Bufete Industrial quebró por la corrupción en Pemex durante el sexenio de Zedillo: Mendoza Fernández

El desastre se inició cuando una oficina de Presidencia decidió asignar los proyectos de modernización de las refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero a SK, Tribasa y Siemens

GUSTAVO CASTILLO, ENRIQUE MENDEZ Y JESUS ARANDA

La corrupción imperante en Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración del presidente Ernesto Zedillo fue lo que originó la quiebra de Bufete Industrial, la empresa en ingeniería más importante de México hasta 1998, afirmó el que fuera su principal accionista, José Mendoza Fernández.

En entrevista con La Jornada, la primera que concede en torno a la quiebra de Bufete Industrial, expuso que el desastre financiero de la empresa -''que se vendió en mil pesos''- se inició cuando ''desde alguna oficina de la Presidencia de la República'' se determinó asignar los proyectos de modernización de las refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero a Sunkyong Engineering (SK), Triturados Basálticos (Tribasa), en quiebra, y Siemens.

Mendoza Fernández señaló que una licitación de obras en Pemex, ''tan corrupta y totalmente ilícita'', no pudo pasar desapercibida en la Secretaría de la Contraloría y mucho menos en Los Pinos.

''Yo no puedo decir quiénes, pero sí creo que desde las altas esferas de la Presidencia se tomó esa decisión para Cadereyta y Madero'', expresó.

El lunes primero de julio este diario publicó que la Secodam investiga un presunto fraude por 4 mil 500 millones de dólares en las obras de modernización de las dos refinerías, y que en el caso de Madero se concedió a Sunkyong y asociados, aun cuando no cumplió los requisitos de la licitación pública.

En 1999 Bufete Industrial tenía una planta laboral fija de 3 mil 500 personas entre ingenieros, profesionales de otras ramas y personal administrativo, y a su cargo casi 18 mil obreros; proporcionaba trabajo indirecto a casi 300 mil personas, la mayoría proveedores.

Para 2001, su personal se redujo a mil 500 empleados que tenían 11 por ciento de las acciones y, después de nueve meses de no recibir su salario, renunciaron. Este ''desastre financiero, económico y laboral'', comentó, se inició en 1999, a la par que en la administración zedillista se redujeron los grandes proyectos estratégicos de desarrollo.

''Las únicas obras que valían la pena fueron las de modernización de las refinerías de Pemex. Estoy seguro que ganamos en forma inequívoca Madero y debimos ganar Cadereyta, porque Sunkyong jamás, ni remotamente, cumplió las especificaciones solicitadas por Pemex'', explicó.

El empresario recordó que estos detalles se conocieron cuando se abrieron las ofertas técnicas y económicas, en una reunión en la ex refinería de Azcapotzalco, y entonces los participantes conocieron que la oferta de SK ''era totalmente inadecuada e inválida''.

Aceptó que en su participación en el concurso de Cadereyta, el financiamiento para el proyecto que ofreció Bufete Industrial fue más alto que el presupuesto. Sin embargo, dijo, esto no debió ser motivo de descalificación, sino una oportunidad para que Pemex Refinación declarara desierto el concurso, emitir una nueva convocatoria, que le habría permitido renegociar el costo del financiamiento, y lo que la subsidiaria hizo fue asignarle la obra a SK.

''En las otras refinerías hubo decisiones similares. Ustedes ya publicaron que en Madero en forma corrupta se entregó a los coreanos'', comentó. Durante la plática insistió en que el efecto de esa política fue ''definitivamente destructivo'' para Bufete Industrial, pues se vio obligada a realizar un primer recorte de personal cuando no se le adjudicó el proyecto Cadereyta.

''Nuestra gran esperanza fue Madero, que de hecho ganamos y debió ser para nosotros si se hubiera seguido el procedimiento como lo demanda la Ley de Obras Públicas'', expuso. Esta obra le habría permitido mantenerse ''como esa gran empresa de la que hablo'' y, en cambio, lo que sufrió fue ''un golpe económico'' y ''presiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público''.

Bufete Industrial había invertido 8 millones de dólares en el proyecto de ingeniería para ambas refinerías, y un millón de dólares más para armar los de Tula y Salamanca.

El proceso de descapitalización que enfrentaba el consorcio lo obligó a aplicar una ''política urgente de buscar socios, no sólo financieros, sino que también compartieran la filosofía'' de la empresa. Su primer contacto fue el que buscó Ingenieros Contratistas, SA (Ingconsa), ''dirigida por el sobrino de Francisco Labastida'', pero la oferta que se hizo entonces fue por un valor muy reducido. ''La oferta que hicieron, aunque para algunos fue adecuada, en realidad para los bancos y tenedores de acciones se estimó como desastrosa y, por lo tanto, se rechazó.''

Para Bufete Industrial fue un periodo de presiones de Hacienda y de los bancos acreedores, que apremiaron a Bufete Industrial a aceptar la oferta de Ingconsa. El ex presidente del consorcio ofreció su apreciación sobre estos apremios: ''Yo creo que había grupos de interés político que pretendieron, ante la crisis de Bufete Industrial, quedársela como una empresa de referencia para desarrollar obras de gran envergadura en la siguiente administración. Esto, porque la presión de Hacienda vino después''.

La siguiente negociación se realizó con inversionistas de Arabia Saudita, con quienes firmaron un contrato definitivo en el que el único requisito impuesto por Bufete Industrial fue que realizaran un depósito de garantía por 50 millones de dólares en su cuenta.

''Desgraciadamente este depósito nunca llegó. Se echaron para atrás y aunque teníamos las bases para presentar una demanda, no quisimos hacerlo. De haber respetado el contrato, habrían aportado un mercado importantísimo para Bufete Industrial: toda la industria petrolera de Medio Oriente''.

El siguiente contacto fue con Enron, que buscó participar como accionista a través de su división de ingeniería en México, en un proceso que consumió casi un año, pues para este tipo de operaciones se requieren auditorías a los estados financieros de cada empresa.

''Después de esta verificación -añadió Mendoza Fernández-, dos horas antes de la última reunión, a mediados de 2000, y cuando sólo faltaba la firma, la negociación terminó. Tal parece que recibieron instrucciones desde Estados Unidos; no sé si ya sabían de sus problemas financieros, pero el hecho es que la operación no se concretó.''

Sin buscarlo, refirió, se les acercó ''un inversionista que se llama Roberto Bolaños, que tenía el dinero y la aureola'', y que si bien no fue considerado como ''el más adecuado'' para las necesidades de la empresa, sí representaba una oportunidad para que Bufete Industrial todavía pudiera adjudicarse el complejo petroquímico de Altamira, obra valuada en 4 mil 500 millones de dólares.

''Con Bolaños podía garantizarse la viabilidad'' de la adjudicación, pero concluida una nueva auditoría, en julio de 2001, el acuerdo fue que el nuevo inversionista asumiría las deudas. ''Sin embargo, a diferencia de otras obras de las que se obtuvo recursos para pagar a los empleados, con este señor hubo meses sin cobrar'', informó.

La falta de liquidez llevó no sólo al despido de personal, sino a dejar de pagarle al que se quedó, pero los últimos no aguantaron y ''la gente se salió''.

-¿Qué motivó la quiebra de Bufete Industrial? -se le insistió.

-La corrupción imperante en Petróleos Mexicanos durante el sexenio del presidente Zedillo. La Jornada documentó y publicó el fraude en estas obras, que puede ser de casi 5 mil millones de dólares. No creo que todo esto haya pasado desapercibido para el director de la empresa, para la Contraloría, ni tampoco para la Presidencia de la República.