Arrogante, sin un rasgo de nerviosismo o debilidad, compareció ante Carrillo Prieto

Echeverría, una máscara de piedra

BLANCHE PETRICH

Máscara de piedra, el ex presidente Luis Echeverría, sentado como indiciado ante el fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, no cruzó ni una mirada con sus acusadores. En las seis horas que duró la diligencia en la que se le informó que es demandado por genocidio y privación ilegal de la libertad por la matanza del 2 de octubre de 1968, apenas se movió. En dos ocasiones se inclinó a intercambiar algunas palabras con sus abogados, Antonio Cuéllar Sales y Eraclio Bonilla Gutiérrez.

Antes de escuchar las más de cien preguntas de la fiscalía y del agente del Ministerio Público, Américo Meléndez, interrumpió y por primera y única vez su voz se escuchó en la sala: -Para responder necesito antes hacer una investigación de los hechos. Les pido un tiempo razonable -dijo, palabras más, palabras menos.

Por ley, el plazo le fue concedido. Su equipo de defensores, compuesto por una docena de penalistas, tendrá 30 días para responder.

Solitario, en medio de una sala casi desnuda, un extenso vestíbulo rodeado de cubículos desalojados previamente, octogenario de salud envidiable, a los sesentaiocheros que lo ven de reojo Echeverría les parece "arrogante". Ni un rasgo de nerviosismo o debilidad. El tiempo no ha hecho mella.

Se trata de un escenario sobrio: en una mesa alargada, a las nueve en punto, el ex presidente se sienta. Dos de sus abogados ocupan los asientos a su lado. Frente a él toma lugar el fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto; el Ministerio Público, Américo Villarreal, y una agente que toma notas.

Al final de la mesa, sillas para los demás protagonistas, a quienes se les asigna un papel de participación pasiva. Son ex líderes estudiantiles de los años sesenta: Roberto Vázquez, Javier Ramos, Félix Hernández Gamundi, César Tirado y Raúl Alvarez Garín. Solo una mujer acusadora: Ana Ignacia Rodríguez Márquez, La Nacha. Y tres abogados que representan a la parte acusadora: Gracia Moheno, Francisco Martínez e Ismael Cuéllar. Hoy no les toca participar. Van a oír el interrogatorio.

Todos reconocen que a la hora de entrar en escena Echeverría los chamaqueó, les amargó la mañana a los fotógrafos de prensa y le madrugó al mismísimo Carrillo Prieto. El ex mandatario ingresó a las 7:45 por la puerta de atrás del céntrico edificio de la fiscalía especial. Con los malos hábitos de la izquierda, los miembros del Comité 68 fueron congregándose en la escalinata pasadas las nueve. Sus carteles empezaron a lucirse cerca de las diez: "LEA, te van a juzgar y abajo no te la vas a acabar"; "LEA, llegó tu hora, tu ayer y tu mañana"; LEA, Tlatelolco no se olvida".

Como quiera, la audiencia empezó a la hora prevista. Un camarógrafo de la fiscalía registra la escena. Un fotógrafo, oficial Solís, hostiga a los denunciantes. Piden que salga de la sala. Es identificado como oficial de la primera sección del Estado Mayor. Va con el grupo de Echeverría.

El método Strassera

Es la primera audiencia de una denuncia presentada en 1998 sobre la matanza de Tlatelolco, tipificada como genocidio, ocurrida 30 años antes. En dos ampliaciones de la misma denuncia, hechas en junio y octubre de 2001, se incluye también la matanza del 10 de junio de 1971 en San Cosme.

Carrillo Prieto ha decidido empezar a desahogar las diligencias por la punta de la pirámide. Buena señal. Hace meses, al asumir este cargo que se asemeja al premio del tigre en la rifa de la feria, se hacía eco de los conceptos del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, en el sentido de que las denuncias eran sobre situaciones individuales y como tales debían ser abordadas "caso por caso".

El Comité 68 partía de una concepción opuesta. El 68 y el Jueves de Corpus ha-bían sido crímenes de Estado y como tales debían ser juzgados los gobernantes. Adoptaron el "método Strassera", con el criterio de basar la cadena de responsabilidades conforme al organigrama. A finales de los ochenta, el fiscal argentino Julio Strassera logró condenar a los genocidas del gobierno militar argentino. Los juicios fueron exitosos. Después vino Carlos Menem con sus leyes de obediencia debida y punto final. Pero esa es otra historia.

