Luis Hernández Navarro

Atenco, la hora de la razón y del triunfo

La retirada es la más difícil, y a veces la más sabia de las maniobras militares. Su realización requiere orden, precisión y disciplina para que no provoque desmoralización, desbandada y desorganización del ejército que la efectúa.

La decisión gubernamental de iniciar los trámites conducentes para dejar sin efecto los decretos expropiatorios que afectan tierras ejidales de los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán es una retirada oportuna. Su posición en los tribunales y en la opinión pública era adversa; las posibilidades de modificarla en su favor, remotas. El tiempo corría en su contra. Las acciones que intentó en la última etapa del conflicto, desde aumentar el precio de la tierra hasta inventar interlocutores a modo para simular la existencia de un grupo de campesinos favorables a la venta de la tierra, fracasaron. Mantener la decisión de construir el nuevo aeropuerto en Texcoco habría obligado al Ejecutivo a pagar un precio políticamente muy alto.

El gobierno de Vicente Fox tomó esta medida en un momento muy delicado. La utilización del viaje del Papa para montar una ofensiva de largo aliento contra el Estado laico y la secularización de la política nacional provocó efectos encontrados. Dividió y polarizó a la sociedad mexicana. Simultáneamente, le generó simpatías entre una parte de la población católica inmersa en el fervor religioso.

A pesar de las expectativas de Fox y de algunos creyentes de mantener vivo el efecto papal de concordia, éste culminó con la salida del pontífice del país.

Ni la Iglesia católica ni ninguna otra puede reconciliar lo que la vida cotidiana separa. Menos aún, cuando muchos mexicanos se sienten agraviados por lo que consideran una intromisión indebida e ilegal de creencias privadas en la esfera de la vida pública. La política y la realidad no siguen las sendas de la fe.

La decisión presidencial de transgredir el marco constitucional que regula las relaciones entre el Estado y las iglesias lo ha colocado en una situación incómoda y difícil. El capital político que acumuló en estos días podría desvanecerse con rapidez. La posibilidad de convergencia de la movilización campesina atenquense en ascenso con la protesta de un sector de las elites políticas e intelectuales agraviadas por el clericalismo presidencial representaba un serio desafío para el gobierno de Fox. Mantener abierto el flanco de Atenco y capotear al mismo tiempo la tormenta que se avecina habría resultado muy riesgoso para su gobierno. Cerrarlo ahora, cuando el barullo de la visita papal todavía suena, fue una resolución inteligente.

El gobierno federal ha reconocido hoy lo que antes negaba: existen opciones convenientes para ampliar la base aeroportuaria del centro del país en zonas distintas a Texcoco. Ello podría implicar apostar no sólo por la edificación de un megaeropuerto, sino por la ampliación y fortalecimiento de los ya existentes, así como por la construcción de las carreteras y vías férreas que comunican a la ciudad de México con las entidades vecinas.

El cambio de opinión oficial es, sobre todo, un triunfo de los campesinos de Atenco, de su terquedad, de su sabiduría. Ellos pelearon día a día durante meses con dignidad, inteligencia e integridad. Se apoyaron en los medios de comunicación honestos para difundir su causa y ganar a la opinión pública. Tomaron las calles e hicieron uso talentoso de las leyes y los tribunales. Explicaron sus raíces y razones con eficacia. Encontraron la fuerza de decir šno!

Supieron sumar y no restar. Hicieron evidente el valor de la resistencia civil pacífica como instrumento de defensa de la soberanía popular. Dieron un revés a la cultura de la derrota que sostiene que es imposible que las luchas de los de abajo tengan éxito. Demostraron que el poder del dinero no puede doblegar la voluntad de la conciencia. Dijeron alto y fuerte: šNo todo está en venta!

La victoria de los ejidatarios de Atenco no debe significar su olvido oficial. De muchas maneras afirmaron en el transcurso de estos meses que ellos no se oponen al progreso, sino a uno que los excluía. Los gobiernos federal y estatal tienen la obligación de impulsar, junto con los campesinos, proyectos de desarrollo que garanticen su bienestar.

Hace apenas unos días José Enrique Espinoza Juárez, el campesino asesinado por la policía del estado de México, fue enterrado en el panteón de su pueblo con el olor a piloncillo del café de olla de su velorio, los acordes de Dios nunca muere y el canto del Himno Nacional. Aunque nada vale el costo de una vida, sus familiares y compañeros saben hoy que su muerte no fue en vano.