| Nueve funcionarios del
Instituto Estatal Electoral (IEE) fueron suspendidos de
sus funciones y la Contraloría Interna les inició
procedimiento administrativo para determinar si fueron
negligentes, causaron daño patrimonial o cometieron
peculado, informó el presidente del organismo, Alejandro
Necoechea, quien explicó que si la falta fue mayor
podrían proceder penalmente contra ellos, luego de que
el îrgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso
del estado hiciera observaciones a las finanzas del
órgano electoral. |
En entrevista, abundó que las
observaciones por 11 millones de pesos que realizó el
OFS de los recursos ejercidos por el IEE en el segundo
semestre del año pasado ya fueron solventadas al
presentar más de 5 mil fojas con las que el organismo
justificó los gastos de los municipios en los que por
sus propias condiciones económicas no expiden facturas.
Las observaciones en lo general fueron por falta de
documentos o porque los que había carecían del registro
fiscal, dijo.
Para tener una correcta comprobación de los recursos
ejercidos por el IEE, Alejandro Necoechea subrayó que
este año fue contratado un despacho de auditoría
externa que les ha permitido presentar su estado
financiero ante el OFS y la Secretaría de Finanzas en
los cinco primeros días de cada mes.
Agregó que en septiembre podría ser presentado en el
Consejo General del IEE el presupuesto que ejercerá el
instituto durante el siguiente año, monto que es de unos
40 millones de pesos, similar al que el Congreso Local
les ha aprobado para el presente año, en el que se
incluye las prerrogativas a partidos políticos por casi
16 millones de pesos.
El presupuesto -dijo- que presentarán el próximo mes
contempla el gasto que implican las actividades previas
al proceso electoral de 2004, como es la capacitación de
los órganos transitorios del IEE ubicados en los 26
distritos electorales locales.
Por otro lado, adelantó que el próximo miércoles la
secretaría general del IEE presentará el dictamen que
emitió la comisión revisora, luego de analizar las
pruebas que presentaron los partidos políticos para
solventar las observaciones que les hicieron por el
manejo irregular de las prerrogativas, a fin de que el
Consejo General determine qué partidos deben ser
sancionados por el Tribunal Electoral del Estado.
Por último, se pronunció a favor de que los diputados
locales reformen el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Puebla (Coipeep)
a fin de aplicar sanciones más severas a los institutos
políticos que utilicen de manera irregular los recursos
públicos o rebasen los topes de campaña, pues la
máxima pena que existe es el pago de 2 mil días de
salario mínimo.
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