Resuelve queja de panistas sobre la asignación del proyecto ejecutivo del segundo piso
La Contraloría, impedida para iniciar procedimiento contra López Obrador
Determina que sus atribuciones y competencia están delimitados por diferentes ordenamientos
RICARDO OLAYO GUADARRAMA
La Contraloría General del Distrito Federal determinó que no tiene facultades para iniciar un procedimiento administrativo a la figura de jefe de Gobierno, como demandaron los diputados panistas Walter Widmer, Jacobo Bonilla y Ernesto Herrera, quienes cuestionaron el supuesto privilegio de Andrés Manuel López Obrador a favor de Grupo Rioboó en la adjudicación del proyecto ejecutivo del segundo piso en Viaducto y Periférico.
Según la resolución, apoyada en el artículo 122 constitucional, el Estatuto de Gobierno, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Contraloría sólo tiene competencia para conocer de la gestión "en dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales", pero no en la jefatura de Gobierno.
Sin embargo, la instancia de control abrió un expediente para determinar si hay funcionarios involucrados, pues los panistas indican en su denuncia que otros servidores públicos tienen responsabilidad, además de López Obrador, pero no los señalan por su nombre ni su cargo.
En marzo pasado, los legisladores panistas interpusieron un escrito de queja en la Contraloría, apoyados en la publicación de notas periodísticas sobre la adjudicación directa del proyecto ejecutivo al Grupo Rioboó, que de realizarse hubiera significado un pago de 190 millones de pesos. Esta empresa había fungido como asesora del gobierno en la propuesta para construir segundos pisos en las vías rápidas; sin embargo, por instrucción del jefe de Gobierno se reconsideró en la realización de la obra y ahora se realizará una consulta.
La resolución de la Contraloría se trató de entregar ayer, pero la Asamblea Legislativa no tuvo actividades por la visita del Papa y porque el Estado Mayor Presidencial así lo solicitó, según informó el secretario de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Marco Antonio Michel.
El argumento del fallo
Hoy nuevamente se intentará entregar la resolución a los diputados panistas. El documento obtenido con la resolución establece que "las atribuciones y el ámbito de competencia de la Contraloría General se encuentran delimitados en la Constitución, Estatuto de Gobierno, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y su Reglamento Interior".
Además, el artículo 122 constitucional enuncia las facultades para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios en contra de servidores públicos, especificando por dependencia, pero sin considerar al jefe de Gobierno.
El texto del acuerdo emitido por la Contraloría está firmado por el director de atención ciudadana de la Dirección General de Legalidad y Responsabilidades, Héctor Muñoz Ibarra, y en él se reproduce el artículo 34 de la Ley de Administración Pública del Distrito Federal, que apunta: "a la Contraloría General del Distrito Federal corresponde el despacho de la materia relativa al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias órganos desconcentrados y entidades paraestatales".
Por ello agrega la resolución: "se advierte que dentro de las facultades de éste órgano no está la de conocer de las imputaciones que se formulen en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal que impliquen responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos".
En consecuencia, añade, al no estar considerado el jefe de Gobierno "resulta concluyente que esta Contraloría General se encuentra impedida legalmente para incoar al Ejecutivo local un procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa".
