Vicente Boix

Es reportero y especialista en temas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo. Escribió este reportaje en exclusiva para La Jornada Ecológica. Los interesados en tener mayor información sobre el tema, pueden consultar su correo electrónico: [email protected]
 

Del porqué de este reportaje

Siempre pensé que la denominación de "república bananera" había sido fruto de la imaginación sarcástica de algún escritor aventurero que en viaje por Latinoamérica vio en esta tierra el edén para estrellas como Maguila Gorila y Chita. Llegué a pensar también que las películas típicas norteamericanas de tetas y culos en escenarios caribeños podían tener algo qué ver con todo esto. O que era un calificativo peyorativo de los turistas nórdicos-occidentales que viajan a los países centroamericanos a disfrutar sus vacaciones en complejos turísticos bardeados, aislados del exterior y custodiados por guardias con armas que asustan.

Pero no, me equivocaba. En mi reciente viaje a Nicaragua pude conocer el real significado de la frase: la avaricia enterró bosques y selvas; arrasó con poblados y culturas, y desplazó todo lo autóctono, desde formas de vida hasta cultivos. Ahogó al pequeño campesino que plantaba cacao porque sus ancestros habían plantado cacao de toda la vida; lo obligaron a vender sus tierras y de ellas nacieron miles y miles de bananos. De agricultura de subsistencia se pasó al monocultivo industrial y despiadado. A él lo esclavizaron en las "fincas amarillas" a cambio de un sueldo con el que a duras penas podría emanciparse. Al lado de las fincas surgieron, como moscas atraídas por la porquería, prostíbulos y tabernas a donde escapaba para olvidar y dejar lo poco que ganaba. Los barracones donde dormía como un gallo en un corral eran nidos de enfermedades y símbolo de la decadencia humana con la que el dinero riega todo aquello que toca. Mejor era no ponerse enfermo porque había que esperar al tren para ir a un hospital; allí, las condiciones de atención y salubridad eran lamentables. Y del patrón y de los capataces... ¿para qué hablar?

Nuestro héroe pasó de la felicidad e independencia al martirio y a la pesadilla. Sin darse cuenta, el terrorismo wallstreetiano colonizaba a fuerza un territorio más en nombre de los dividendos y del dólar sin pedir permiso.

Con la "revolución verde" de la química aplicada a la agricultura se pronunciaron proclamas tales como "Mayores y mejores cosechas", "Adiós a las plagas", "Comida para todo el mundo", "Trabajo, ganancias, bienestar". La ciencia y el capital habían encontrado en la tierra lo que Dios ofrece en el cielo.

Pero algunas décadas después la realidad es otra. Ni mayores ni mejores producciones, plagas cada vez más resistentes, millones de hambrientos, pobreza extrema, ríos, mares, tierras, alimentos contaminados y adulterados, dependencia, pérdida de biodiversidad, enfermedades, muerte y, eso sí, bienestar... para unos cuantos.

La del Nemagón (nombre comercial del 1,2-dibromo-3-cloropropano, de ahora en adelante DBCP) es la triste historia de un herbicida que empezó a ser utilizado en latifundios y fincas de ciertos cultivos en 12 países del mundo a finales de la década de los sesenta. La crónica que presentamos a continuación es la de una tragedia anunciada. Las transnacionales vieron en este producto sus ventajas económicas y no el peligro intrínseco que representaba para las personas y el medio ambiente.

En mi visita al municipio de El Viejo, en la zona occidental de Nicaragua, a 20 kilómetros del Pacífico, departamento de Chinandega, pude ser testigo, junto a mi compañera, de las miserias de la humanidad.

Adentrarse en los hogares, en las vidas, en las intimidades, en los sentimientos y en las desgracias de aquellos que hace 25 años manipularon inocentemente este mortal químico para ganar unos reales es pasar una prueba de fuego. Una ensalada de sensaciones brotaron en mi interior y en el de mi compañera: rabia, impotencia, tristeza, estupor, sorpresa, admiración y alegría son unas cuantas de un impresionante abanico.

Las garras

Por cada millar de dólares que han introducido a mi patria los banqueros yanquees, ha muerto un hombre nicaragüense y han vertido lágrimas de dolor nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras esposas y nuestros hijos.

 Hasta 1870, los bananos eran desconocidos en el mercado de Estados Unidos. Fue años después cuando Keith Minor -un industrial de Brooklyn de 23 años- inició la construcción del ferrocarril en Costa Rica. A ambos lados de la vía fue plantando bananos, y una vez terminado el ferrocarril le fue fácil transportarlos al mercado norteamericano que 28 años después ya consumía 16 millones de racimos. Junto a otros compañeros y empresarios, fundó la Boston Fruit Company que posteriormente acabaría fusionándose con la United Fruit Company, conformando la empresa bananera más grande del mundo, con posesiones en Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Santo Domingo.

No obstante, no hubo país más subordinado por United Fruit Company que Guatemala. De ese país, la compañía llegó a obtener el 25% de su producción total. Su poder la llevó a dominar todos los medios de transporte y comunicaciones del país. Cobraron aranceles sobre cada artículo de flete movido dentro y fuera de sus fronteras a través de Puerto Barrios. Los cultivadores de café pagaron durante muchos años tarifas muy altas, ocasionando que el precio de su grano en el mercado mundial fuera muy elevado y poco competitivo. Por último, la misma transnacional se eximió de pagar impuestos durante 99 años.

Los sucesivos gobiernos corruptos y sus instituciones favorecieron el poder de United en el territorio guatemalteco y aceptaron su libertad de acción. En ellos, la transnacional tenía a un fiel colaborador. Sin embargo, fue en 1944 cuando los cuidadanos derrocaron al dictador Jorge Ubico, enfrentándose por primera vez en su historia a unas elecciones democráticas.

Los métodos

Uno de los primeros pueblos que tomaron los invasores fue una propiedad de la frutera donde los empleados estaban en huelga. Al llegar declararon inmediatamente terminada la huelga, llevaron a los líderes al cementerio y los mataron arrojándoles granadas en el pecho.

 Fue el socialista Juan José Arévalo quien triunfó en los comicios de 1944 y quien enfrentó como principal problema la desigual distribución de la tierra. El 2.2% de la población controlaba el 70% de la tierra, y sólo el 10% estaba disponible para el 90% de la población. Arévalo fue sustituido posteriormente por Jacobo Arbenz quien continuó el proceso iniciado por su antecesor. Arbenz propuso redistribuir parte de la tierra inutilizada y dejarla disponible para que el 90% de la población pudiera cultivarla.

Y ahí fue donde surgió el problema: United Fruit era una de las grandes poseedoras de las tierras inutilizadas de Guatemala. La presión que el gobierno democrático de Arbenz ejerció sobre United provocó que ésta, a su vez, presionara con los muchos contactos que tenía dentro del gobierno de Estados Unidos, incluyendo al presidente Eisenhower y a su secretario de estado, John Foster Dulles. Ellos organizaron una campaña política para afirmar que Guatemala se había vuelto comunista, y se enfrascaron en una importante lucha para convencer a los estadounidenses de que Guatemala era un satélite soviético. Con la opinión pública en el bolsillo, la CIA orquestó el golpe de Estado que triunfó con sólo 150 hombres bajo el mando de un coronel, Castillo Armas. Arbenz no opuso resistencia. La CIA ya le había advertido que la invasión importante estaba por venir.

Diez años después, la violencia reemplazaba al gobierno libremente electo en Guatemala por una dictadura que volvería a doblegarse a los intereses de la United Fruit Company.

En algún lugar del mundo

El empresario norteamericano Sam Zemurray inició en 1911 en Centroamérica un imperio bananero que les valió a los países de la región el nombre genérico de repúblicas bananeras, pues no eran gobernados por sus dirigentes políticos, sino por las grandes compañías transnacionales norteamericanas. A cambio de una irrisoria transferencia tecnológica, dichas empresas establecieron allí sus propios Estados, con sus puertos, ciudades, almacenes, su comercio, sus policías, su moneda, sus leyes, su flota mercante y, cuando fue necesario, su marina de guerra.

A partir de este cultivo se iniciaron otro tipo de relaciones comerciales entre Estados Unidos y Centroamérica. Después vendría el café, los minerales y otros rubros. De esta manera se crea en la zona una dependencia total que se traduce en vigilancia y en control político y económico por parte de Norteamérica.

En Nicaragua, este control se tradujo en una intervención militar que duró de 1909 a 1933, cuando el general Augusto César Sandino, junto con el pueblo de su país, logró "echar" al ejército represor.

Todo había comenzado en 1909 cuando los conservadores, apoyados por el gobierno estadounidense, se levantaron en armas contra el gobierno liberal del presidente Zelaya. El ejército insurgente estaba financiado por The Rosario and Light Mines Company, empresa minera de la familia Buchanan establecida en el país y a la que Zelaya había exigido unos impuestos.

La comida o los plátanos (1891), de Paul Gauguin

La muerte de dos mercenarios norteamericanos enrolados en el ejército rebelde sirvió de pretexto al secretario de Estado Philander C. Knox (abogado también de The Rosario...) para desconocer el gobierno de Zelaya, que acabó por renunciar ante la presión del norte. Bajo una sombra militarizada, los generales conservadores entraron a Managua y formaron un gobierno de acuerdo a los mandatos de los norteamericanos. El presidente acaba siendo Adolfo Díaz, contador jefe de The Rosario and Light Mines Company. El mismo hombre que cinco años más tarde -siendo embajador en Washington- regaló a los norteamericanos los derechos del Canal Interoceánico de Nicaragua, mediante el famoso Tratado Bryan-Chamorro, que incluía la instalación de bases militares en el Golfo de Fonseca y las Islas de Maíz.

La intervención armada provocó un profundo trauma a la convivencia de la sociedad y un mayor estancamiento de la vida social y cultural del país. El estado de enajenación era tal que la atmósfera social y espiritual se tornó asfixiante. Para algunos, la única solución fue el exilio; otros idearon fórmulas políticas y artísticas que pretendían sacar a Nicaragua del letargo en que estaba sumida.

La lucha antiintervencionista iniciada por Sandino en 1926 fue un hecho de incalculable valor en la historia contemporánea, pero no logró, en su momento, variar la estructura de dominación norteamericana que, a partir de 1936, se encubrió bajo la máscara de la dictadura somocista.

En otro lugar del mundo

Por muchos años, el cacao y el banano compartieron el cielo costarricense en manos de productores locales. Cuando el país necesitó un mayor desarrollo de la actividad bananera porque la producción del cacao se desestabilizaba, el gobierno la incentivó por los ingresos que recibía de ella. En pocos años se duplicó su área de producción, desplazando cultivos, modos de producción y de vida autóctonos, forzando a la gente a esclavizarse en sus haciendas.

En los años ochenta, cuando el boom bananero, los bancos contribuyeron con facilidades e incentivos estatales que permitieron su expansión. Hasta ese momento, los productores locales que cultivaban otras especies, como cacao o yuca, habían gozado de créditos y facilidades. Con el banano está situación acabó. Las transnacionales pactaron con los gobiernos para establecer mecanismos de control comercial, de mercado y subvenciones para impedir que otras formas de producción se desarrollaran. La presión ha sido tanta, que obtener hoy un crédito bancario para conseguir un automóvil de segunda mano desechado en Miami es más fácil que obtenerlo para una plantación de chile, caña de azúcar o yuca.

