martes 27 de agosto de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Dos dirigentes, denunciados por la CFE en vísperas de una marcha
UPVA acusa al gobierno de sabotear las movilizaciones de apoyo a Simitrio

Martín Hernández Alcántara n
La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre acusó al gobierno estatal de intentar sabotear las movilizaciones que tiene programadas para exigir que sean modificadas las restricciones decretadas contra el líder Rubén Sarabia Sánchez Simitrio después de su excarcelación, las cuales son violatorias de los derechos humanos, se contradicen o no son claras.

Una muestra de que el Ejecutivo local quiere bloquear las actividades de la asociación, dijo ayer en rueda de prensa Rita Amador, representante de los comerciantes, es la demanda que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interpuso contra dos dirigentes de la organización, Luis Fernando Alonso Rodríguez y Andrés Moreno Romero, responsabilizándolos de las pintas y destrozos perpetrados a instalaciones de la paraestatal el 24 de julio anterior, cuando la UPVA negociaba el pago de cuotas por el servicio de energía eléctrica.
La querella se promovió, abundó la declarante, en vísperas de la manifestación que mañana planea efectuar la 28 de Octubre en la ciudad de México para exigir, junto con otras organizaciones, que a Rubén Sarabia Sánchez Simitrio se le relaje gradualmente las restricciones impuestas desde que abandonó su encierro de 12 años -el 11 de abril de 2001- y tenga derecho a audiencia
Rita Amador explicó que la suposición de que hay una intención deliberada por perjudicar las acciones de presión de la UPVA surgió porque en la reunión que la asociación, los representantes de la CFE y el gobierno estatal tuvieron el 24 de julio acordaron que no habría represalias legales contra los comerciantes por los daños patrimoniales causados, y a cambio éstos no tramitarían demandas por las pérdidas que sufrieron cuando la paraestatal canceló el suministro de energía para el mercado Hidalgo, del 17 al 24 de julio pasado, provocando que los perecederos se pudrieran.
Además, agregó, hay contradicciones en la parestatal, pues Alonso Rodríguez y Moreno Romero estaban firmando el acuerdo con la CFE para liquidar las deudas de la 28 de Octubre, justo cuando se realizaba las pintas. De ese hecho fueron testigos Francisco Cortés, asesor de la subsecretaria de Gobernación estatal para Asuntos Jurídicos, Benita Villa Huerta y Raúl Hernández Valenzuela, gerente de la paraestatal.
"Aceptamos que hubo compañeros que pintaron ¡CFE, no más represión!, pero no destruyeron los cajeros, como dicen", sentenció la dirigente.
Rita Amador afirmó que cuando la 28 de Octubre le pidió al gobierno estatal que desistiera de la denuncia penal, las autoridades locales les respondieron que el asunto no era de su incumbencia, pues la Comisión Federal de Electricidad es un organismo federal.
Dijo que la UPVA está en zozobra porque las movilizaciones que tiene programadas puedan ser tomadas como pretexto por las autoridades para reprimirla o para volver a encarcelar a Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, quien cumple en el Distrito Federal un proceso de libertad preparatoria en condiciones anómalas.
De hecho, apuntó, funcionarios de la Subsecretaría de Gobernación para Asuntos Jurídicos -instancia ante la cual la 28 de Octubre hace las gestiones para mejorar las condiciones impuestas a Simitrio- le han dicho a los integrantes de la organización que sus manifestaciones y movilizaciones son "una provocación" para el gobierno, insinuando también que esa "incitación" puede pagarla Rubén Sarabia Sánchez.
"No queremos que la manifestación que vamos a tener en la ciudad de México sea considerada como una provocación y nos repriman, como ocurrió en 1995", dijo Rita Amador, recordando el año en que el entonces gobernador, Manuel Bartlett Díaz -hoy senador de la República Mexicana por el Partido Revolucionario Institucional- introdujo la fuerza pública en los mercados ocupados por la 28 de Octubre para desalojar a sus integrantes, provocando la pérdida de 2 mil fuentes de empleo.
Las nueve restricciones que le fueron impuestas a Simitrio -no abandonar su actual lugar de residencia, someterse a un tratamiento técnicopenitenciario que no le ha sido precisado y estar prácticamente al arbitrio de las autoridades, so riesgo de ser devuelto al encierro, entre otras- son las únicas que padece un preso de conciencia en toda la historia del país, dijo su cónyuge.