Álvaro Uribe Vélez tomó posesión como presidente de Colombia en medio del ruido de cohetes lanzados por la guerrilla contra la casa de gobierno. El estruendo fue el inicio de una confrontación bélica a gran escala, financiada con nuevos impuestos, apoyada por espías del gobierno apostados en carreteras y campos, y con la promesa de un “revolcón institucional” del Estado como telón de fondo
 
 

BOGOTA. En la mañana de 7 de agosto Alvaro Uribe Vélez concedió, a una emisora de radio, una entrevista ligera y llena de anécdotas que más parecía una charla de amigos. Una de las tantas cosas que contó ese día -a pocas horas de jurar como presidente de Colombia- tenía que ver con una prueba de fortaleza y valentía que le impuso su padre cuando era joven.

El Presidente relató que en cierta jornada en el campo, en una de las fincas de su familia, su padre le ordenó que recibiera de rodillas y con un trapo en la mano, a manera de capote, un toro de más de 300 kilos de peso, que debía entrar en el corral arriado por los vaqueros de a caballo.

Tras varios intentos para que el animal entrara en el corral, Uribe decidió ponerse de pie pero su padre le clavó una mirada que lo dejó anclado en el suelo. Ahí lo encontró el toro cuando por fin lo hicieron entrar y Uribe lo recibió con un pase toreril de desplante, con el que sintió los 300 kilos rozándole el cuerpo. Sólo se incorporó del suelo cuando su padre aprobó que lo hiciera con otra mirada. Había pasado la prueba de valentía.

A las 15 horas del día de la entrevista, Uribe bajó de una camioneta blindada para ingresar al Capitolio. En las escalinatas lo esperaba el presidente del Senado. Apenas traspasó el umbral sonó un estruendo de bomba y Uribe ni se inmutó. No había nada que reflejara en su rostro alguna mueca de susto o temor. Caminó tranquilo en busca del Salón Elíptico, saludó de mano a la gente que le hacía una valla de honor, entró en el recinto y se posesionó. Unos 40 minutos después se enteró por boca de los generales que el estruendo de la entrada se debía a un atentado con cohetes realizado por las FARC contra la casa presidencial.

De nada sirvieron los operativos policiales, el sobrevuelo de aviones de combate, el cierre del espacio aéreo y el cordón militar impuesto ese día en Bogotá para evitar cualquier atentado. La guerrilla instaló y apuntó tubos a manera de morteros en una casa a dos kilómetros del Palacio de Nariño y los disparó mediante equipos a control remoto. La mayoría de esos cohetes fueron a parar a un barrio de indigentes, llamado El Cartucho, a 800 metros de la casa de Gobierno. Allí murieron 21 personas y 70 más resultaron heridas. Era la primera vez que los guerrilleros tocaban el centro de poder con un proyectil de guerra y era la manera en que le daban la bienvenida al hombre que intentaron asesinar en 16 ocasiones durante la campaña.

A las seis de la mañana del día siguiente a su toma de posesión, el atentado y los muertos, Uribe llegó a Valledupar, cuna del vallenato. Estaba en esta cuidad del norte de Colombia para poner la primera piedra de una de las bases de su gran estrategia antiterrorista contra la subversión: la red de informantes al servicio del Estado.

Escogió Valledupar no sólo por la promesa que hizo cuando era candidato, sino porque la región tiene un récord de secuestros y retenes prohibidos, por parte de los alzados en armas, que nadie quisiera ostentar. Entre 2001 y 2002, los grupos armados secuestraron a 212 personas y en los últimos 19 meses inatalaron 87 retenes ilegales en las vías del departamento, de ahí que fuera escogido este pedazo del país para poner en marcha la red de informantes. El primer grupo lo conforman mil 220 personas, que no son otra cosa que los ojos de las fuerzas militares en 825 kilómetros de carreteras que unen a varias poblaciones de la región y de vastas áreas campesinas.

La red de informantes de carreteras y de zonas rurales, que para el final del mandato de Uribe debe llegar a un millón de personas, la integrarán, preferiblemente, bachilleres que hayan prestado el servicio militar obligatorio, algunos de los cuales portarán armas, y quienes por su trabajo recibieran una remuneración un poco más de 100 dólares al mes. Estarán bajo el mando de las fuerzas militares, recibirán instrucción para recoger, manejar y procesar información y el Estado se reservará su identidad.

“Si son uno o dos informantes, los matan. Pero si son miles y llegamos a un millón nos van a tener que matar a todos, si toca. Aquí no puede haber titubeos. Hay que romper el miedo y eso se logra con que todos nos involucremos”, dijo Uribe a los periodistas una vez que puso la primera piedra de lo que será la red.