Pero los controles financieros no fueron la única herramienta empleada para acabar con el pequeño productor. Cuando el sistema de furgones, dominado por la industria bananera, sustituyó al ferrocarril tradicional, el monopolio del transporte llegó a impedir la salida de otros cultivos, ahogando así sus posibilidades comerciales.

También los agricultores sospechan hoy que la epidemia de monilia (moniliasis), que acabó en pocos años con la producción cacaotera de la zona del Atlántico, fue desarrollada conscientemente por los intereses bananeros. El gobierno costarricense no enfrentó de igual manera el problema de la monilia como lo hizo con otros, como por ejemplo el café, el banano (con la epidemia llamada sigatoka) o con los problemas de salud de la ganadería de la provincia de Guanacaste. En algunos casos se llegó a declarar el estado de emergencia, el cual conlleva la inmediata obtención de recursos económicos.

Aquel que aún no sucumbía a los tentáculos de las transnacionales bananeras, gracias a epidemias, la falta de incentivos o de créditos o por el aislamiento del transporte, fue tentado por las bananeras y sus salarios. Algunos vendieron sus tierras. Los que decidieron resistir, acabaron asfixiados y aislados.

Todos estos decenios de desarrollo bananero no han aportado al país más que explotación, injusticias y contaminación del medio. Como resultado, estas zonas tienen los indicadores de pobreza más altos de Costa Rica a pesar de ser allí donde se genera riqueza. De los beneficios que se obtienen de los más de 100 millones de cajas anuales de banano, el 80% va para las grandes compañías.

Resumiendo

Los retazos de la historia contemporánea de Nicaragua, Guatemala y Costa Rica que muy brevemente hemos apuntado no son más que la historia de unos países saqueados, destruidos y explotados por la mentalidad reduccionista del ser humano. Las transnacionales estadounidenses han ejercido un dominio total sobre muchos países en América Latina, empleando cualquier método para hacer efectivo su objetivo final.

La vida y el trabajo en las fincas amarillas

Entre el conglomerado humano que trabaja en las fincas bananeras, es la mujer soltera quién en peores condiciones se encuentra ya que depende sólo del salario para mantener a su familia y, además, debe llevar la carga del trabajo doméstico y la educación de sus hijos.

Por regla general, los trabajadores viven una vida aislada y desarraigada. Esto provoca la aparición del alcoholismo, destruyendo así la vida familiar; aparecen los casos de acoso sexual contra las mujeres, violencia, niños descuidados, etcétera.

Los trabajadores son perseguidos por su condición de sindicalistas. Las empresas han iniciado una lucha sin cuartel para evitar el crecimiento de los sindicatos. Al fracasar, utilizan varios métodos para desgastar a las personas afiliadas y a las instituciones. Despidos sin causa, listas negras, aislamiento y discriminación, envío de trabajadores sindicalizados a labores más pesadas y mal remuneradas, negación a emplear a parientes de los afiliados, negativa de reconocimiento de los sindicatos, manipulación de los trabajadores para que denuncien a los sindicatos, instalación de portones de seguridad para controlar a los afiliados, creación de grupos paramilitares... La presión es tal, que algún sindicato también ha tramitado la desafiliación de sus miembros ante las presiones que reciben. Cuando denuncian algún tipo de violación por parte de las empresas ante un organismo público, éstos retardan todo lo que pueden la resolución de los casos para exasperar más los ánimos de los denunciantes.

En Honduras, Medardo Reyes Varela fue asesinado el 10 de mayo de 1998 junto a su hijo Wilmer. Era dirigente sindical en Tocoa, departamento de Colón. Presidente de la Organización de Defensa y Reclamos Nacionales de Honduras, asociación afiliada a la Central General de Trabajadores. No se conocen exactamente los motivos de su muerte. Se sospecha que pueda estar relacionada con la campaña que había iniciado en defensa de los ex trabajadores de la Castle y Chiquita Brands que fueron afectados supuestamente por el Nemagón.

En Nicaragua, 623 trabajadores fueron despedidos a finales del 2000. Se les negaron las prestaciones sociales, indemnizaciones por años de servicio y por enfermedades crónicas, así como la cotización al seguro social, que sí fue deducido de sus salarios. Muchos de ellos habían trabajado más de 20 años en el banano pensando en que la jubilación les proporcionaría unos años de descanso.

Las fincas confiscadas a las transnacionales por la revolución fueron privatizadas y otorgadas a empresarios pequeños (que hoy les venden su producto) con la condición de que remuneraran a los trabajadores el 25% de sus beneficios. Lo único que han recibido son despidos.

En las plantaciones bananeras de Costa Rica, durante 1997 ocurrieron la mitad de los accidentes laborales relacionados con intoxicaciones de todo el país; son datos reportados a las autoridades del Instituto Nacional de Seguros. Cabe la posibilidad de que existan más que no aparecen en las estadísticas.

De los 444 casos que se ocasionaron en los años 1996 y 1997, 14 correspondían a menores de 18 años, cuando la ley costarricense prohíbe a menores de esta edad manipular plaguicidas.

Foro Emaús hizo un listado de derechos humanos violados en Costa Rica actualmente en las fincas bananeras:

Derecho de los trabajadores a organizarse libremente.

Derecho a negociar colectivamente sus condiciones laborales.

Derecho a no ser discriminado en su salario por función de su sexo o condición legal.

Derecho a recibir el mismo respeto y trato independientemente de se nacionalidad o condición legal.

Derecho a una atención sanitaria adecuada preventiva y curativa.

Derecho a participar en la regulación de las condiciones de salud ocupacional y ambiente de trabajo.

Derecho a vivienda digna y propia.

Derecho a salud.

Derecho a disponer de agua potable.

Derecho a vivir y trabajar en un ambiente sano.

Y del medio ambiente ¿qué?

Hoy en día el algodón, [...] ha desaparecido como cultivo desde que la China continental entró con su propia producción en los mercados mundiales, y su único recuerdo son las aguas contaminadas. Un recuerdo que según los expertos habrá de durar por lo menos quinientos años. Los insecticidas, infiltrados en el subsuelo alcanzaron el manto friático, de manera que cualquier pozo que se excave hará brotar aguas envenenadas. La ponzoña va a dar a la leche materna, y los niños que maman del pecho de sus madres están condenados a tragar toxaclorofeno.
 

Las consecuencias medioambientales del monocultivo a gran escala resultan ser muy graves, imprevisibles y normalmente inevitables. Las tierras que albergaron el cultivo del banano, los bosques y selvas que vieron pasar y avanzar la frontera agrícola por enfrente de sus narices, y las tierras que alguna vez disfrutaron de la agricultura tradicional y de la rotación de cultivos están en este momento hipotecadas por las prácticas salvajes que las multinacionales impusieron en ellas para la producción masiva del banano. Algunos de los problemas detectados son los siguientes:

a) Se han talado bosques primarios y secundarios. El 30% de las fincas bananeras establecidas desde los noventa se instalaron en tierras donde hasta ese momento había selvas y bosques primarios. En la provincia de Limón (Costa Rica), el 12.4% de la zona cultivable está copada por fincas de banano. Sólo las zonas protegidas por las leyes pudieron salvarse. Esto, además de la consiguiente pérdida de biodiversidad, puede llevar a fuertes problemas de erosión y desertización una vez que las fincas son agotadas y consecuentemente abandonadas para el cultivo.

Además, la tala masiva de masa forestal puede modificar los microclimas particulares de cada zona. En el libro Mamita Yunai aparece un párrafo refiriéndose a este hecho: "Son millones y millones de metros cúbicos de robles y cedros y laureles y de todas clases de maderas buenas que se pudren de abono p'al banano (...). Pero ¡que l'importa la madera a los machos si no les cuesta nada! Hasta el clima nos van a cambiar botando montañas".

b) La pérdida de diversidad agrícola es otra consecuencia negativa de las prácticas industriales. La agricultura tradicional ha trabajado con una cantidad impresionante de variedades de una misma especie. En la India, por citar un ejemplo, existen más de cien mil variedades de arroz. Los mismos agricultores obtienen semillas nuevas a través de cruces mejorando así sus cultivos y modificando ligeramente sus métodos de producción. Esta práctica milenaria y artesanal choca frontalmente con la agricultura intensiva que, por el contrario, propone muy pocas variedades de una especie y muchos químicos. Esto supone la pérdida de variedades: la erosión genética. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 75% de la diversidad genética agraria se ha perdido en el transcurso del último siglo.

c) Al ser una práctica de monocultivo se requiere de fertilizantes, herbicidas, fungicidas, nematicidas e insecticidas. Esto implica un riesgo para las personas, los ecosistemas, agrosistemas, ríos, fuentes, acuíferos, etc. El DBCP es un químico altamente persistente y móvil. Su descomposición es lenta en el suelo y puede filtrar en ciertas tierras hasta llegar a acuíferos. Químicamente es muy estable en agua incluso en cantidades pequeñas. Los expertos afirman que afecta el subsuelo y la capa terrestre acabando con todo ser viviente. La perdurabilidad del químico se estima entre 80 y 200 años.

d) De la producción de banano proviene basura diversa. Desde miles de toneladas de banano dañado, hasta más de 2 mil 500 toneladas de bolsas plásticas impregnadas por insecticidas o los propios recipientes de los agroquímicos. Muchas veces, la forma de eliminación más habitual es la incineración incontrolada y clandestina, sin tener en cuenta los daños ambientales y sociales que ocasiona.

e) De las empacadoras de las bananeras salen cada día grandes cantidades de agua a los canales. Esta agua contiene exceso de fungicidas que matan peces y otros animales, y destruyen la calidad de las aguas.

f) Pérdida de productividad de las tierras por el abusivo uso de químicos. Es un hecho reconocido hasta por las empresas que huyen de esas tierras en busca de otras fértiles, dejando tras de sí un ambiente contaminado.

g) Resistencia de las plagas. El monocultivo y la utilización de químicos provoca en las plagas mutaciones de defensa que las hace más resistentes a los químicos que las matan. El agricultor cae entonces en una espiral: aumenta las cantidades de químicos. Las plagas vuelven a evolucionar para sobrevivir. El final es terrible: tierras contaminadas y plagas más resistentes.

h) Las plantas pueden tomar algunos agroquímicos del suelo y moverlos hasta diferentes partes que tomamos como alimentos. Por citar un ejemplo, el glifosato (comercializado por Monsanto bajo el nombre de Roundup, entre otros) se ha encontrado en fresas, moras, frambuesas, lechugas, zanahorias, cebada, etc... Algunas, aún contenían residuos del químico al año de haberlo aplicado.

