Ricardo García, presidente del Tribunal Superior Agrario

Aplicando la ley a secas no se resolverán conflictos del campo

MATILDE PEREZ U.

El presidente magistrado del Tribunal Superior Agrario (TSA), Ricardo García Villalobos, afirma: en el país siempre habrá una temática de conflicto en el campo, pero ante esa realidad la intención de los tribunales en la materia es que ésta deje de ser por tenencia de la tierra o por límites, factores que están entre las principales causas de confrontación entre los habitantes de las zonas rurales.

Los 49 tribunales unitarios y el superior agrarios trabajan desde 1992 -año en que fueron creados tras la reforma al artículo 27 constitucional- para que esos conflictos disminuyan de intensidad y dejen de ser motivo de agresiones y muertes, asegura. A la fecha, menciona, hay graves problemas en Oaxaca, Guerrero, Chiapas -zona de los Altos-, sur de Veracruz, Michoacán, Nayarit, Jalisco y la región de las huastecas (Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz).

García Villalobos -electo por segundo periodo consecutivo como presidente del TSA- hace un recuento: en sus 10 años de existencia el tribunal ha manejado 230 mil 273 expedientes, de los cuales 206 mil 053 han sido resueltos y 24 mil 220 están en trámite. Este último número de expedientes es el que regularmente ingresa y se ventila anualmente.

Preocupado por la matanza de 27 campesinos de Santiago Xochiltepec, Oaxaca, y por la advertencia de distintas voces que se han levantado apuntando que situaciones similares podrían surgir en diversas regiones del país, el magistrado considera que el asunto involucra a todos los sectores de la sociedad, porque "hay una agenda de pendientes con el campo mexicano que no hemos sido capaces de cubrir y que la ley, la justicia a secas, no podrá resolver sola".

Hay que reivindicar a los campesinos

Los magistrados de los tribunales agrarios "podemos regir el derecho, pero con ello no reivindicamos al campesinado. El asunto creció tanto, que ahora o todos contribuimos a resolverlo o no sé lo que va a pasar".

Con una larga experiencia política -fue subsecretario de Gobernación y funcionario en la Procuraduría General de la República-, García Villalobos destaca que la solución a las pasiones que desata la disputa por la tierra tiene que empezar por la aplicación de programas y planes adecuados, así como de aliento para las zonas rurales, particularmente donde están asentados los indígenas, o podrían registrarse estallidos sociales.

El tema agrario, fundamenta, hay que tocarlo con mucho cuidado y con amplio y profundo conocimiento histórico, porque no es lo mismo el norte, el centro y el sureste del país. Son tres realidades distintas. Bajo ese concepto, el territorio hay que verlo con tres lupas.

Explica que en los estados del norte y fronterizos los litigios agrarios tienen una temática contractual, de agroindustria. Se parece más a la justicia agraria estadunidense, por el tipo de explotaciones. Las entidades fronterizas, quizá la excepción sea Tamaulipas, no tuvieron población original, sólo había tribus nómadas; los pobladores son colonizadores.

La segunda realidad agraria está en el altiplano. En los viejos estados del país -Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Nayarit-, en toda esa franja, el tema es de ejidos y pequeños propietarios. Allí hay muy pocas comunidades.

El sureste es el sitio de las comunidades indígenas y es allí donde se encuentran juicios agrarios que tienen más de un siglo y que se siguen litigando. Eso crea pasiones que vemos se desbordan.

-¿Los tribunales agrarios están cumpliendo con su responsabilidad?

-Al comenzar actividades los tribunales agrarios encontramos, lamentablemente, que buena parte de las ejecuciones se hacían en el escritorio y ahora tenemos muchos litigios en los que se han inconformado, porque los documentos no corresponden a la dotación establecida en las resoluciones presidenciales, que para nosotros son los títulos de propiedad.

"Actualmente, el juicio agrario es virtualmente oral. Tiene simplicidad, inclusive procesal, y además los magistrados tienen la obligación de presidir todas las audiencias, porque se manejan temas sociales y porque tienen que compenetrarse de cada asunto.

"La experiencia nos ha enseñado que no hay mejor resolución que la conciliación entre las partes, sobre todo cuando son temas añejos de tenencia de la tierra que se han litigado 100, 150 años, cuyos casos se registran en Oaxaca, Chiapas, Tabasco."

El magistrado presidente defiende la rectitud y honestidad del personal del organismo. "El doctor Sergio García Ramírez, primer presidente magistrado del TSA, estableció la obligación de concursar las plazas y llevamos 10 años de que se cumple con ello, lo que ha creado un ambiente de seriedad y profesionalidad. Es muy difícil que nos podamos equivocar en cuanto al rendimiento de los magistrados. Llevamos una estadística de cuántos amparos les dictan en contra. Otra ventaja es que los servidores públicos se van compenetrando de los problemas agrarios del país.