El primer reporte, dos semanas después de instalada la red en el Cesar, señaló que en las tres carreteras, vigiladas por los ojos espías, el tránsito de camiones de carga y el transporte de pasajeros aumentó en un 43 por ciento. En ese tiempo no hubo retenes de la guerrilla. A ese golpe de efectividad le siguió la recuperación de dos vehículos articulados de gran tonelaje que fueron hurtados por delincuentes comunes, luego que se diera aviso a las autoridades.

“Hemos avanzado, pero nos falta mucho”, respondió Uribe, cuando le preguntaron por un retén de la guerrilla en el que se llevaron un camión lechero. También por el continuo abigeato de ganado y por el secuestro de 16 personas en el departamento del Cesar, todo esto después de instalada la red y en zonas donde no están sus ojos.

El gran temor con los vigías pagados es que se conviertan en algo parecido a las Convivir, unas cooperativas de seguridad privadas creadas a mediados de los noventa por orden presidencial, que tenían como finalidad apoyar a las fuerzas armadas en su lucha contra las guerrillas. Llegaron a su fin cuando se descubrió que algunas de estas organizaciones se salieron de madre y cometieron abusos de poder.

El tema de la red es apenas la punta del iceberg de la política del gobierno contra el terrorismo guerrillero y paramilitar, los altos índices de homicidios y secuestros y el desborde de bandas de delincuencia organizada. El 11 de agosto pasado, Uribe decretó el estado de conmoción interior en el país, medida contemplada en la Constitución, que otorga facultades especiales al gobierno para restringir algunos de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Las primeras medidas del decreto establecieron la interceptación de llamadas de teléfonos celulares y la creación de un impuesto 1.2 por ciento sobre el patrimonio líquido de 420 mil contribuyentes, entre empresas y personas con altos ingresos, con el que se recaudarían unos 800 millones de dólares. Con este dinero se podrá financiar el ingreso de 100 mil personas a la red, de 10 mil nuevos policías, la incorporación de 15 mil campesinos al servicio militar para que vigilen sus poblaciones y la creación de dos brigadas móviles del Ejército, cada una con más de 2 mil 500 hombres. También servirá para mejorar la dotación actual de las fuerzas armadas, aumentar el apoyo al sistema judicial y la Defensoría del Pueblo y para la creación de una gran central de inteligencia, que coordinará toda la información de los organismos de seguridad. Esta especie de CIA a la colombiana trazará políticas y estrategias de Estado para enfrentar el terrorismo guerrillero y paramilitar, bajo la coordinación directa del Presidente.

La estrategia de Uribe de “lucha contra los violentos” –que en los últimos cuatro años han realizado unos 300 ataques a poblaciones, estaciones de policía, brigadas y comandos militares– contempla entre otras acciones el bloqueo de cuentas bancarias de los grupos armados, pago de recompensas por información sobre el paradero de sus cabecillas, la confiscación de bienes producto del secuestro y la extorsión, y facultades de policía judicial al Ejército para que allane viviendas y recoja pruebas en zonas alteradas por la guerra.

“Trabajar, trabajar y trabajar” es el principal lema de Uribe desde antes de ser Presidente. Algunos medios de comunicación bautizaron las primeras semanas de gestión presidencial con el nombre de “ritmo frenético”. En las crónicas de esos primeros días se cuenta que apenas si pueden sostenerle el paso a Uribe algunos de sus ministros y colaboradores cercanos. Y relatan cómo se levanta en la madrugada, hace unos minutos de yoga, lee los periódicos y luego a trabajar.

En sus primeras dos semanas de presidencia, Uribe viajó a seis ciudades distintas del país, realizó dos consejos de ministros y tres consejos vomunales de gobierno, en donde se reúne con cientos de funcionarios locales para hablar y buscar soluciones a los problemas de las regiones. En esas reuniones, que pueden extenderse hasta nueve horas, escucha con atención a sus interlocutores y toma nota de lo que dicen. De vez en cuando saca unos frasquitos que carga y se lleva a la boca unas cuantas gotas. No se sabe qué contienen los frasquitos, pero se especula que se trata de esencias bioenergéticas con extractos florales recomendadas por una médica particular.

El pasado 17 de agosto presidió uno de esos consejos en Cúcuta, ciudad limítrofe con Venezuela. Uribe compartía mesa con el alcalde de la ciudad y el gobernador. Desde su silla escuchaba atento los problemas planteados por los asistentes a la reunión y cuando pasaron varias intervenciones hizo subir a un pequeño estrado a cada uno de los ministros para que respondiera a las inquietudes de la gente, propusiera salidas y se comprometiera con soluciones a corto y largo plazo. Finalizada la reunión, y luego de que Uribe ‘tiró línea’, se despidió de mano de cada asistente y se fue a Bogotá, a donde llegó a trabajar. Todo eso, sin mostrar asomo de cansancio.