La aplicación de químicos en cultivos es una amenaza extrema para la salud de los animales que toman estos alimentos, y sobre todo, para la salud de las personas. Según un informe de la Academia Norteamericana de Ciencias hecho a solicitud de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, se afirma que en el curso de los próximos 70 años, los norteamericanos tienen el riesgo de desarrollar más de un millón de casos de cáncer por la presencia de 28 plaguicidas cancerígenos en sus alimentos.

i) En las prácticas de fumigación aérea son contaminados colegios, comunidades, ríos. Esta práctica resulta ineficaz porque, según la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda, el 90% de los fungicidas lanzados desde avionetas acaba perdiéndose o no llega a su destino.

En análisis hechos a mujeres se han encontrado restos de DDT y toxafeno en la leche materna. Se piensa que ha llegado al cuerpo humano a través del consumo del agua de los pozos.

No se reporta en la documentación estudiada ningún caso en el cual la aplicación aérea de químicos fuera guiada desde tierra por trabajadores que con trozos de tela o cualquier otro instrumento, indican al piloto la zona donde debe vaciar los tanques de químico. Esta práctica es real en otros cultivos, zonas y momentos y, como cabe suponer, el trabajador sufre un gran peligro al contactar directamente con grandes cantidades de químico.

Como consecuencia directa de lo expuesto anteriormente, el resultado de la producción bananera ha causado la contaminación del medio ambiente por el uso excesivo de agroquímicos y depósito directo de desechos sólidos, especialmente plásticos impregnados de tóxicos que afectan la calidad de los suelos, el aire y el agua. La tala masiva de árboles, bosques y selvas para el cultivo masivo de frutas amenaza peligrosamente la biodiversidad de los ecosistemas.

Pero las consecuencias medioambientales del monocultivo del banano no sólo se limita a las tierras, ecosistemas y núcleos urbanos cercanos a las fincas. La presencia de químicos derivada de la actividad agrícola intensiva se ha detectado a muchos kilómetros de la misma.

El agua contaminada de los ríos va a desembocar al litoral atlántico, motivo por el cual la pesca artesanal ha disminuido. En análisis efectuados desde 1993 hasta 1996, se encontraron los 11 plaguicidas que se buscaban en aguas del Parque Nacional Tortuguero en Costa Rica y que provenían del Río Suerte.

El impacto ambiental negativo consecuencia de la actividad bananera va más allá. El comercio necesitó carreteras y puentes que seccionaron montañas, bosques y fincas. Se incrementó el transporte marítimo para dar salida a sus productos en busca de mercados extranjeros. Para dar cabida a todas estas necesidades se necesitaron caminos, puertos, canales, dragados, etc., que provocaron un impacto trágico sobre los ecosistemas.

Después de muchos años, su presencia y acoso sigue siendo real. En Honduras se encontraron en 1997 aproximadamente dos manzanas de terreno donde se hallaban enterradas fosas de cemento con miles de drones de Nemagón. Se han detectado en el sector de El Eucalipto, una pequeña zona ubicada dentro de una de las fincas de Standard Fruit Company, rodeada de un espeso bosque. Los afectados fijan en 1983 la sepultura de estos recipientes y narran que cuando se inició el rumor de los efectos del DBCP, la empresa empezó a utilizarlo de noche, alegando que en el día no proporcionaba los mismos efectos. El principal problema estriba en el futuro del producto ya que, si se transforma y daña, causaría fuertes consecuencias al ambiente y la salud de las personas.

En la misma zona se detectaron en 1998 mil barriles vacíos de químico enterrados en solares de la misma transnacional. A pesar de que no había DBCP en los envases, estos despedían un fuerte olor. Se encontraban cerca del río Aguán, estaban corroídos y por efecto de las lluvias podrían formar lixiviados que desembocarían en el mismo. De este río se abastecen comunidades y pueblos cercanos y sus aguas son utilizadas para el regadío. Según la legislación internacional, estos envases son tóxicos y peligrosos por haber contenido un producto considerado como tal.

Las afectaciones que el medio ambiente sufrió debido a la agricultura de las multinacionales pueden derivar en futuras consecuencias drásticas. A los graves problemas de contaminación en muchas zonas debido a la utilización de diferentes químicos, se agregan otras consecuencias igual de peligrosas aunque más imprevisibles. Por ejemplo, aquellas montañas desiertas que en el pasado albergaron bosques y vida podrían desmoronarse parcialmente ante una fuerte tormenta y ocasionar inundaciones, afectando todo aquello que encontrara a su paso. No sería la primera vez.

Según el bioquímico brasileño Lenini Alves, la mayor parte de agrotóxicos que se utilizan en los campos del mundo entero provienen de las armas químicas que se desarrollaron a partir de la Segunda Guerra Mundial. El ingeniero agrónomo Sebastião Pinheiro nos descubre cómo los venenos fosforados inventados por el profesor alemán Gerhardt Schröder en la Segunda Guerra Mundial para ser empleados en los campos de batalla y en las cámaras de gas de los campos de exterminio nazis, fueron después adaptados por él mismo, pero trabajando para la empresa francesa Rhône-Poulenc, en los insecticidas de uso agrícola.
 

El nacimiento del DBCP data de los años 50 del siglo anterior. Los primeros estudios toxicológicos sobre el DBCP fueron realizados por el doctor en medicina Ted Torkelson por parte de Dow Chemical, y por su colega Charles Hine, de la Escuela de Medicina de la Universidad de California por Shell Chemical. Ambos encontraron problemas en sus pruebas de laboratorio con dosis bajas cuando las ratas experimentaban un crecimiento retardado, daños en sus órganos y testículos reducidos. Con dosis mayores, todas las ratas que sobrevivían, excepto una, habían reducido el tamaño de sus testículos a la mitad. Con las dosis más altas, todas las ratas quedaban estériles.

En un informe secreto de Shell, fechado en 1958, el doctor Hine escribía: "Entre las ratas que han muerto, lesiones mayores han podido observarse principalmente en los pulmones, riñones y testículos. Los testículos quedaban, por regla general, extremadamente atrofiados".

En la acera de enfrente, Dow elaboró tres meses después un informe donde se podía leer que el DBCP era "rápidamente absorbido por la piel y altamente tóxico al ser inhalado". También apuntaba que "podían esperarse efectos en el hígado, los pulmones y los riñones", y que "la exposición prolongada o repetida podía resultar en atrofia testicular".

Por lo tanto, ya en 1958 existían pruebas suficientes para enterrar el DBCP en el olvido. Por una parte se había demostrado la facilidad del organismo para asimilar este químico; por otra, se habían detectado sus efectos nocivos.

En mayo de 1961, el doctor Hine (contratado entonces por ambas empresas) redactó un informe aprobando y apoyando el registro de este producto en la Agencia de Alimentos y Fármacos (FDA). Aconsejaba trabajar con el DBCP en concentraciones menores a una unidad por millón (cinco veces menos que la concentración mínima utilizada en los laboratorios en los casos más favorables). Así mismo advertía sobre la utilización de equipos de protección individual para evitar sobre todo el contacto cutáneo de la sustancia.

El encargado en Shell de los registros ante el gobierno afirmó que las recomendaciones efectuadas en el informe "eran imprácticas". A la recomendación de que una exposición prolongada y repetitiva podía afectar a la reproducción humana, contestó claramente: "Elimine toda especulación sobre posibles efectos dañinos al hombre. Esto no es un tratado sobre seguridad de uso".

La cosecha de bananas, de Henri Rousseau (1844-1910)

Ese mismo año, la FDA recibió un pedido de aceptación de etiquetas por parte de Shell. La agencia exigió las fichas médicas de los empleados que llevaban tiempo trabajando con el DBCP. Al final se realizaron pruebas médicas exigidas por el Departamento de Agricultura, con la salvedad de que el médico encargado de las mismas no fue informado de que el fin de la investigación era encontrar daños testiculares.

A raíz de estas pruebas, los fabricantes informaron que el Nemagón y Fumazone (nombres comerciales del DBCP) podían ser utilizados sin "riesgo excesivo". El gobierno suavizó su posición inicial registrando el producto. Estábamos ya en 1964. Desde este momento, miles de trabajadores en el mundo podían utilizar el DBCP como conejillos de indias, sin saber realmente que estaban hipotecando su futuro, el de sus familias y el de sus descendientes.

Las advertencias más fuertes en las etiquetas del DBCP indicaban: "No respirar los vapores", "Use sólo en áreas bien ventiladas" o simplemente "Evitar respiraciones prolongadas". En cualquier caso, insuficientes atendiendo a las pruebas de laboratorio efectuadas años atrás.

Paralelamente, habían sucedido otros hechos de interés

En 1962, en la biblioteca médica de Dow y en el archivo toxicológico, la ficha del Fumazone mencionaba efectos en la piel y decía que el daño testicular "puede resultar de exposiciones crónicas al material activo". También se refería a los daños al hígado y al riñón.

Pero las fichas fueron rectificadas en 1964. El doctor Torkelson diría más tarde que "la ficha se refería a una sola exposición [...] se realizaron nuevas pruebas, los testículos no reflejaron efecto alguno luego de una sola exposición". Entonces fue cuando se realizó la nueva ficha.

Había costado su tiempo y trabajo, pero el DBCP estaba listo para comercializarse.

La lluvia química

Standard Fruit Company inició el consumo de DBCP en 1969 en sus plantaciones de bananos en Centroamérica. William Liebhart, en aquella época científico empleado por la transnacional en Honduras, nos recuerda: "Al probar el DBCP, no se realizaban exámenes toxicológicos sobre los efectos potenciales de esos productos en la salud de quienes lo usaban o en el medio ambiente... En ese tiempo no se consideraban tales factores..." También afirma que en esa época no se utilizaba ningún tipo de equipo protector.

En los manuales de la compañía no se mencionaba ninguno de los efectos adversos del DBCP en los trabajadores. Tampoco se aconsejaba ninguna medida especial. En Costa Rica, un funcionario del Instituto Nacional de Seguros expresó que nadie (capataces, trabajadores, gerentes de plantación, etc...) sabía nada sobre los efectos negativos del químico. Las etiquetas no mencionaban nada a tener en cuenta. Trabajadores afectados de otros países refieren la misma carencia de información.

Durante años, miles de litros de ese químico se aplicaron en las plantaciones bananeras de muchos países. Se forjaba silenciosamente lo que algunos especialistas han denominado "la peor tragedia de medicina laboral del mundo".

En 1975, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos determinó que el DBCP era un posible agente cancerígeno.

En julio de 1977, de 114 empleados que lo fabricaban, 35 estaban estériles. Un mes más tarde, la Agencia de Protección Ambiental lo prohibió para casi todos sus usos en Hawai. Además, mediante la sanción de leyes federales, se prohibió en los Estados Unidos su elaboración y se restringió su uso.

Pero las exportaciones siguieron su rumbo. Cuando Dow informó a Standard que iba a detener momentáneamente su venta mientras esperaba las pruebas de la Agencia de Protección Ambiental, está última se quejó airadamente y amenazó a Dow por incumplimiento contractual.

Dow sólo siguió vendiendo a Standard el DBCP cuando ésta asumió todos los costos de las posibles demandas que pudieran surgir de la venta del químico.

