"Tibieza" de autoridades para aplicar la ley, destaca diagnóstico oficial

Pendientes de solución, 25 conflictos religiosos y agrarios en Ixmiquilpan

Muy graves, 15 casos; podrían poner en riesgo las elecciones del 10 de noviembre, advierte

CARLOS CAMACHO CORRESPONSAL

Ixmiquilpan, Hgo., 25 de agosto. De acuerdo con un diagnóstico que elaboró el gobierno estatal, al momento prevalecen en este municipio indígena 25 conflictos agrarios y religiosos que no se han resuelto, en los cuales autoridades judiciales han actuado con "tibieza".

Según el documento oficial al que tuvo acceso La Jornada, se considera que 15 de esos casos son especialmente graves, y no se descarta que puedan poner en riesgo las elecciones locales a celebrarse el próximo 10 de noviembre, en las que se renovarán las 84 alcaldías de la entidad.

Para la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) la falta de autoridad ha propiciado dichos conflictos, que los indígenas ñañús -también conocidos como otomís- han debido enfrentar con base en sus usos y costumbres.

Uno de estos problemas, relativo al desabasto de agua, confrontó la semana pasada a afiliados a la UNTA con militantes panistas y representantes del gobierno municipal, que encabeza el alcalde priísta Cirilo Hernández Quezada.

En el citado diagnóstico se indicó por ejemplo, que Encarnación Ortiz, dirigente local de la Unión de Campesinos Democráticos -a quien durante el gobierno de Adolfo Lugo Verduzco se le canceló una diputación local plurinominal, por agredir al reportero gráfico Armando Loaiza Ortega-, detuvo los trabajos de ampliación de la autopista Pachuca-Ixmiquilpan, luego que el secretario de Gobierno, Miguel Angel Osorio Chong, le negó una audiencia.

Además se acotó que cuando viaja en carretera, el administrador del balneario El Tephé, José Huerta Vite, es escoltado por pistoleros oriundos del estado de México, armados con rifles de asalto R-15 y AK-47, de los llamados cuernos de chivo.

Huerta Vite fue candidato a diputado local por el distrito con sede en este municipio, bajo las siglas del PRD, y perdió por una diferencia de 2 mil votos ante el priísta Héctor Pedraza Olguín; sin embargo, en corrillos políticos se considera que tiene amplias posibilidades de ganar la alcaldía en las votaciones de noviembre entrante.

Otros problemas involucran a perredistas enfrentados entre sí como ocurre en Cañada Chica, donde Encarnación Ortiz mantiene una disputa con su correligionario Isidro Pedraza Chávez, dirigente estatal de la UNTA, quien apoya a Francisco Uribe, dueño de 10 hectáreas que fueron invadidas por labriegos. Ambos bandos se han enfrentado varias veces, debido a que no han intervenido al respecto autoridades como la Procuraduría Agraria, el Tribunal Unitario Agrario o el Ministerio Público Federal.

Un conflicto más que involucró a Pedraza Chávez sucedió el 5 de marzo anterior, cuando el dirigente estatal de la UNTA agredió a balazos a Florentino Jagüey Cerro, por una disputa de 600 hectáreas ejidales, entre militantes de la citada organización y del PRD.

Otro ejemplo de la desatención a problemas en Ixmiquilpan ocurrió en enero pasado, cuando integrantes del PRD secuestraron una camioneta pick up modelo 1996, propiedad del gobierno del estado. A pesar que el Ministerio Público ha solicitado a los perredistas que entreguen la unidad nada se ha logrado, y las autoridades municipales se han quejado de que el Ministerio Público del Fuero Común "no ha actuado para aplicar la ley en este delito, tipificado como robo".

A partir de estos asuntos, la semana pasada se organizó un encuentro urgente entre las autoridades judiciales y del gobierno estatal, en el cual se concluyó que "es urgente aplicar la ley", a riesgo de que se cancelen los comicios de noviembre próximo.