Existe trato "preferencial" para la Iglesia católica

Piden bautistas ampliar facultades de la SG contra la intolerancia religiosa

JOSE ANTONIO ROMAN

El apoderado legal de la Convención Nacional Bautista, Jorge Lee Galindo, propuso ayer que se amplíen las facultades de la Secretaría de Gobernación, aun las de orden coercitivo, para poner alto a la intolerancia religiosa en el país.

Dijo que a diez años de las reformas constitucionales en materia religiosa todavía se percibe en las autoridades gubernamentales cierta preferencia hacia la Iglesia católica. "Y aunque la ley señala que ante ella todas las iglesias somos iguales, lo cierto es que hay unas más iguales que otras", señaló.

En entrevista, el representante bautista consideró también la necesidad de hacer "ajustes" a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, sobre todo en lo relacionado con la "excesiva tramitología" que se deben realizar ante la oficina encargada de llevar las relaciones entre el gobierno federal y las distintas iglesias, con el propósito de mejorar dichas relaciones.

Sin embargo, aclaró que se debe mantener no sólo la educación laica en las escuelas públicas, sino también la imposibilidad de que los ministros de culto puedan ser postulados y votados a un cargo de elección popular y las restricciones para que las iglesias posean medios de comunicación electrónicos.

Autor del libro Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que se presentará el próximo jueves, Lee Galindo lamentó que hasta ahora la Subsecretaría de Asuntos Religiosos interceda sólo con sus "buenos oficios" cuando se presenta un caso de intolerancia en cualquier zona del país, a expensas de la voluntad política que muestren las autoridades estatales y municipales en cuestión.

Señaló que la legislación federal no brinda ninguna facultad a la Secretaría de Gobernación para hacer cumplir el legítimo derecho constitucional que tiene cualquier ciudadano a la libertad religiosa. Debe encontrarse, argumentó, algún mecanismo para hacer respetar plenamente este derecho cuando se presente un caso de intolerancia, incluso tener la posibilidad de recurrir a una presión coercitiva.

Hasta ahora, dijo, la intervención de la subsecretaría se circunscribe a la buena voluntad, a los buenos oficios y a la disponibilidad que tienen los gobiernos locales. Además de que se percibe también un trato diferenciado hacia las iglesias. Es decir, cuando la parte intolerante la integran grupos católicos, la posición de las instancias del gobierno es más suave y se insiste, a veces de manera excesiva, en la negociación y en el diálogo, situación que no se repite cuando estos grupos son evangélicos o pertenecen a otra denominación religiosa.

"Las autoridades podrán decir, con cierta razón, que el trato es igual para todas las iglesias, sobre todo en lo relacionado con la tramitología, pero hay cuestiones finas ?y a veces no tanto? que nos dicen que la iglesia mayoritaria tiene cierto trato preferencial. No dudo en que si (los funcionarios) estuvieran ante la disyuntiva de tratar a uno y otro, a mí me despacharían para otro día", dijo.

En este mismo sentido, el apoderado legal de la Convención Nacional Bautista señaló que son conocidos los múltiples y frecuentes encuentros entre el jefe del Ejecutivo y los secretarios de Estado con miembros de la jerarquía eclesiástica católica.

De su libro, editado por Sista, Lee Galindo señaló que en dicho volumen se ha dado a la tarea de comentar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, legislación que por cierto el próximo 15 de julio cumplirá su décimo aniversario. Dijo que el libro recoge su experiencia a lo largo de estos diez años, no sólo desde la perspectiva de cumplir con todos los trámites impuestos a las iglesias, sino también la evolución que en esta materia han tenido las relaciones entre el gobierno y las distintas asociaciones religiosas.

En forma sintética, el representante bautista se expresó en contra de la petición de la Iglesia católica de impartir educación religiosa en las escuelas públicas, del reconocimiento del voto pasivo a los ministros de culto y de la posesión de medios de comunicación electrónicos.

Consideró la educación laica como garantía insustituible de un Estado laico que respete la libertad y la tolerancia religiosa. Incluso señaló que al plantear esta demanda pareciera que la Iglesia católica desea que el Estado mexicano le haga la chamba de evangelizar. Sobre el voto de los ministros religiosos Lee Galindo argumentó: "lo veo como una incompatibilidad de funciones. La ley dice que mientras seas ministro de culto no puedes ocupar un cargo de elección popular. La ley no es violatoria de nada, porque dice que puedes acceder a esto si presentas con cierto tiempo de anticipación tu renuncia a ser ministro".

Respecto a la posesión de medios de comunicación electrónicos por parte de las iglesias, indicó que según la ley las asociaciones religiosas sólo podrán poseer los medios que les son propios para el cumplimiento de su misión. "Se trata, más bien, de un intento desesperado de la Iglesia católica para no perder más fieles", dijo.