A Standard le convenía el DBCP por su buen precio. Además, facilitaba el crecimiento más rápido de la planta y favorecía el tamaño de los racimos de banano, que alcanzaban los 120 kilos.

En ningún momento pareció interesarle las consecuencias nefastas que podía tener el veneno para sus empleados en las fincas bananeras. Standard estaba dispuesta a costear las sanciones que pudieran surgir en contra de Dow por la venta del producto. Ahora podía vender tranquilamente su producto a sabiendas de que otros sufragarían los costos derivados de juicios, procesos, sanciones, indemnizaciones, etcétera.

En 1979, la EPA canceló definitivamente todos los usos del DBCP, exceptuando en las piñas.

Standard continuaba comprando DBCP en 1979 para sus plantaciones en Filipinas, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Ese año, el DBCP fue prohibido por el gobierno de Costa Rica. El producto de Standard almacenado en ese momento en este país fue transportado para ser aplicado en sus fincas de Honduras. En Nicaragua, el triunfo de la revolución sandinista en julio de 1979 alejaba a las transnacionales y al DBCP definitivamente, aunque no se descarta la posibilidad de que el químico esté circulando con otro nombre en Nicaragua y en otros países.

En 1981, Shell aún vendía el químico en África. En 1986, Standard lo utilizaba en sus plantaciones de Filipinas.

En julio del año 2000 (¡21 años después de su prohibición en Estados Unidos!), el defensor del pueblo de Panamá, doctor Ítalo Antinori aseguraba que se estaban utilizando agroquímicos como el Fumazone en las fincas bananeras de la provincia de Chiriquí.

Allí abajo... en las fincas amarillas

Desde finales de los sesenta y se sospecha que hasta hoy, el DBCP fue dispersado por cientos de plantaciones bananeras en todo el mundo. Los países que se vieron afectados por el químico fueron: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, Filipinas, Santa Lucía, República Dominicana, San Vicente, Burkina Faso y Costa de Marfil.

En Costa de Marfil, los trabajadores utilizaban inyectores para penetrar la base del árbol e introducir el DBCP mediante el uso de una manivela. Cuando no se inyectaba bien o el químico encontraba en su camino una piedra, éste acababa salpicando a los trabajadores. También había contacto directo con los barriles del químico en el llenado de los inyectores.

En Nicaragua, el procedimiento de aplicación era diferente. Se realizaba de 6 de la tarde en adelante, sobre todo si no había viento, ya que éste dificultaba enormemente las operaciones. Quién regaba tenía que esperar a que el viento no superase los 17 kilómetros por hora. Mediante unas tuberías se inyectaba el DBCP mezclado con agua a los cultivos. El veneno estaba en barriles y con unas bombas se suministraba a toda la plantación. Como en otras partes del mundo, la falta de precauciones y protecciones personales fue constante durante los años de utilización del producto.

Además, el veneno era detenido por las frondosas hojas del banano e inhalado por los trabajadores que operaban en las plantaciones. El tamaño de estas hojas impedía cualquier ventilación. Algunos trabajadores, cuando llegaban a trabajar por la mañana, encontraban las hojas todavía húmedas de la noche anterior.

A veces se tomaba agua para cocinar de las mismas bombas que impulsaban el DBCP.

También las mujeres que empacaban el producto se afectaron. Al parecer, el banano llegaba hasta ellas impregnado con el químico. Ellas, al procesarlo, contactaban directamente con el químico. En otra factoría que pude visitar con motivo de mi investigación referente al tabaco, las trabajadoras comentaban que comían en su puesto de trabajo y la empresa no les ofrecía ni el jabón para limpiarse las manos.

Fue así como, dos años después de la prohibición en Estados Unidos, el químico se utilizaba en unas 15 fincas bananeras del occidente nicaragüense. Allí, miles de trabajadores se contaminaron para siempre.

En la costa atlántica de Costa Rica fueron vertidos cerca de 5 millones de litros de químico. Aquí, el problema de la esterilidad fue detectado hace 15 años por el doctor Roberto Chávez, un toxicólogo de San José que percibió que los hombres provenientes de las zonas bananeras presentaban problemas similares de esterilidad.

Es precisamente el gran número de afectados y la diversidad entre los países, lo que imposibilita cuantificar la cantidad exacta de personas que sufrieron las consecuencias del DBCP. Existen aproximaciones que, con el paso de los años, se quedan cortas ante la aparición de nuevos casos o el nacimiento de niños con deficiencias físicas.

Según datos actualizados, se puede hablar de 5 mil afectados en Honduras y 500 en Panamá. En Costa Rica se calculan 30 mil y 22 mil en Nicaragua, incluyendo los afectados directos y los indirectos (niños con malformaciones, mujeres de ex trabajadores, etc.). Hay también decenas de afectados en Ecuador, Guatemala, Dominica, Santa Lucía, San Vicente, Burkina Faso, Costa de Marfil y Filipinas.

Los datos apuntados en el párrafo anterior se refieran sólo a trabajadores supuestamente afectados directamente por el DBCP. Así, suman unos 65 mil el total de afectados, lo cual refleja, 30 años después, la magnitud de esta tragedia diseñada, elaborada y llevada a cabo por seres humanos.

 

Frutas, de Laurencio Hernández

Los efectos dañinos más reconocidos para la salud humana son:

a) Esterilidad. En este caso es imposible engendrar un hijo. Supone la castración física de los hombres y por lo cual ha sido referido como el genocidio de una generación entera. El 67% de los trabajadores del banano en Nicaragua padecen infertilidad.

b) Cáncer. El Departamento de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos apunta al DBCP como factor probable de cáncer humano. El Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos cita al DBCP como una de las causas de cáncer más poderosas, ya que, según estudios realizados, establecen que el DBCP desarrolla esta enfermedad en una gran variedad de órganos y lugares del cuerpo humano aun con dosis bajas. Provoca cáncer testicular, estomacal, de riñones y de duodeno. También en la matriz, en el útero y en la mama.

c) Problemas degenerativos. En el sistema nervioso central. Pérdida de dientes, dolores musculares, pérdida de la vista.

d) Afecciones ginecológicas. Provocan abortos en las mujeres, a las pocas semanas de la gestación. Otras sufren tumores, dolores en los huesos y atrofias musculares. Las mujeres también sufren trastornos hormonales y de otras alteraciones en sus ciclos menstruales.

e) Malformaciones genéticas. Hijos de madres y padres que trabajan o trabajaron en las bananeras presentan diversos y variados problemas genéticos con padecimiento severo de los glóbulos rojos, problemas físicos y mentales.

f) Problemas psicológicos. Pérdida de la autoestima, impotencia, depresión severa, pesadumbre y confusión. Estas aflicciones son resultado de las pérdidas de trabajo y tienen como resultado el alcoholismo y amenazas de suicidio.

g) Rechazo social. Muchos hombres estériles han sido abandonados por sus esposas. Otras familias han sido socialmente aisladas. Algunos matrimonios han acordado la búsqueda de otros hombres para que embaracen a las mujeres, causando así desequilibrios matrimoniales y separaciones. En las sociedades de los afectados, la posibilidad de engendrar hijos reviste un papel importante para determinar la valía de un hombre. La pérdida de esta posibilidad es psicológicamente devastadora. Los hijos de los afectados con problemas derivados del DBCP sufren humillaciones por parte de otros niños.
 

Don Victorino es un hombre de mediana estatura, de complexión normal y, eso sí, con un bigote que, sin ser nada del otro mundo, me resulta característico y peculiar. Empezamos la plática. Se muestra muy abierto y predispuesto. Nos explica algunas cosas y rápidamente nos invita a subir a "su" carro para continuar nuestra investigación. Si la calor en la calle es de consideración, entrar en el carro me recuerda aquellos meses de verano, cuando pasaba al lado del horno, en la empresa de azulejos en la que trabajé hasta hace un año.

Tiene dos hijos, uno sufre problemas nerviosos. A él le han detectado segundo grado de esterilidad, pierde la vista, le duelen los riñones y padece dolores en los huesos como muchos de sus compañeros. A pesar de sus desgracias, rebosa optimismo y esperanza. Ha sido encarcelado cuatro veces por actuar conforme piensa, defendiendo los intereses de sus compañeros. Llegó a estar en huelga de hambre. Es de las personas que sueñan despiertos y en voz alta. "Está loco" y lucha incansablemente por aquello que piensa y por que sus "sueños locos" se vean plasmados en la realidad. Es psicólogo de masas y dice que eso le ayuda a seguir adelante en su cruzada contra las transnacionales, que tanto daño le hicieron a él y a otros. Es el David que se enfrenta al Goliat del pensamiento único. Incita y anima a sus compañeros a seguir luchando, a seguir peleando. Su cruzada a veces se torna obsesiva. Ese estrés, ese ir de aquí para allá, ese tortuoso pero desafiante túnel que está recorriendo en busca de justicia lo mantiene activo, lo mantiene vivo.

Fue jefe de columna de la guerrilla sandinista por aquellos tiempos de la revolución. En 1985 fue diputado y trabajó en la Comisión de Medio Ambiente. Dejó la política por la apatía de la burocracia administrativa y la de algunos de sus compañeros. En el mismo poder se dio cuenta de que los políticos todos son iguales.

Ahora es el presidente de Gremios Unidos, una agrupación de distintas asociaciones de agricultores, cooperativas, barrios marginales, etc. que engloba a más de 35 mil personas e incluye también a asociaciones de la Resistencia Nicaragüense y de ex guardias nacionales. Resulta sumamente chocante este dato, teniendo en cuenta su pasado revolucionario. Alega que Gremios Unidos acoge a todas aquellas organizaciones que quieran luchar juntas contra la corrupción.

Con él seguimos nuestro particular camino en busca de esos testimonios y, sobre todo, en busca de esas personas que tienen tanto que contarnos.

Nicolasa Caballero trabajó en el banano desde 1973 hasta 1988. Tiene problemas con unas manchas negras en los pies y en los brazos, sufre dolores en los huesos y en la cabeza. Nos comenta que tuvo dos hijos que nacieron con deficiencias físicas y que murieron de seis meses y de un año. Trabajaba de 6 de la mañana a 12 de la noche. Pesaba el banano y trabajaba en otras operaciones del proceso. En su trabajo tuvo contacto con el veneno sin ningún tipo de protección, a veces acababa su jornada mojada. Sus gastos médicos mensuales rondan los 500 córdobas (14 córdobas equivalen a un dólar). A pesar de su enfermedad y de su edad, tiene que salir por las calles y los mercados a vender elotes y tamales para ganar unos 60 córdobas (4.28 dólares) al día.

Naturaleza muerta con frutos exóticos, de Henri Rousseau

Abandonamos la Colonia Bananera para adentrarnos en un asentamiento que impresionUna pequeña pradera a las afueras de El Viejo donde unos raquíticos asentamientos de madera, latas, cartón y pobreza han ido surgiendo a ambos lados del camino por donde entramos con el coche. Aquí no hay árboles, los patios son pequeños y las cercas no evitan la mezcla de intimidades del vecindario. Continúa el calor insoportable.

Debajo de un toldo de plástico hablamos con Flor de María Mendoza y José Medardo Romero Medina, un matrimonio que trabajó en las fincas de banano en los años setenta.

