Ojarsca 65  septiembre de 2002

umbral
Mientras la palabra presidencial queda reducida cada día más a meras palabras, el término "autonomía" va cobrando nuevos y muy concretos significados en todo el país. De ahí que el recurso de la represión violenta parezca crecerles en las manos a gobernadores, legisladores y dirigentes nacionales del PRI y del PAN por igual, con el talante más diazordacista que se recuerde en años.

Que lo digan todos los indígenas y campesinos muertos, apaleados o encarcelados en estos últimos meses por los regímenes del hoyhoy y el "cambio". En Veracruz, Oaxaca, estado de México, Morelos, Yucatán, Chiapas, el gobierno ejerce una elocuente fuerza militar, policiaca y paramilitar, para enseguida culpar a los pueblos de la violencia que padecen.

De esta manera, el Estado mexicano comete una doble violencia legal contra las comunidades y pueblos indígenas, y contra cualquier expresión civil de verdadera resistencia. Pero, a callar pollos pelones, ¿no ven que ya les echaron su maiz? Ya somos una democracia (y muy moderna, faltaba más).

Con los ingredientes "globalizados" y neoliberales del caso, el gobierno foxista y sus socios refrendan el mismo desdén histórico que han tenido prácticamente todos los gobiernos nacionales hacia los pueblos indios. ¿Qué va del porfiriato pre-priísta al foxismo después del PRI? Mientras Díaz no tenía empacho en guerrear contra los mayas y yaquis en plan genocida-pero-modernizador, hoy se continúa y agudiza la guerra zedillista contra los indígenas mesoamericanos: militarización, sistemática negación de justicia, utilización contrainsurgente del gasto público y las políticas llamadas sociales. Visto desde los de abajo: ¿dónde está el cambio?

¿Alguien sacó ya la cuenta del número de indígenas asesinados en México, por razones políticas, desde que Vicente Fox conquistó Los Pinos? Han entrado en operación un buen número de asesinos "circunstanciales", de los cuáles prácticamente todos siguen impunes. De Ixhuatlán a la selva Lacandona, pasando por Texcoco y la sierra oaxaqueña, el mensaje es implícito pero inequívoco: la impunidad está garantizada. A fin de cuentas, policías "descontrolados", paramilitares y caciques sólo hacen el trabajo sucio.

En el México invisible, el de los pobres, se libra actualmente una guerra informal en forma contra los pueblos, de la cual no se han enterado José Murat, Miguel Alemán Velasco, Pablo Salazar Mendiguchía ni Vicente Fox (por mencionar algunos). La escalada violenta, huelga decirlo, apenas aparece registrada en los grandes medios de comunicación, como no sea para justificar o abonar el camino represivo.

Así, en concordancia con lo realizado por los otros dos Poderes de la Unión, la Suprema Corte de Justicia preferió este septiembre declarar su incompetencia en materia de derechos indígenas y dejar las cosas donde estaban. Como si las cosas estuvieran en alguna parte.

Las leyes nunca han sido para los pueblos originarios. ¿Por qué habrían de serlo ahora, cuando el país está cambiando (pero de dueños)? El nuevo padre de la patria será Antonio López de Santana, y el nuevo jefe máximo de México podría llamarse George W. Bush (o lo que dicha franquicia signifique). Nuestros gobiernos han devenido simples gerentes regionales de una guerra global que, nos dicen, es necesaria, legal y democrática. Que, por cierto, no se llama guerra sino "búsqueda de la paz".



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