Agrega Carolina Verduzco: "el acierto del comité fue no pelearse por la idea de los juicios individuales, sino tejer fino. Cierto que las responsabilidades son individuales, pero los individuos pertenecen a instituciones donde hay jerarquías. Por lo tanto, la responsabilidad recae en el organigrama entero y quien da la orden tiene mayor responsabilidad".

Y Félix Hernández Gamundi: "por eso estábamos convencidos desde el principio que Echeverría iba a tener que comparecer. No había escapatoria. El debate público también fue madurando y la fiscalía tuvo que responder a esa percepción ge-neralizada: el primer responsable es él".

Nada que celebrar

Los denunciantes saben que tienen un hueso muy duro de roer en Luis Echeverría Alvarez, la pieza mayor de la cadena de mando que señala a unos 50 ex funcionarios como genocidas. Raúl Alvarez Garín, quien actúa como vocero del grupo acusador, cuida los calificativos grandilocuentes para describir el momento.

"No queremos adelantar juicios, no calificamos si está bien o mal haber citado a Echeverría, no vemos qué tiene de simbólica la acción obligada de la fiscalía. No queremos festinar anticipadamente. Sabemos que éste será un litigio muy complicado, sin precedente, lleno de dificultades, con una legislación insuficiente y mañosa".

Pero no deja de reconocer que la comparecencia de un ex presidente en una audiencia "abre un nuevo momento en la averiguación. Ahora sí se vienen cosas muy fuertes. Deben citar sin más tardanza a Alfonso Martínez Domínguez, ex jefe del Departamento del Distrito Federal; al general de Estado Mayor Presidencial Luis Gutiérrez Oropeza. No tienen por qué esperar, pueden avanzar con otros citatorios en paralelo".

La tarde del martes, después de la audiencia, los miembros del Comité 68 se repliegan a su cuartel general, la redacción del periódico Corre la Voz, una vieja casona de la colonia Roma. Y por más que no quiere despegar los pies del suelo, Alvarez Garín no puede evitar exclamar: "šantes del 2 de octubre de este año Echeverría puede estar en la cárcel! šYa!"

Los antecedentes

Antes de ver a Luis Echeverría madrugando, para sentarse finalmente en el banquillo de los acusados esta mañana, este grupo de líderes del movimiento estudiantil del 68 tuvo que recorrer un largo camino. Hace cuatro años, cuando presentaron la primera denuncia penal contra los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría y decenas de militares y funcionarios de la cadena de mando relacionada con la matanza de Tlatelolco por genocidio, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad, el 2 de octubre de 1998, los rodeó el escepticismo.

El entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, archivó sin mayor trámite el juicio argumentando la prescripción de los delitos. Pero el Comité 68 persistió en la vía de la batalla jurídica. Dos meses después presentaron un amparo en contra de la resolución. En marzo de 1999 ganaron el amparo y casi de inmediato la PGR presentó su inconformidad. El expediente pasó a manos de un tribunal colegiado y de ahí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos años estuvo congelado el litigio. En 2001 fue aprobada una iniciativa de reforma al Código Penal impulsada por el Comité Eureka, vía el PRD en la Cámara de Diputados, y el delito de desaparición forzada dejó de ser prescriptible.

El Comité 68 confía en que estos no serán escollos insalvables. "Hay legislación nacional para rebatirlos. Además está pendiente la controversia constitucional interpuesta por el Gobierno del Distrito Federal". Una vez creada la fiscalía, la PGR radicó en esa instancia la causa del 68. Entonces, el equipo legal del comité afinó sus armas: "estamos participando con documentación abundante, minuciosa y muy precisa, con información relevante, no redundante de los hechos. Necesitamos todos los recursos posibles para hacer frente a actuaciones erradas de la fiscalía". El equipo está conformado por José Piñeira, ex preso; Raúl Jiménez, Antonio Corzo, Gracia Moheno, María del Carmen Fernández y Raúl Alvarez Garín.