Su historia es sobrecogedora. Tuvieron cuatro hijos. Dos murieron al nacer. Otro está bien (de momento) y la pequeña Ana María, de 11 años, es lo que trágicamente denominan una "niña de trapo". Presenta deficiencias psíquicas, no puede hablar, ni caminar, ni agarrar, y sus huesos son débiles y frágiles. Tiene que medicarse para mantener baja la inflamación del hígado y del bazo, así como las fiebres, neumonías y diarreas. Está sentada en su silla de ruedas, mirando a la lejanía, sin inmutarse, como si nada fuera con ella.

José Medardo trabajó, entre otras cosas, en el riego. El químico venía en barriles y era inyectado a través de una bomba. Afirma que tocar el químico quemaba. Trabajaba de 6 de la mañana a las 11 de la noche a cambio de un salario miserable.

Eduardo Emilio Herrera también muestra una historia que quita la respiración. Tiene los riñones afectados, está excesivamente delgado. Sus dos hijos, de 15 y 18 años, muestran manchas en el cuerpo y deformaciones en los dedos. Su hija está en Costa Rica esperando que le operen un riñón.

Manuel Mercado tiene 63 años. Su actual pesadilla se gestó entre 1971 y 1992. Es estéril, tiene manchas por todo el cuerpo y padece de artritis.

Victoria Ortega tiene prohibido por su médico trabajar cerca de los químicos en la bananera. Con 27 años de trabajo en la misma ya tuvo bastante. Su hija es estéril.

Isacio Urroz Ortega inició su andadura por la bananera en 1972. Tuvo una hija que murió al nacer y actualmente convive con un hijo con problemas en la cabeza. Tiene evidencias de lumbalgia como proceso crónico que se relaciona como secuela de labores habituales de campo. Al parecer, esto de la ergonomía tampoco es digerible por los cerebros dolarizados de las transnacionales; los accidentes laborales y las enfermedades profesionales siguen siendo una asignatura pendiente en la mayor parte del mundo.

Don Victorino califica la agresión del DBCP como una "bomba química de tiempo" que está empezando a estallar. En este momento se contabilizan 176 víctimas en la zona de Chinandega y 200 que presuntamente podían haber muerto también por el veneno.

En los próximos meses, es necesario operar a 57 personas. La mayor parte son mujeres con cáncer uterino y de mama. De las 500 afectadas a las que se realizó el examen en la clínica Profamilia de Chinandega, a mediados de 2001, el 33.8% mostraba alguno de los dos tipos de cáncer (la media en los países pobres es del 1% según la Organización Mundial de la Salud). La edad de las afectadas oscila entre 39 y 45 años. Ahora se deben realizar biopsias para determinar la fase en la que se encuentra el cáncer. Mil 500 mujeres más esperan realizarse la prueba, por lo que la cifra podría dispararse alarmantemente.

Cada operación cuesta 5 mil 700 córdobas. "¿De dónde lo vamos a sacar?", grita desesperado Victorino. Se esperan las primeras sentencias de este macrojuicio para el 2002. Si éstas fueran positivas y justas, obtendrían una buena cantidad de plata, pero... ¿y si se retrasan?, ¿y si se tardan los pagos?, ¿y si no fueran positivas y justas? Demasiadas interrogantes cuando se habla de vivir.

Moisés de Jesús Maradiaga y Teresa Espinales cumplen este año sus bodas de plata, pero no tienen hijos con quien celebrar. Tal vez el DBCP se los impidió. Además, la efeméride se ve envuelta de frustración y enfermedad. Él pierde peso, ha pasado de 77 kilogramos a 53 en poco tiempo y la cosa empeora. Tiene problemas en los riñones y en la vista, padece de gastritis crónica, le cuesta caminar y sufre cambios bruscos en la temperatura corporal. Inició en el banano allá por 1970 y lo hizo durante 21 años. Trabajaba en el tratamiento de las fincas con el químico. No les advirtieron del riesgo que corrían y no les dieron en ningún momento equipos de protección. El contacto lo sufría al manipular el DBCP en los barriles.

Moisés nos relató una historia de esas que ponen los pelos de punta. Existía un camión que llevaba la bomba en su interior. Mediante unos tubos, recogía el agua de los pozos para realizar la consabida mezcla con el veneno. En algunas ocasiones, si la bomba sufría alguna falla, provocaba que la mezcla regresara por efectos de la gravedad al pozo. Allí, el agua era de consumo humano.

La lucha de Victorino y de sus compañeros no es sólo contra el DBCP y sus multinacionales. La lucha es contra el sistema. Reconoce apesadumbrado que, a pesar de todas las desgracias acaecidas en esta zona, hoy se utilizan más químicos en el cultivo del banano que hace 30 años.

No confían ni en los políticos ni en los sindicatos. Fue en 1997 cuando las transnacionales reconocieron los daños efectuados. Dispusieron 24 millones de dólares a un diputado nacional. Éste ofreció 100 dólares a cada trabajador como compensación por los daños ocasionados por el químico. Melba, Victorino y muchos de sus compañeros afectados no aceptaron la "limosna" ofrecida por el diputado. Los que lo hicieron, ahora no pueden presentar demandas porque así lo firmaron y ratificaron en un contrato con las multinacionales cuando recibieron esa miserable indemnización.

En Honduras y Costa Rica se han producido jugadas similares. No se descarta la posibilidad de que sea una maniobra de las multinacionales a través de políticos, abogados y sindicatos corruptos para zanjar definitivamente el problema.

"Quiero ser médico para curar niños como yo": Lebster

Los niños de los caseríos campesinos, donde las bananeras encontraban su fuerza de trabajo, jugaban en las charcas blancas donde se lavaban los barriles que traían los venenos, barriles que servían a los campesinos para recoger el agua de lluvia. 

 Jacinto García era un hombre sano apenas hace unos meses. Ahora no puede caminar, sufre de dolores en la cabeza, no habla y vomita constantemente. Su frustración es tanta que ha intentado suicidarse varias veces. Inició el trabajo en 1972 y su madre nos comentó que el veneno le caía encima. Por supuesto, no le dieron ningún tipo de protección ni información.

Dora Antonia Mendoza inició su trabajo en las bananeras en 1972. Alega que se le "cayeron" tres niños en los 80, se está quedando ciega y no tiene ganas de comer. Entraba a trabajar a las 6 de la mañana. Tenía contacto directo con los cultivos y, consecuentemente, con el veneno. A veces acababa "chopada". Su salario era de 300 pesos por quincena: "Era para medio mantenernos", asegura.

Carlos Alfredo Hernández tiene 61 años y estuvo en el banano desde 1976 hasta 1994. Ha hecho de todo, desde sembrar hasta empacar y limpiar la fruta. Tiene cinco hijos pero desde que estuvo en el banano no ha podido procrear a más. Le falla la vista y tiene problemas en los pies y con unos bultos en brazos y barriga.

Nos comenta que los hijos y las esposas acudían al campo todos los días a entregarles el almuerzo. A estas personas se les denominaba "almuerceros". Ellos también tuvieron contacto con el químico. Afirma Carlos Alfredo que después de salir de trabajar no le concedieron ninguna indemnización ni nada parecido y, con la edad que tiene, es hora de pensar en la jubilación y en descansar.

El caso de Ángela Rosario Pérez Castillo nos impacta enormemente. No por ella: en el momento de nuestra llegada, su hijo Lebster, postrado en su cama, está sufriendo fuertes dolores en su cuerpo. Son insoportables. Su madre llora desconsolada e impotente mientras frota la barriga de su hijo. No puede ni pagar los 10 córdobas de un taxi para llevarlo al hospital. Hablo con él. Me dice que le duele el estómago. El nudo en nuestras gargantas es asfixiante. Por momentos no sé qué hacer, si continuar estoicamente con la entrevista o despedirme de ellos y olvidarme para siempre de lo que mi cerebro está procesando.

Con mucho cuidado y por voluntad de Ángela, proseguimos con nuestro trabajo. Constantemente entro y salgo de casa, acudo a don Victorino, que sabe interpretar enseguida mi estado anímico. Le hablo y no sé bien ni lo que digo. Lo que veo me hace estar fuera de mí. Vuelvo a entrar, cámara en mano y la imagen de Ángela, llorando en la orilla de la cama sujetando esa mano atrofiada de Lebster mientras dialoga con Glenda, me vapulea las entrañas.

Unas fotos y de nuevo salgo. No sé exactamente qué hacer. No sé si lo que estoy haciendo es normal. Victorino conversa tranquilamente junto con Melba y otro vecino también afectado por esa mierda. Debe estar acostumbrado a ver a sus compañeros así. Despierto momentáneamente de la pesadilla y comento a Victorino la posibilidad de acercar a Lebster al hospital. Es el único momento en que puedo controlarme un poco y decir algo con sentido. Victorino me dice que no me preocupe, que ya han llamado a un compañero que tiene carro y que éste acercará a la familia al hospital.

Dentro, Glenda sigue conversando. Se le nota en la cara y en el tono de la voz la incomodidad. Pero valientemente sigue preguntando y anotando. Nos comenta Ángela que tuvo un hijo que padecía los mismos problemas que Lebster. Murió con 21 años. Ángela dejó de trabajar en el banano en 1994. Tiene un tercer niño que por allí anda. Parece bastante sano. Ella sufre dolores similares a los de sus compañeras. Realizó diversas tareas; una de ellas era limpiar los bananos. Recuerda que éste desprendía un olor muy desagradable debido al veneno.

Por última vez me acerco a Lebster y me despido. Con la integridad de un joven de 17 años, hace lo mismo conmigo. Le deseo suerte a su madre. Abandonamos la casa... la calle... el barrio cariacontecidos. Definitivamente, estoy en una nube, me hallo como poseído, raro, extraño, incómodo. Ha sido muy duro.

Al despedirnos de don Victorino, de Melba y de otros amigos, nos comprometimos a mantener un contacto directo con ellos para estar enterados de todas las noticias que pudieran surgir alrededor del caso. Un mes después de nuestra primera estancia, en junio del 2001, tuve la primera conversación telefónica con don Victorino. Estuvimos hablando un buen rato sobre lo último acontecido en la Asociación de Trabajadores y ex Trabajadores damnificados del Nemagón-Fumazone (Asotraexdan) especialmente lo relacionado con las demandas que se estaban interponiendo en los juzgados de Managua. Casi al final, le pregunté por el estado de salud de Lebster. Después de una pausa, contestó: "Murió dos semanas después de haber estado por aquí vosotros".

La segunda "revolución verde" ya está en marcha. Los transgénicos vuelven a prometer lo mismo que hicieran los químicos hace 50 años. Las consecuencias ya las estamos sufriendo, pero en unas décadas la cosa será irreversible.

