debe aclarar, porque podría tratarse de una estrategia para llevar la investigación a un terereno que no satisfaga el derecho de los familiares a la verdad y resulte favorable a los intereses de los miembros del Ejército.