"Estoy convencido -dice- de que la justicia agraria ha llevado paz en el campo. Esto no es una presunción sin sustento."

?Entonces, ¿qué pasa en Oaxaca?, donde hay más de 600 conflictos agrarios, de los cuales 189 están en el tribunal unitario.

?En esa entidad 35 por ciento de los problemas entre las comunidades se han resuelto por la vía conciliatoria, mediante convenios. Se ha llamado a las comunidades o a los ejidos, y con la presencia de los magistrados se firman los acuerdos o convenios, pero hay ocasiones en que cuando regresan a sus pueblos y les explican a los habitantes, éstos ya no los quieren acatar o los rechazan. Por eso ahora les decimos que primero los lleven a sus comunidades y una vez que acepten todos, incluyendo los vecinos, se firme para evitar situaciones de que la autoridad lo firma y la comunidad lo desconoce.

"Esto nos ha ido enseñando que hay que tratar los asuntos de estas regiones con especial delicadeza. La justicia agraria no puede ser a secas, netamente jurídica o jurisdiccional. Hay una frase en derecho que aprendemos todos los abogados que dice: el exceso de la ley puede provocar una injusticia. No se aplica la ley de manera fría, menos en un tema social, porque al rato tendremos un conflicto."

Los magistrados manejan títulos de los años mil 600, mil 700 y mil 800, por eso han solicitado pruebas de carbono 14 para establecer la autenticidad de los documentos, ya que hay una larga historia vinculada a esos documentos primordiales. Ellos, los habitantes, saben cuáles son los buenos y los malos, pero siempre las ambiciones e intereses prevalecen.

Lo que pasó en la zona de Santiago Xochiltepec y Santo Domingo Teojomulco es un tema que no tiene que ver con la justicia agraria. En medio de esto está la riqueza silvícola. En esa región ?distrito Sola de Vega? sí hay problemas de límites, "pero no hay ninguna resolución nuestra que haya afectado intereses de ninguna de las comunidades". En enero de 2002 se hizo la ejecución de más de mil hectáreas entre las dos comunidades, pero en una zona donde no había conflicto y previo convenio de las partes. Se ejecutó y no pasó nada.

"(La matanza de los 27 campesinos) tiene muchos ingredientes que se pueden multiplicar, porque la realidad en que viven esas comunidades es una constante en Oaxaca. No hay que perder de vista que 80 por ciento de los bosques del país son de ejidos y comunidades, y no hemos tenido el talento para darle opciones de vida a la gente que vive en los bosques.

"Hemos sido muy hábiles para penalizar la tala, pero quienes viven aislados del desarrollo ¿con qué van a satisfacer sus necesidades? Antes el bosque servía para sus casas, leña. Era para consumo doméstico, pero la civilización les ha impuesto otras necesidades. Ahora explotan el bosque como cuando lo utilizaban para usos familiares, sin que les demos otras opciones. Después llegan terceros, ajenos a los grupos, y les dan cantidades cuantiosas para que les dejen talar el bosque."

El balance de los tribunales

-A nivel nacional, ¿cuál es el balance de los tribunales agrarios?

-En justicia agraria estamos satisfechos. Reconozco que tenemos 78 asuntos de dotaciones de tierra, ampliaciones y restituciones que no hemos podido ejecutar en todo el país. De hacerlo generaríamos un brote de inquietud y violencia, porque tendríamos que hacer uso de la fuerza pública para entregar las tierras contra viento y marea. Entre esos casos está el de los Chimalapas. Allí los propietarios, que están armados, no dejan que se ejecute la sentencia en tierras, que supuestamente son de ellos, porque alguien se las vendió irregularmente en alguna época.

En los tribunales unitarios debe haber un universo de 180 asuntos que no se han ejecutado, pero la mayoría son de menor trascendencia, como parcelarios o de montos de tierra más pequeños. En el seis por ciento de esos casos procede el pago sustitutivo, pero en otros no podrán ejecutarse porque la gente ya tiene la tierra en su poder y a veces la obtuvo en forma legítima por mandamiento de las comisiones agrarias mixtas. "No los podemos sacar a la fuerza. En esos casos debemos pagar sustitutamente al que tiene derecho el pago compensatorio por su tierra."

Ese pago lo debe hacer la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la cual hace un buen esfuerzo pero no tiene dinero. Este año les dieron mil millones de pesos para pago compensatorio, y entre los tribunales agrarios que han condenado a pago y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que también ha condenado a pago, en vía de amparo, la cifra es cercana a los 6 mil millones de pesos.

Si la SRA no tiene dinero, las sentencias se van a quedar ahí durmiendo el sueño de los justos y todos quedamos mal.

Si los amparos siguen reviviendo los asuntos, "no vamos a encontrar la seguridad de tenencia de la tierra que queremos".