La historia judicial del Nemagón dura ya varios años. Si nos atenemos a todo lo expuesto en este reportaje para La Jornada Ecológica, y siempre bajo una perspectiva ética coherente, es fácil presuponer que los sindicatos, asociaciones de afectados y trabajadores no deben tener problemas a la hora de exigir judicialmente responsabilidades a todas las transnacionales implicadas. La realidad es otra. Las empresas están utilizando diversos mecanismos con tal de salvar su pellejo. Las leyes, la burocracia y los malos políticos contribuyen al desgaste de los trabajadores desprotegidos. Sólo su unión y su fuerza como clase social estrangulada les hace permanecer en la brega.

Ésta es la historia judicial del Nemagón en Nicaragua, Costa Rica y Honduras.

En Costa Rica...

...cientos de pequeños agricultores producen banano en forma orgánica, es decir sin aplicar agroquímicos. Lo hacen combinando diversos cultivos y repeliendo las plagas en forma natural, basándose en conocimientos tradicionales de nuestros ancestros.
 

 La lucha legal de los trabajadores se inicia en 1982 en Estados Unidos contra las compañías Dow, Shell y Occidental. Más tarde se incluyen las empresas fruteras Standard, Chiquita.

Diez años después se llega a un primer acuerdo extrajudicial. Se pagan cantidades de hasta 22 mil 500 dólares en total. Este acuerdo es muy publicitado por la prensa nacional e internacional. Los trabajadores confesaron después que ignoran qué decía el documento que firmaron porque estaba en inglés y no les explicaron sus alcances. En esos momentos, quedaron pendientes los arreglos y las indemnizaciones de 6 mil 500 trabajadores.

En 1993, Standard inicia una serie de pagos extrajudiciales directos a los trabajadores afectados sin mediación de abogados. Las cortes norteamericanas impiden el pago si se involucra a trabajadores con demandas presentadas.

En marzo de 1997, el sindicato agrícola Consejo Nacional de Trabajadores (Conatrab) denuncia en la prensa nacional que se está fraguando un arreglo extrajudicial en contra de los trabajadores; que las mujeres y los niños de los afectados no son tenidos en cuenta.

En junio de ese año, Álvaro Montero Vega y Susana Chávez Sell, entre otros, representantes de los afectados por el Nemagón en las cortes norteamericanas, junto a su socio norteamericano Charles Siegel, anuncian a los periodistas nacionales que Dow ofrece a miles de trabajadores la cantidad de 100 dólares a modo de gastos personales. La Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica (Codehuca), la Comisión de Derechos Costarricenses (Codehu) y otras organizaciones muestran su desacuerdo con estas indemnizaciones calificándolas de burla, engaño y fraude.

En octubre siguiente, Conatrab pide a la Defensoría de los Habitantes una investigación.

En diciembre de 1997, las empresas Dow, Shell y Occidental vuelven a repetir la historia de junio, ofreciendo esta vez a varios centenares de trabajadores entre 358 y 2 mil 500 dólares, según el grado de infertilidad. Hay disconformidad por parte de los trabajadores por estas "limosnas". Aducen no entender el finiquito que prácticamente son obligados a firmar.

En febrero de 1998, la Fiscalía del Colegio de Abogados de Costa Rica reconoce la denuncia interpuesta por Conatrab contra los abogados que representaban a los trabajadores frente a las empresas por mala praxis y patrocinio infiel. Al parecer, los abogados engañaron a los trabajadores (clientes suyos), aconsejando que aceptaran las bajas e injustas indemnizaciones que las transnacionales habían ofrecido. Además, éstos se llevan el 40% del total a modo de honorarios.

La trama es perfecta y el negocio redondo. Las transnacionales consiguen acallar a los trabajadores mediante el pago de unas indemnizaciones insuficientes a tenor de todo el daño que supuestamente provocaron, y los abogados se hacen ricos a costa de engañar a los trabajadores. En el momento que un trabajador aceptaba uno de estos pagos, por muy bajo y por muy injusto que fuera, firmaba una cláusula donde renunciaba a todas y cada una de las demandas, reclamos, juicios, acciones, causas de acción, embargos preventivos, deudas, desagravios judiciales, tasaciones, responsabilidades civiles, gravámenes, pagos por liquidación y, en general, cualquier otra reclamación suya, de su cónyuge, beneficiarios, sucesores, herederos o concesionarios para un futuro.

 

Frutero mexicano (1991), de Laura Casamitjana

La Defensoría de los Habitantes realizó giras en Guápiles, Puntarenas, Nicoya y Golfito, y se reunió con mil 143 trabajadores bananeros y 400 compañeras y esposas de los mismos. En octubre de 1998, publicó un informe de toda la documentación recopilada. Señala la responsabilidad de las empresas fabricantes, de las fruteras y del mismo gobierno costarricense en el caso del DBCP. Afirma que la negación de los hechos y sus secuelas, lejos de dignificar a los afectados, los has colocado en una situación de incredulidad por parte del sector de la salud y la negación de todos los servicios de apoyo social construidos por los costarricenses precisamente para garantizar que ésta sea una sociedad solidaria.

En enero y febrero de 1999, siguen los intentos de pagos de algunas empresas. En este caso son Chiquita y Del Monte quienes están dispuestas a reparar el daño que hicieron con cantidades insultantes y a todas luces inadecuadas, que oscilan entre los 358 y los mil 100 dólares. Conatrab denuncia ante el Colegio de Abogados que los trabajadores firmantes no reciben copia ni se les explica el contenido de los documentos.

En marzo de 1999, y dentro del marco de la Comisión Interinstitucional, las empresas Standard y Del Monte escuchan las demandas de Conatrab. Standard niega enfáticamente que el DBCP cause algún problema al ser humano. Curiosamente, lo hace 6 años después de que iniciara, como se ha visto antes, una serie de pagos extrajudiciales a los trabajadores afectados.

En los finiquitos o arreglos de pago se reconocen como lesiones y enfermedades "entre otras, la pérdida o disminución de las funciones y capacidades reproductoras, problemas sexuales, mayor riesgo de contraer enfermedades, incluso cáncer, dolor físico y angustia mental, mayor riesgo de daños genéticos y la pérdida de la capacidad de disfrutar de una vida plena y normal, además de otros daños como resultado de trabajar con químicos u otras sustancias, o de estar alrededor o en contacto con los mismos...". Sin embargo, se considera que todos estos riesgos y enfermedades no se indemnizarían, excepción hecha del daño moral.

Existen casos de trabajadores que en 1993 y 1994 se hacen sus respectivos espermogramas con resultados más o menos normales. Ahora, con el paso del tiempo, han visto reducido el número de espermatozoides. Eso es debido a que la esterilidad es una afectación progresiva. Además, el criterio de indemnización fue tan poco objetivo, que sólo tuvo en cuenta la cantidad de espermatozoides y no la calidad. De esta manera, trabajadores con una cantidad normal, presentaban sólo un 30% de espermatozoides adecuados.

Los trabajadores han tenido que sufrir y luchar contra una salud que empeora con el tiempo y los hace más vulnerables. Otros recibieron migajas. A otros están a punto de prescribirles sus demandas. Muchos más, tal vez, ni las han presentado. Y es que obtener un triunfo en los juicios y en las demandas resulta muy complicado por las siguientes razones:

a) La legislación en estos países es muy débil y muy incompleta para juzgar este tipo de casos, exceptuando a Nicaragua. Recientemente, en Costa Rica, un juzgado se declaró incompetente para resolver el caso.

b) El gobierno parece que defiende los intereses de las transnacionales. Sus negocios siguen siendo un rubro importante para el país y fuente de empleo que mantiene a 100 mil personas trabajando directa e indirectamente. El gobierno costarricense ingresó en sus arcas 45 millones de dólares por medio de impuestos a las bananeras en 1997. Eso no supone nada si tenemos en cuenta que sólo representa el 7% de todas las riquezas que produjo el banano en Costa Rica.

c) Otras veces, los tribunales arguyen que, al ser las compañías extranjeras, el juicio debe realizarse en el país de origen de las mismas. Esta circunstancia también puede derivarse de la falta de normativa y legislación para entablar el juicio en los países de los demandantes. Se están tomando medidas al respecto y algunos países están elaborando o pretenden elaborar leyes que permitan presentar demandas contra una transnacional y darle requerimiento en el país demandante. Es el caso de la Ley de Defensa de los Derechos Procesales de Nacionales y Residentes, aprobada ya en Guatemala. En Costa Rica se desconoce una ley similar.

d) Las empresas son extranjeras, su sede central está en Estados Unidos. En este país sí que se disponen de recursos legales. Pero las empresas recurren al Foro no Conveniente, por el cual un tribunal norteamericano no puede juzgar un caso acaecido en otro país. Por lo que esta vía suele resultar difícil, aunque no imposible.

El 17 de noviembre de 1998, los trabajadores agrupados en el sindicato Conatrab realizaron una marcha por San José pidiendo solución a sus demandas. Exigían que el Estado costarricense les ayudara médica y tecnológicamente ya que, según el informe de la Defensoría de los Habitantes, tenía responsabilidades en este caso. Y eso es debido a la Ley de Sanidad Vegetal, que data de 1969, por la cual el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene atribuciones para realizar control sobre importación y venta de los productos. Así mismo, en 1973, con la Ley General de Salud, el Ministerio de Salubridad Pública tenía la responsabilidad (establecida en el Artículo 50 de la Constitución) de velar por la salud de las personas. En la época de mayor exposición al DBCP (1975-1979), el control ejercido por ambos ministerios fue ineficiente. Por eso, el Nemagón fue autorizado.

Las manifestaciones por parte de los trabajadores han sido contundentes. El 12 de enero de 2000, cientos de trabajadores cortaron carreteras, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y hasta llegaron a tomar a cuatro policías como rehenes. Exigían, entre otras cosas, la presentación inmediata de un proyecto de ley ante el Congreso para indemnizar a los afectados por el químico y negociar el pago con las compañías bananeras internacionales presentes en la zona. En julio de 2001, un grupo de trabajadores ocuparon la finca bananera El Bambuzal, exigiendo las indemnizaciones por los daños hipotéticamente ocasionados por el DBCP.

Las empresas no se han quedado atrás y han empleado métodos ilegales de represión y persecución contra líderes de los trabajadores, como en la zona de Limón contra miembros de la Federación de Trabajadores Limonenses.

Pero en medio de esta zozobra, parece que asoma un poquito de luz. A finales de mayo de 2001, la fracción parlamentaria del partido Fuerza Democrática pidió una salida a la situación extrema de los trabajadores bananeros afectados por el Nemagón que invadieron unas fincas para poder vivir.

A finales de agosto de 2001 fue aprobada una iniciativa de ley por la cual los trabajadores afectados podían obtener una indemnización por parte del Estado. Deben aportar los documentos que sean solicitados por la ley y realizarse los exámenes pertinentes para determinar la existencia de un daño físico o moral, bien objetivo o bien asociado al químico, según los determine el Instituto Nacional de Seguros. El Estado cobrará el monto de las indemnizaciones a las empresas que emplearon este producto dentro de los tres periodos siguientes a la promulgación de esta ley.

No hay nada claro todavía. Habrá que estar atentos y expectantes a la ley, a la cuantía de las indemnizaciones, al plazo para recibirlas, al proceso burocrático, los requisitos, etc... Es posible que una piñata de trampas y jugarretas esperen a los hermanos costarricenses.

