Sólo así se determinaría a los culpables, dicen ONG
A la apertura de archivos debía sumarse una comisión de la verdad
La función de la fiscalía especial es limitada, advierten
FABIOLA MARTINEZ, ALONSO URRUTIA Y ROSA ELVIRA VARGAS
La apertura de los archivos pertenecientes a la llamada guerra sucia representa ''un hecho positivo'' al que tendrá que sumarse la creación de una comisión de la verdad, como la única alternativa para determinar las causas y responsables de los delitos cometidos en aquel periodo, señalaron defensores de los derechos humanos.
Edgar Cortez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Adriana Carmona, coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), coincidieron en que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado tiene una función limitada, porque no juzgará instituciones ni determinará si los hechos se insertaron en una política de Estado.
Por ello -señalaron en entrevistas por separado-, es necesario crear una comisión de la verdad que detalle los delitos cometidos y sobre todo investigue la responsabilidad colectiva y social, más allá de conocer documentos históricos que probablemente hayan sido ''depurados''.
En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, dijo que las heridas del pasado sólo pueden curarse con verdad y con justicia, nunca con el olvido: ''Quienes han apostado al olvido en el caso de los crímenes cometidos en las décadas de los 60 y 70 van a fallar en su apuesta, porque hay una sociedad cada vez más exigente que quiere saber la verdad de lo que pasó'', expresó.
Para el ombudsman capitalino, no hay ninguna razón de Estado que valga para quebrantar la ley, mucho menos en un Estado democrático, por lo que es necesario conocer la verdad como el único camino para sanar heridas.
Por su parte, el fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, informó que en los próximos meses la fiscalía a su cargo citará a declarar a todos aquellos señalados como responsables de la comisión de crímenes en la guerra sucia.
Entrevistado en la presentación de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, Carrillo sostuvo que es necesario investigar los hechos antes de discutir sobre la prescripción de los delitos, por lo que aún falta por desahogar un debate entre juristas sobre la prescripción de delitos presuntamente cometidos en ese periodo.
Respecto a las descalificaciones que ha enfrentado la fiscalía sobre los alcances de sus investigaciones, Carrillo hizo un llamado a no hablar o actuar con prejuicios, y comentó que hasta el momento la instancia que encabeza ha adscrito a 12 funcionarios para que avancen en la revisión de los documentos enviados al Archivo General de la Nación, donde han encontrado datos ''interesantes'' que servirán para profundizar las líneas de investigación, mismas que se negó a detallar.
El próximo 27 de junio la fiscalía rendirá un segundo informe sobre lo realizado en los últimos 100 días.
Edgar Cortez, por su parte, dijo que el acto realizado ayer en el AGN no garantiza la posibilidad de conocer la verdad, aun cuando acceder a la información es un paso positivo, porque antes no había posibilidad de ello, ''era un obstáculo insalvable''.
Precisó que el objetivo de investigar el pasado debe ceñirse a la búsqueda de la justicia integral, es decir, determinar si la violación a los derechos humanos correspondió a una política de Estado, reparar el daño e incluso exigir al Estado que emita un perdón público, así como tomar las medidas legales e institucionales que correspondan para que los hechos no se repitan. ''Sólo eso indicará una voluntad real y efectiva del presidente Vicente Fox para esclarecer los delitos cometidos en la guerra sucia.''
A su vez, Adriana Carmona expresó que para alcanzar la justicia es necesario cumplir con lo ratificado por México en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: no dejar fuera de las investigaciones sobre delitos del pasado el factor ''agente militar, porque es justamente el violador de derechos humanos número uno''.
En nombre de la CMDPDH manifestó su desacuerdo en que la apertura de los archivos o la creación de una fiscalía especial supla la figura de una comisión de la verdad, cuya creación ha sido rechazada por el gobierno al argumentar que no se insertaría en ningún marco legal. ''La apertura de los archivos es un avance, pero se deben tomar medidas para definir si (la guerra sucia) se trató de una política de Estado y evitar que esto se repita".
