Fue la empresa de ingeniería más importante hasta 1998, dice
su principal accionista
Bufete Industrial quebró por la corrupción
en Pemex durante el sexenio de Zedillo: Mendoza Fernández
El desastre se inició cuando una oficina de Presidencia decidió
asignar los proyectos de modernización de las refinerías
de Cadereyta y Ciudad Madero a SK, Tribasa y Siemens
GUSTAVO CASTILLO, ENRIQUE MENDEZ Y JESUS ARANDA
La corrupción imperante en Petróleos Mexicanos
(Pemex) durante la administración del presidente Ernesto Zedillo
fue lo que originó la quiebra de Bufete Industrial, la empresa en
ingeniería más importante de México hasta 1998, afirmó
el que fuera su principal accionista, José Mendoza Fernández.
En entrevista con La Jornada, la primera que concede
en torno a la quiebra de Bufete Industrial, expuso que el desastre financiero
de la empresa -''que se vendió en mil pesos''- se inició
cuando ''desde alguna oficina de la Presidencia de la República''
se determinó asignar los proyectos de modernización de las
refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero a Sunkyong Engineering (SK),
Triturados Basálticos (Tribasa), en quiebra, y Siemens.
Mendoza Fernández señaló que una
licitación de obras en Pemex, ''tan corrupta y totalmente ilícita'',
no pudo pasar desapercibida en la Secretaría de la Contraloría
y mucho menos en Los Pinos.
''Yo no puedo decir quiénes, pero sí creo
que desde las altas esferas de la Presidencia se tomó esa decisión
para Cadereyta y Madero'', expresó.
El lunes primero de julio este diario publicó que
la Secodam investiga un presunto fraude por 4 mil 500 millones de dólares
en las obras de modernización de las dos refinerías, y que
en el caso de Madero se concedió a Sunkyong y asociados, aun cuando
no cumplió los requisitos de la licitación pública.
En
1999 Bufete Industrial tenía una planta laboral fija de 3 mil 500
personas entre ingenieros, profesionales de otras ramas y personal administrativo,
y a su cargo casi 18 mil obreros; proporcionaba trabajo indirecto a casi
300 mil personas, la mayoría proveedores.
Para 2001, su personal se redujo a mil 500 empleados que
tenían 11 por ciento de las acciones y, después de nueve
meses de no recibir su salario, renunciaron. Este ''desastre financiero,
económico y laboral'', comentó, se inició en 1999,
a la par que en la administración zedillista se redujeron los grandes
proyectos estratégicos de desarrollo.
''Las únicas obras que valían la pena fueron
las de modernización de las refinerías de Pemex. Estoy seguro
que ganamos en forma inequívoca Madero y debimos ganar Cadereyta,
porque Sunkyong jamás, ni remotamente, cumplió las especificaciones
solicitadas por Pemex'', explicó.
El empresario recordó que estos detalles se conocieron
cuando se abrieron las ofertas técnicas y económicas, en
una reunión en la ex refinería de Azcapotzalco, y entonces
los participantes conocieron que la oferta de SK ''era totalmente inadecuada
e inválida''.
Aceptó que en su participación en el concurso
de Cadereyta, el financiamiento para el proyecto que ofreció Bufete
Industrial fue más alto que el presupuesto. Sin embargo, dijo, esto
no debió ser motivo de descalificación, sino una oportunidad
para que Pemex Refinación declarara desierto el concurso, emitir
una nueva convocatoria, que le habría permitido renegociar el costo
del financiamiento, y lo que la subsidiaria hizo fue asignarle la obra
a SK.
''En las otras refinerías hubo decisiones similares.
Ustedes ya publicaron que en Madero en forma corrupta se entregó
a los coreanos'', comentó. Durante la plática insistió
en que el efecto de esa política fue ''definitivamente destructivo''
para Bufete Industrial, pues se vio obligada a realizar un primer recorte
de personal cuando no se le adjudicó el proyecto Cadereyta.