En Honduras...

La historia judicial en el caso de los afectados supuestamente por el DBCP en este país es muy similar a la de los trabajadores de Costa Rica. La trampa, engendrada en los despachos de las transnacionales y del bufete de Charles Siegel, es la misma.

En 1992, el Sindicato de Trabajadores de la Standard Fruit Company (Sutrasfco) llegó a unos acuerdos con la compañía al hacer unos exámenes clínicos a los trabajadores para comprobar su grado de esterilidad. Se establecieron tres categorías:

A: Totalmente estériles: 50 mil lempiras (un dólar vale 16 lempiras)

B: Con menor daño a la esterilidad: 30 mil lempiras.

C: Levemente afectados: 20 mil lempiras.

El arreglo fue manipulado mediante las pruebas hechas en un laboratorio controlado por las empresas. Se otorgó el dinero a sus allegados (algunos sin ningún daño) y se obvió a los realmente dañados por el químico. Gracias a esto, los acuerdos se rompieron.

El 18 de abril de 1993, aparecieron unos abogados americanos investigando a 500 trabajadores y asesorando cómo demandar a las empresas. Es así como los abogados del bufete de Charles Siegel, junto a los abogados hondureños Arístides Mejía Carranza y Milton Jiménez Puerto, empezaron a trabajar con los damnificados del DBCP. Aconsejaron demandar a las empresas en Estados Unidos ya que las cuantías que podían obtener eran más cuantiosas que las que pudieran designar los jueces hondureños. Aseguraron que podían llegar a obtener cantidades no inferiores a 20 mil dólares.

Es así como se presentaron ese mismo año demandas contra las compañías productoras y fruteras Standard Fruit Company, Dole Food Company, Shell Oil Company, Dow Chemical Company, Occidental Chemical Corporation, entre otras. La demanda representó a 20 mil trabajadores de 12 países; Costa Rica, Nicaragua y Honduras incluidos.

Durante el proceso, las palabras alentadoras y las frases victoriosas fueron constantes: "La demanda va por buen camino", "Va a ser un éxito", "Habrá un veredicto favorable", etc... Hubo incluso maniobras de las empresas al continuar haciendo exámenes clínicos de acuerdo a las escalas A, B y C sin el consentimiento del sindicato y con la firma del famoso y definitivo finiquito que les negaba cualquier demanda futura. Los abogados aconsejaron alejarse de esta trampa ya que en Estados Unidos se podían obtener beneficios más grandes.

En 1995, las multinacionales propusieron indemnizaciones por valor de 7 mil lempiras para trabajadores expuestos y de 4 mil para no expuestos sin excepción. Esta jugada recibió el repudio del sindicato que acusó a la empresa de querer vender la demanda y alentó a los abogados a seguir la lucha en Estados Unidos. Con esta maniobra, las empresas presionaban a los trabajadores afectados a través de los que no lo estaban, que recibían un dinero extra sin saber porqué motivo.

Cinco años después de las promesas, venían las noticias desagradables de los abogados. De todos los trabajadores, sólo tendrían derecho aquellos con menos de cuatro hijos, los demás recibirían sólo los 100 dólares famosos. Es decir, aquellos que quedaron estériles después de engendrar a cuatro hijos o más, perderían sus derechos a recibir una indemnización, exceptuando la limosna de los 100 dólares. Igual pasaba con aquellos que pudieran sufrir alguna de las muchas enfermedades producidas por el DBCP. De 3 mil 200 trabajadores, sólo 366 podían recibir la indemnización y éstos no cobraron los 20 mil dólares prometidos, sino entre mil 700 y 2 mil, atendiendo a la gravedad del caso. Además, a esa suma había que restarle el 40% que los abogados se quedaban en concepto de honorarios y el 12% de gastos de litigio, quedando la cantidad reducida a 816 dólares. Sólo ganaron los abogados y las empresas que, con sumas ínfimas de dinero borraron de un plumazo las demandas de 20 mil trabajadores de todo el mundo. Las empresas desembolsaron 41.5 millones de dólares (Shell, 17; Dow, 22, y Occidental, 2.5), pero la mayoría de este dinero fue a las bolsas de los abogados. Lo curioso es que las propias empresas que abonaron esas indemnizaciones reconocieron que su producto afectó la salud de miles de trabajadores en todo el mundo.

El gobierno hondureño ha sido también muy reacio al esclarecimiento del asunto. Se formó una Comisión Gubernamental que elaboró un informe sobre los efectos provocados por el químico y concluyó diciendo que el único problema encontrado era la esterilidad. Los representantes de los trabajadores afirmaron que había otros daños producidos por el DBCP y que el informe favorecía claramente los intereses de las empresas. Este informe y la situación de desolación que reina entre los trabajadores han provocado numerosas protestas. El Estado siempre se ha manifestado a favor de las empresas. En 1998 se tomaron carreteras en el norte del país para impedir la carga de mil cajas de banano que la compañía norteamericana carga en Puerto Cortés para el mercado internacional. El gobierno se pronunció de esta manera: "El gobierno deberá adoptar las acciones que sean necesarias para garantizar el libre tránsito de personas y bienes".

Las últimas noticias que tenemos desde Honduras sobre los afectados por el Nemagón no son nada buenas. Datan de julio del 2001 y los trabajadores amenazaban a la Standard Fruit Company por la resolución de sus demandas; en caso contrario, tomarían las vías de acceso a las fincas bananeras Colón, Yoro, La Ceiba y El Porvenir.

Establecen las indemnizaciones en 110 mil lempiras para los que quedaron estériles totalmente, 45 mil para las familias de los fallecidos, y 35 mil para las mujeres que sufrieron afecciones al sistema reproductivo. Acusan de todo lo que pueda suceder en las manifestaciones a los sectores involucrados en la Comisión de Alto Nivel, conformada por el presidente de Honduras.

La ley que les permitiría juzgar a las empresas transnacionales en su país todavía no se ha desarrollado. Y parece que la táctica que siguen los compañeros hondureños es el cara a cara con las multinacionales, sin ningún tribunal de por medio. La experiencia pasada ya les ha producido numerosos sobresaltos.

En Nicaragua...

En Nicaragua también hubo 800 afectados que no van a recibir nada por haber aceptado en su día los 100 dólares. A finales de 1999, cientos de trabajadores marcharon a pie desde Chinandega hasta la embajada de los Estados Unidos en Managua para entregarle un documento al embajador Oliver Garza.

Las trasnacionales, también se emplearon a fondo para acabar y enterrar toda esta cuestión. No han sido menos contemplativas que en otros lugares. Además, como estas empresas ya no operan desde la revolución sandinista, puede resultar negativo y dificultar un contacto entre los trabajadores y las empresas.

Ahora bien, en Nicaragua ¡está la ley 364! Su enunciado textual es el siguiente: "Ley Especial para la Tramitación de Juicios Promovidos por las Personas Afectadas por el Uso de Pesticidas Fabricados a Base de DBCP".

La historia de esta ley empieza en 1999. La asociación de afectados era consciente que sin una ley en Nicaragua que les permitiera procesar a una empresa extranjera en su tierra, las posibilidades de llevar a estas transnacionales a un juicio era difícil. Más aun, era ir a Estados Unidos. Fue el mismo Victorino junto a unos abogados quién elaboró el texto de la ley. Fue presentada al organismo del gobierno correspondiente... y la ley se engavetó. Pasaron los meses. Nadie decía nada. El nerviosismo afloró entre los afectados. La asociación mantuvo llamadas, contactos, etcétera, pero el borrador de ley permanecía quieto y mudo.

Todo en esta vida tenía un límite y la paciencia se estaba acabando. La asociación, harta de esperar, preparó un golpe de efecto sin reparar en nada. Se iba a convocar a todos los medios de comunicación en la Asamblea Nacional a una concentración de los miembros de la asociación. Advirtieron al gobierno y a los propios medios de comunicación que si no se debatía su propuesta de ley, los afectados por el químico se ¡desnudarían! allí mismo.

Llegó el día. La cantidad de medios era histórico. Nicaragua estaba preparada y a punto de protagonizar una noticia que daría la vuelta al mundo. Los políticos no lo pensaron dos veces, no estaban dispuestos a ser la risa del planeta, a mostrar gratuitamente las desgracias de su país por doquier. Aprobaron la ley. Nadie se desnudó. La sangre no llegó al río.

Es histórica una ley como ésta. En el Artículo 1º, especifica que tiene por objeto regular y facilitar el procedimiento para la tramitación de juicios para los afectados por el DBCP. El Artículo 2º va a la yugular al reconocer que todas las empresas que tuvieron que ver con el químico eran conscientes del daño que éste provocaba y, por lo tanto, son responsables civil y penalmente. De este modo, todas las personas afectadas o familiares tienen derecho a una indemnización, según las leyes de Nicaragua. El Artículo 3º establece en 100 mil dólares la indemnización mínima dependiendo del caso. El 4º y el 5º obligan a las empresas a depositar 100 mil dólares para gastos de juicios. El 6º declara imprescriptible la imposición de responsabilidades civiles y sanciones penales a las personas que ejercían función pública en el momento de los hechos (en clara alusión a políticos, funcionarios y demás personajes que permitieron el químico). El 7º es bueno: si las empresas demandadas no satisfacen en 90 días la cantidad establecida en el Artículo 4º, deberán someterse incondicionalmente a los tribunales de Estados Unidos, renunciando al Foro no Conveniente (o en tu casa o en la mía, donde quieras). El 8º obliga a cada una de las empresas que no ha llegado a acuerdos con los trabajadores a depositar 300 millones de córdobas en el término de 90 días después de conocer las notificaciones.

La ley se completa con ocho artículos más. Lo esencial de la misma es lo apuntado anteriormente. Ante un contenido jurídico tan claro y contundente como el expuesto en la Ley 364, la pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo han maniobrado los afectados por el químico?

El 9 de marzo de 2001, Asotraexdan interpone la primera demanda por daños y perjuicios contra varias transnacionales (Dow Agro Sciences, Aka Del Monte Fruits, Del Monte Tropical Fruit Company, Shell Oil Company, Occidental Chemical Corporation, Standard Fruit Company, Dole Food Corporation Inc., Chiquita Brands International y Del Monte Foods) en un juzgado de Managua. La idea es presentar una demanda semanal hasta completar 37, según indicaciones del bufete Ojeda, Gutiérrez, Espinoza y Asociados. Cada una de ellas incluye a 100 trabajadores afectados. De esta manera, cuando se presenten las 37 demandas previstas, los casi 4 mil demandantes habrán formalizado sus quejas en alguna de ellas.

El 23 de marzo del 2001 se presentó la tercera demanda. Las 300 personas afectadas incluidas en estas tres primeras demandas exigen 400 millones de dólares aproximadamente (una media de 1.33 millones de dólares por persona).

Si nos guiamos por estos números, cuando se completen las 37 demandas, podemos estar hablando de casi 4 mil 800 millones de dólares.

Para las mujeres que quedaron estériles se reclaman 2 millones de dólares para cada una. En los varones, 200 mil y 500 mil dólares, dependiendo del caso.