Uribe es un hombre obstinado y meticuloso, que se graduó como agbogado en la Universidad de Antioquia, con estudios en finanzas la Universidad de Harvard y una especialización en estudios latinoamericanos en Oxford, a donde iba en bicicleta para ahorrar dinero. Camino a la presidencia ocurrió un hecho que lo mostraba de cuerpo entero. La organización de su campaña le dio una tarjeta de débito para que pagara sus gastos personales. Nunca la utilizó y puso el grito en el cielo cuando descubrió que en la cuenta faltaban 28 mil pesos (unos 11 dólares). Después se supo que eran cargos por manejo descontados directamente por el banco.

Ese estilo de asceta y ahorrador que Uribe llevaba en su vida privada prometió imponerlo en su gobierno. De entrada renunció a su pensión como Presidente, fusionó varios ministerios, está preparando una poda burocrática en todos las entidades del Estado y el cierre de embajadas y consulados en países con pocas relaciones comerciales y económicas. Y está a punto de darle un golpe al clientelismo, nombrando por concurso abierto a gerentes y directores de empresas y organismos del Estado en las regiones.

Para llevar a cargo sus reformas, Uribe se rodeó de gente tan carismática como él. Su ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, un exitoso abogado de causas extranjeras contra intereses del Estado, dará las peleas en el Congreso con su tono de mando tipo regimiento. En Salud y Trabajo nombró a Juan Luis Londoño, un experto en temas económicos y sociales, quien deberá buscar salidas para acabar con el desempleo que bordea 20 por ciento, y en Hacienda llamó a Roberto Junguito, ex funcionario del FMI, que tendrá que reducir el tamaño del Estado y mantener la economía a flote en un vecindario donde varios se han quebrado.

Pero su gran golpe de opinión, en cuanto a nombramientos, lo dio eligiendo como ministra de Defensa a Martha Lucía Ramírez, una experta en negocios internacionales y en el manejo de dineros del Estado, en un hecho sin precedentes en la vida de Colombia. Nunca una mujer estuvo a la cabeza de los militares.

Se sabe que ella va a administrar el dinero –tres puntos del producto interno bruto anual del país– y Uribe dará las órdenes. Recientemente, en la posesión de Ramírez, el Presidente le exigió a los militares “resultados concretos y a corto plazo” y no más ataques guerrilleros de horas y días enteros sin movimiento y respuesta de las tropas. Nadie les había hablado así.

Entre los militares a los que le habló ese día estaba el nuevo comandante de la Fuerzas Militares, el general Jorge Enrique Mora Rangel, un soldado curtido en la guerra y con gran ascendencia entre la tropa. Mora nunca sonríe y utiliza un tono enérgico cuando aparece ante las cámaras de televisión. Ese día estaba con él la nueva cúpula militar conformada por altos oficiales con hojas de vida llenas de distinciones y pechos henchidos de medallas ganadas en el campo de batalla.

El contraste en el gobierno Uribe son su vicepresidente, Francisco Santos Calderón, y el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo. El primero es un periodista que hasta hace unos años fue el jefe de redacción del periódico El Tiempo, el más influyente del país. ‘Pacho’, como le dicen sus amigos, es un hombre jovial e inquieto, que después de ser plagiado por Pablo Escobar en los noventa, inició una campaña civil para luchar por la liberación de secuestrado a través de una ONG llamada País Libre, que movilizó a miles de colombianos en marchas por las principales ciudades de Colombia.

Luis Carlos Restrepo es un prestigioso siquiatra que ha recorrido el continente dictando talleres sobre conflicto intrafamiliar, ternura, cotidianidad y reconstrucción del afecto social. Es un prolífico escritor de obras sobre estos temas. La más conocida es El derecho a la ternura, reditado 13 veces y traducido al italiano y portugués. Él tendrá a su cargo la posibilidad de una salida negociada al conflicto armado, que por ahora se ve lejano.

Hace unos días un taxista de Bogotá me preguntó cómo veía los primeros días del gobierno de Uribe. Le respondí que estaba expectante y que guardaba un pequeño margen de esperanza de que las cosas en el país iban a cambiar. Me comentó que no era el único que decía eso, todos sus pasajeros, sin excepción, opinaban lo mismo que yo en mayor o menor grado. Al bajarme del taxi pensé en Uribe y me pareció verlo de rodillas esperando el toro que se le venía encima.

* Periodista colombiano