El incumplimiento de lo pactado en el TLC llevó a la quiebra a 27 ingenios: industriales

Hubo créditos irregulares; están las denuncias; Hacienda y PGR deben informar, plantean

ROBERTO GONZALEZ AMADOR Y ANTONIO CASTELLANOS

El incumplimiento del Tratado de Libre Comercio (TLC) por parte de Estados Unidos, la firma de cartas paralelas "debajo de la mesa" y créditos irregulares llevaron a la crisis a 47 por ciento de la industria azucarera y es urgente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría General de la República (PGR) -que investiga las querellas contra industriales del sector-, Financiera Nacional Azucarera, el Fideicomiso Liquidador y los bancos hagan transparente el proceso de reprivatización.

José O. Menchaca, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, dijo también que la venta de los ingenios no podrá cumplirse en el plazo previsto por las autoridades, ni remotamente, y subrayó que deben ir a la cárcel quienes resulten responsables. Basta de impunidad. Los contribuyentes ya no deben cargar con los errores de los empresarios y esta acción debe ser extensiva a la banca, recalcó.

En entrevista con La Jornada, afirmó que los productores de alta fructosa quieren controlar el mercado de los embotelladores, que consumen cerca de 2 millones de toneladas; este volumen representa 40 por ciento de la producción. Los sobrantes de azúcar que se dejaron de exportar desde 1994 ascienden a 166 mil 714.4 toneladas.

-¿No se negoció bien el TLC?

-Las cartas paralelas son ilegales. Incluso el Senado de la República declaró que no eran legales y esos documentos impiden el acceso, a pesar de que el TLC dice que México tendrá derecho a exportar sus sobrantes. Decir que hubo corrupción no es fácil, indicó, pero los resultados son negativos. Desde que se firmó el tratado no hemos tenido el acceso abierto.

El gobierno, agregó Menchaca, debe hacer transparente el proceso, y como primer paso debe decir cuánto y quién debe. Después obligarlos a pagar, porque por ningún motivo deben pagar los contribuyentes. Este país ya no aguanta. No acuso a nadie, pero se debe hacer transparente la operación.

Debe aclararse, precisó, cómo se dieron los créditos; cuáles fueron las garantías, porque si hubo mayor financiamiento al que podrían responder los acreditados, hay responsabilidad de las dos partes. Se debe saber si hubo créditos sin garantías y cuántos se otorgaron con la intención de nunca pagar.

El dirigente de los industriales azucareros insistió en que no deben utilizarse recursos fiscales. No es justo que otra vez los contribuyentes carguen con los errores de algunos empresarios. Tampoco se debe aceptar que quien se "roba unos lentes vaya a la cárcel y otro que hurta millones, ande libre". Dijo: "Acuérdense de Cabal Peniche".

En este caso se dijo que hubo oficios mal dirigidos; funcionarios que nunca pudieron identificarse. También fue extemporánea la acción, pero jamás se demostró que el señor no hizo mal uso o que no se quedó con el dinero. Esas son las cosas que deben cambiar. Por eso en el caso de la reprivatización de los ingenios debe quedar claro quién y cuánto debe para que pague.

Manifestó que la impunidad se tiene que pagar en este país. Ya no se vale que si los empresarios se equivocan, los contribuyentes tengan que pagar sus errores. El común denominador hasta ahora ha sido que "yo me equivoco y ustedes, los contribuyentes, pagan. Urge que la Secretaría de Hacienda y la PGR informen sobre la forma en que se cobrará a quienes hicieron mal uso de los recursos.

En las actuales circunstancias, concluyó, no es negocio comprar los ingenios. Primero se tiene que modificar el decreto cañero que regula la relación de ingenios con productores de caña y modernizar el contrato ley. Se debe buscar que el trabajador sea más competitivo. El punto central es que el precio de la caña sea viable. Tiene que ser negocio para el cañero y para los ingenios, porque ya no existen los financiamientos que otorgaba Azúcar SA.