El abogado de la asociación -Boanerges Ojeda- indica que el motivo por el cual se presentaron 37 demandas a razón de una a la semana, es porque si se hubiera hecho una en representación de los 4 mil afectados, el sistema judicial no hubiera tenido capacidad para tramitarlas.

Las noticias correspondientes a 2002 son bastante alentadoras. Están entablados 34 juicios dobles (34 para mujeres y 34 para hombres) correspondientes a las 34 demandas presentadas en los juzgados hasta el momento. Falta hacerlo con cuatro que serán remitidas en breve a los tribunales (una más de las 37 que inicialmente iban a presentarse).

La última noticia que nos llega de Nicaragua es muy importante, decisiva y vital. El Departamento de Justicia de Estados Unidos admite las demandas de los afectados por el DBCP en Nicaragua. Esto significa que ha notificado a las multinacionales demandadas en Nicaragua la existencia de un juicio en su contra en los tribunales de Managua.

Para llegar a este extremo, las demandas han tenido que recorrer un entramado burocrático muy complejo pero, a la vez, muy efectivo. Se inició en la Corte Suprema de Nicaragua. Intervinieron la cancillería nicaragüense y la embajada de Nicaragua en Estados Unidos. Las demandas llegaron al Departamento de Estado Norteamericano y, luego, al Departamento de Justicia, que acaba de notificar a las empresas el juicio en Nicaragua.

Esta compleja operación se hubiera visto ampliamente resumida y reducida si las empresas demandadas tuvieran delegaciones y aún trabajaran en Nicaragua. Pero estas empresas desaparecieron de Nicaragua después de la revolución de 1979. Por lo tanto, los abogados de Asotraexdan y los mismos afectados han tenido que efectuar este trayecto burocrático, hasta dar con las multinacionales en sus países de origen.

Este paso efectuado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos es determinante y puede ser el punto de inflexión en todo este proceso. Y es así porque ahora las multinacionales no pueden evitar el juicio, aunque el futuro y las características del mismo sí que va a depender de éstas. Existen varias posibilidades:

a) Si las transnacionales decidieran presentarse al juicio en Managua, debieron abonar antes del 15 de junio de 2002, 300 millones de córdobas cada una para los gastos derivados del juicio y 100 mil dólares por cada afectado. De esta manera, los afectados se aseguran, en caso de que el fallo judicial les fuera favorable, un mínimo de 100 mil dólares de indemnización.

Si Asotraexdan ganara el juicio y las multinacionales acataran el fallo del tribunal, todo este proceso acabaría aquí. Pero si las multinacionales no acataran el veredicto, automáticamente se enviarían dichos veredictos al Departamento de Justicia Norteamericano. Llegado ese momento, Estados Unidos debería exigir y presionar a las multinacionales el pago de las indemnizaciones de acuerdo a la resolución judicial de Nicaragua.

b) Si las multinacionales demandadas no abonaran las cantidades estipuladas en la Ley 364 y especificadas anteriormente, no podrían participar en el juicio. Automáticamente, lo perderían. En ese momento, las autoridades nicaragüenses comunicarían a las estadounidenses la sentencia. Éstas tendrían que contactar con las empresas y avisarles del fallo de los tribunales en Nicaragua. Las empresas deberían sufragar el monto total establecido por el juez. Estados Unidos tendría que presionar a las empresas para que cumplieran con lo establecido por los juzgados nicaragüenses.

c) Según el Artículo 7 de la Ley 364, si las multinacionales no abonaran las cantidades estipuladas en el Artículo 4 de dicha ley, deberían renunciar al "Foro no Conveniente" y aceptar un juicio en Estados Unidos.

Esta última opción no interesaría a las transnacionales. En caso de llevarse a término el juicio allí, las empresas deberían rendir una fianza a favor de cada uno de los demandantes. Además, tendrían que asumir el riesgo de pagar indemnizaciones mucho más elevadas que las inicialmente decretadas en los juzgados de Nicaragua.

Sin embargo, las multinacionales no abonaron las cantidades estipuladas en el plazo fijado por la ley y, por lo tanto, deberán aplicarse las medidas consecuentes.

Actualmente existe otro grupo de mil 200 afectados que están siguiendo pasos similares a Asotraexdan. Las demandas que exigen rondan los 2 millones de dólares por trabajador afectado. Están representados en Nicaragua por los abogados Jacinto Obregón y Gustavo López Argüello; mientras que en Estados Unidos cuentan con los servicios del prestigioso bufete de Houston llamado Provost and Umphrey, conocidos por haber ganado una demanda de 13 mil millones de dólares a Philips Morris. Desconocemos más noticias sobre este grupo de afectados.

En el resto del mundo

Las noticias y la bibliografía sobre el DBCP en otros países del mundo es prácticamente inexistente. Todo hace pensar que es Centroamérica la zona más afectada por el químico. Tampoco hemos encontrado ningún apunte sobre posibles reclamaciones y demandas por parte de las personas afectadas en otros países. No significa que no existan. Disponemos sólo de información de Panamá donde el químico ¡aún se utilizaba en el año 2000!

El número de afectados varía según las fuentes consultadas, unas indican 500, otras 700 y otras 2 mil. Están localizados en la zona de Chiriquí, concretamente en Barú y Puerto Armuelles. El químico causante del daño en los trabajadores no sólo es el DBCP sino que se incluyen otros que se aplicaban en los cultivos. Fue en las fincas bananeras de Chiriqui Land Company (hoy Bocas Fruit Company) donde parece que se envenenaron. Se han detectado dos grupos de afectados que están trabajando al igual que otros colectivos de trabajadores en el mundo por la resolución de sus demandas; una es la Asociación de Personas Afectadas por Agroquímicos del Barú, el otro es el Comité de las Víctimas de los Agroquímicos en Puerto Armuelles.

En abril de 2001, la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, ordenó una investigación encabezada por los ministros de Salud y Desarrollo Agropecuario para determinar todos los aspectos referentes al abuso de químicos en las zonas bananeras. Desconocemos las conclusiones.

Las posibles consecuencias físicas y sanitarias en los trabajadores por la aplicación del Fumazone y de otros agroquímicos en Panamá, guarda mucha similitud con las acaecidas en sus países vecinos de Centroamérica. Los afectados son estériles, tienen llagas, están ciegos, tosen permanentemente, sufren reacciones alérgicas, padecen de lesiones en el corazón y en el sistema respiratorio, y muchos de ellos llevan sus piernas vendadas.

Jurisprudencia

A pesar de las evidencias en muchos países, las transnacionales siempre han obviado las consecuencias drásticas que sus políticas económicas salvajes han causado en la salud de las personas y el ambiente. Han compaginado perfectamente sus trucos y trampas contra los afectados, con la negación absoluta de sus implicaciones en el caso del DBCP. Para ellas, el químico no causó ningún daño en la salud de sus trabajadores.

Pero existen varios casos donde los tribunales las condenaron por daños a las personas a causa de la manipulación del nematicida DBCP. Este hecho es muy importante para los afectados que buscan sus indemnizaciones, porque las leyes y los tribunales confirman que el químico causó daños en las personas y que las empresas son responsables por ello. Esto debe alentar y animar a los afectados a seguir trabajando y luchando por sus derechos.

En California, tenemos apuntes bibliográficos de varios casos en labradores expuestos al DBCP que se saldaron favorablemente para ellos. En el primero, un hombre quedó azoospérmico y obtuvo una indemnización de 2 millones 300 mil dólares. En el segundo, cada familia afectada por el químico recibió un millón de dólares.

Hay también un matiz que debemos resaltar y analizar. Las transnacionales hicieron arreglos extrajudiciales pagando unas cuantías ridículas por daños y perjuicios a miles de trabajadores afectados en el mundo. Hemos expuesto que el valor de las mismas no era el adecuado y que los trabajadores fueron víctimas de engaños por sus propios abogados y las empresas. Pero he aquí su error. En cada dólar que pagaron a los trabajadores, reconocieron directamente su responsabilidad, o ¿acaso abonarían miles de dólares como han hecho si el DBCP fuera inofensivo?

BARRANTES, O.: "Las secuelas del DBCP", en Revista Foro, Nº 2, enero 2000, Costa Rica, http://www.rel-uita.org

BARRANTES, R.: "Exposición del Foro Emaús ante el tribunal internacional del pueblo sobre violaciones a los derechos humanos y ambientales en las plantaciones bananeras de Costa Rica", 26 de abril de 1998, Nueva York, Estados Unidos, http://www.ked-bayern.apc.de

BOCHAREL, F. y CÁDIZ, V.: "Bananera continúa utilizando agroquímico prohibido", en web Defensoría del Pueblo de Panamá, 22 julio 2000, http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa

CONATRAB: "DBCP en la producción bananera: historia y actualidad", marzo de 1999, Costa Rica, http://www.members.tripod.com/foro_emaus/dbcp.htm

CHAMBRON, A. C. y SMITH, A.: "Plátanos: ¿el paraíso o la selva?" en Anuario de Comercio Justo 1998-2000, http://www.eurosur.org/EFTA

FORO EMAÚS: "¡Bananos para el mundo! ¿y el daño para Costa Rica?", Costa Rica, http://www.members.tripod.com/foro_emaus/doc2esp.html

FORO EMAÚS, varios textos, entre ellos: "Caso de la producción bananera en Costa Rica y sus efectos socio-ambientales en el contexto de la producción insostenible y globalización" abril 1998, Nueva York, Estados Unidos, http://www.ked-bayern.apc.de

GARCÍA, L.: "Más víctimas del Nemagón formalizan sus demandas" en El Nuevo Diario, 17 de marzo de 2001, Managua, Nicaragua, http://www.elnuevodiario.com.ni

GÓMEZ, B.: "Víctimas de los agroquímicos" en La Prensa, 22 de abril de 2001, Panamá, http://www.prensa.com (Cortesía de La Prensa de Panamá).

"La pesadilla del pesticida Nemagón en los campos bananeros de Honduras" en La Prensa, 29 de septiembre de 1997, San Pedro Sula, Honduras, http://www.laprensahn.com

LARA, R.: "Nicaragua es un país envenenado" en El Nuevo Diario, 24 de febrero de 2001, Managua, Nicaragua, http://www.elnuevodiario.com.ni

"53 Mujeres Afectadas con cáncer uterino", "Triste historia, Triste realidad" en ¡Peligro!...¡Nemagón!..., Volumen 1, número 1, julio 2001, Nicaragua, pag. 1 y 2.

"República bananera: La United Fruit Company" en Apartado de información de la web Maya paradise, http://www.mayaparadise.com

RESTREPO, I.: "La brisa de la muerte" en La Jornada, 22 de junio de 1998, México DF, México, http://www.jornada.unam.mx

TÓRREZ, J.: "Enorme demanda de víctimas del nemagón" en El Nuevo Diario, 10 de marzo de 2001, Managua, Nicaragua, http://www.elnuevodiario.com.ni

TÓRREZ, J.: "Admiten demanda del Nemagón" en El Nuevo Diario, 12 de marzo de 2002, Managua, Nicaragua, http://www.elnuevodiario.com.ni