''Nuestra gran esperanza fue Madero, que de hecho ganamos
y debió ser para nosotros si se hubiera seguido el procedimiento
como lo demanda la Ley de Obras Públicas'', expuso. Esta obra le
habría permitido mantenerse ''como esa gran empresa de la que hablo''
y, en cambio, lo que sufrió fue ''un golpe económico'' y
''presiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público''.
Bufete Industrial había invertido 8 millones de
dólares en el proyecto de ingeniería para ambas refinerías,
y un millón de dólares más para armar los de Tula
y Salamanca.
El proceso de descapitalización que enfrentaba
el consorcio lo obligó a aplicar una ''política urgente de
buscar socios, no sólo financieros, sino que también compartieran
la filosofía'' de la empresa. Su primer contacto fue el que buscó
Ingenieros Contratistas, SA (Ingconsa), ''dirigida por el sobrino de Francisco
Labastida'', pero la oferta que se hizo entonces fue por un valor muy reducido.
''La oferta que hicieron, aunque para algunos fue adecuada, en realidad
para los bancos y tenedores de acciones se estimó como desastrosa
y, por lo tanto, se rechazó.''
Para Bufete Industrial fue un periodo de presiones de
Hacienda y de los bancos acreedores, que apremiaron a Bufete Industrial
a aceptar la oferta de Ingconsa. El ex presidente del consorcio ofreció
su apreciación sobre estos apremios: ''Yo creo que había
grupos de interés político que pretendieron, ante la crisis
de Bufete Industrial, quedársela como una empresa de referencia
para desarrollar obras de gran envergadura en la siguiente administración.
Esto, porque la presión de Hacienda vino después''.
La siguiente negociación se realizó con
inversionistas de Arabia Saudita, con quienes firmaron un contrato definitivo
en el que el único requisito impuesto por Bufete Industrial fue
que realizaran un depósito de garantía por 50 millones de
dólares en su cuenta.
''Desgraciadamente este depósito nunca llegó.
Se echaron para atrás y aunque teníamos las bases para presentar
una demanda, no quisimos hacerlo. De haber respetado el contrato, habrían
aportado un mercado importantísimo para Bufete Industrial: toda
la industria petrolera de Medio Oriente''.
El siguiente contacto fue con Enron, que buscó
participar como accionista a través de su división de ingeniería
en México, en un proceso que consumió casi un año,
pues para este tipo de operaciones se requieren auditorías a los
estados financieros de cada empresa.
''Después de esta verificación -añadió
Mendoza Fernández-, dos horas antes de la última reunión,
a mediados de 2000, y cuando sólo faltaba la firma, la negociación
terminó. Tal parece que recibieron instrucciones desde Estados Unidos;
no sé si ya sabían de sus problemas financieros, pero el
hecho es que la operación no se concretó.''
Sin buscarlo, refirió, se les acercó ''un
inversionista que se llama Roberto Bolaños, que tenía el
dinero y la aureola'', y que si bien no fue considerado como ''el más
adecuado'' para las necesidades de la empresa, sí representaba una
oportunidad para que Bufete Industrial todavía pudiera adjudicarse
el complejo petroquímico de Altamira, obra valuada en 4 mil 500
millones de dólares.
''Con Bolaños podía garantizarse la viabilidad''
de la adjudicación, pero concluida una nueva auditoría, en
julio de 2001, el acuerdo fue que el nuevo inversionista asumiría
las deudas. ''Sin embargo, a diferencia de otras obras de las que se obtuvo
recursos para pagar a los empleados, con este señor hubo meses sin
cobrar'', informó.
La falta de liquidez llevó no sólo al despido
de personal, sino a dejar de pagarle al que se quedó, pero los últimos
no aguantaron y ''la gente se salió''.
-¿Qué motivó la quiebra de Bufete
Industrial? -se le insistió.
-La corrupción imperante en Petróleos Mexicanos
durante el sexenio del presidente Zedillo. La Jornada documentó
y publicó el fraude en estas obras, que puede ser de casi 5 mil
millones de dólares. No creo que todo esto haya pasado desapercibido
para el director de la empresa, para la Contraloría, ni tampoco
para la Presidencia de la República.