Indagará la PGR qué personas los dieron a conocer

Ratifica Korrodi su denuncia contra quien divulgó informes confidenciales

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La defensa de Lino Korrodi, dirigente de la asociación Amigos de Fox, ratificó la denuncia penal en contra ''de quien resulte responsable'' de que se haya hecho del conocimiento público la información relativa al financiamiento de la precampaña a la Presidencia de Vicente Fox Quesada.

La Procuraduría General de la República (PGR) -según informaron fuentes oficiales- se abocará a investigar, primero, si la información tenía el carácter de confidencial, y después, en caso de que esto sea positivo, quiénes la proporcionaron para su difusión.

La averiguación previa se encuentra bajo la responsabilidad de la Subprocuraduría A de Procedimientos Penales, en su delegación metropolitana, y supuestamente, mientras no se detecten delitos que tengan que ver con cuestiones electorales o delincuencia organizada, no pasará a otra instancia, revelaron los informantes.

Como se recordará, el pasado 6 de junio, a través de sus abogados, Korrodi presentó una denuncia penal por el presunto delito de uso indebido de documentos confidenciales y violación al secreto bancario. En esa fecha, Arturo Quintero, defensor de Lino Korrodi, aseguró que el coordinador de finanzas de Amigos de Fox aclararía públicamente -en los días subsecuentes a la presentación de la querella- el origen de los recursos con que se financió la campaña foxista, sin embargo, ello no ha acontecido.

Según el abogado, en la campaña de Fox ''no se utilizaron recursos del extranjero'' ni se lavó dinero, como lo señalan los documentos que desde mediados de 2000 presentó en la tribuna de la Cámara de Diputados el hoy senador Enrique Jackson, a los cuales se le sigue dando difusión.

Arturo Quintero dijo el 6 de junio: la denuncia ''no es contra alguien en particular, porque no tenemos los elementos suficientes para acusar a nadie, y dejamos esto en manos de las autoridades para que sean ellas quienes determinen''. Agregó que el Ministerio Público federal ''debe sancionar a quienes obtuvieron esos documentos para su exposición, ya que nada tienen que ver con malos manejos''.

La investigación de los recursos utilizados en la campaña de Vicente Fox se inició a finales de 2001, cuando en el IFE se abrió un debate entre los consejeros sobre la viabilidad de las quejas presentadas por PRD y PRI, los que aseguraron que Amigos de Fox había utilizado recursos procedentes del extranjero para financiar actividades políticas.

Entre 2000 y 2001, en tres ocasiones el IFE requirió información a Hacienda, pero ésta fue negada con el argumento del secreto bancario. Asimismo, en una larga sesión, los consejeros desecharon las propuestas de Pablo Gómez y de Jaime Cárdenas para que se solicitase la información al propio Presidente de la República. Incluso, se planteó que se interpusiera una controversia constitucional. Las propuestas fueron rechazadas por mayoría.

Sin embargo, la representación del PRI no se conformó con la decisión adoptada en el seno del Consejo General del IFE, y a mediados de agosto de 2001 presentó una apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual determinó que los recursos utilizados en la campaña de Fox debían ser investigados. Asimismo, en mayo de 2000, La Jornada realizó una investigación periodística que arrojó los primeros indicios de que cuentas bancarias -una a nombre de la empresa Vegetales Frescos, en la que el titular era Juan Pablo Fox- eran utilizadas para triangular fondos ajenos a tratos comerciales y ''muy cercanos a financiamiento político externo'', de acuerdo con la denuncia presentada por el banco estadunidense First National Bank en contra del menor de los hermanos Fox Quesada, por el delito de fraude.