Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 11 de junio de 2002
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Política

El conflicto agrario en la zona no se resolverá con patrullajes del Ejército, advierten

Grupos defensores de los Chimalapas y zoques rechazan ''mejoralitos de proyectos productivos''

Podría suscitarse un enfrentamiento con ganaderos y campesinos de Oaxaca y Chiapas

ROSA ROJAS

El Comité Nacional de Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCCHIM) y comuneros zoques de Santa María Chimalapa, Oaxaca, advirtieron a los gobiernos federal y estatal que no será con patrullajes del Ejército ni con ''mejoralitos de proyectos productivos'' como se solucione el conflicto agrario en esa comunidad para evitar el baño de sangre que varias veces ha estado a punto de ocurrir en esa zona.

Gilberto Pacheco, ex presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María; Luis Bustamante, Luis Miguel Robles Gil y Antonio Castillo, del CNDCCHIM -entrevistados por separado-, coincidieron en que urgentemente se requiere resolver de fondo el problema agrario que enfrenta a Santa María y San Miguel Chimalapas con ganaderos de Oaxaca, por una parte, y con campesinos y ganaderos chiapanecos, por otra, y cuya solución se ha visto históricamente obstaculizada tanto por las autoridades de los gobiernos estatales de Chiapas y Oaxaca como por autoridades federales.

Bustamante y Robles Gil indicaron que en el caso del conflicto de la comunidad de Santa María con los ganaderos de la colonia Cuauhtémoc, que están destruyendo la selva zoque, por el traslape de límites en 13 mil hectáreas, la propuesta del comité es indemnizar a los ganaderos, para lo cual se requiere un fondo de 10 millones de pesos a fin de que se entreguen esas tierras en forma definitiva a la comunidad, creando ahí una reserva ecológica campesina, algo que las autoridades anteriores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se negaron a aceptar, ya que preten-dían imponer la creación de una reserva de la biosfera.

Sería, puntualizaron, un procedimiento similar a lo que se hizo en el predio La Gringa, en 1994, cuando se indemnizó a ganaderos chiapanecos que estaban invadiendo 40 mil hectáreas de los indígenas zoques, y se devolvió la tierra a éstos después de casi tres décadas de conflictos que costaron varios muertos, violaciones a los derechos humanos de los indígenas y cárcel para una decena de ellos.

''Diez millones a cambio de evitar una tragedia y rescatar una zona tan importante para la biodiversidad como la selva zoque no son mucho'', apuntaron los entrevistados, al señalar que son varias las organizaciones no gubernamentales integrantes del comité las que están dispuestas a contribuir para coadyuvar con el gobierno a integrar dicho fondo.

Insistieron en la urgencia de tomar cartas en el asunto, tanto para evitar que haya muertos y heridos en otro enfrentamiento, como para frenar el avance de la destrucción de la selva, ya que los ganaderos de la Cuauhtémoc están integrando a nuevos colonos y la destrucción avanza un kilómetro por año.

Pacheco, a su vez, entrevistado vía telefónica, comentó en relación con esa propuesta: ''Nosotros lo que queremos es que a los ganaderos los saque el gobierno; si les paga o los indemniza es cuestión del gobierno y de los ganaderos; lo que nosotros queremos es la tierra, que se respete nuestro derecho histórico. La propuesta es definir la situación de límites; no puedes meter un proyecto de reserva o área natural protegida si no tienes delimitada la zona; para que los guajolotitos no pasen a la huerta tiene que haber una cerca'', comentó.

Informó que el pasado viernes 7 hubo una asamblea en Santa María Chimalapa, a la que asistieron agentes municipales de San Miguel y Santa María, el presidente municipal de este lugar y el juez municipal de San Miguel, con funcionarios del gobierno oaxaqueño, el líder estatal de la CNC, José Guzmán, y el diputado local Fredy Cabrera, quienes fueron a ofrecer proyectos productivos para los comuneros chimalapas, señalando su preocupación por el problema de la selva zoque y por la matanza ocurrida en Agua Fría. ''Se les pidió que guardaran un minuto de silencio por los caídos en Agua Fría, se rechazó lo de los proyectos, les dijimos que eso es un mejoralito, que lo más importante es que vayan Semarnat y la Secretaría de la Reforma Agraria'', informó.

Pacheco recordó que en julio de 2001 (cuando ocurrieron choques entre zoques y ganaderos de la Cuauhtémoc, retención de personas de uno y otro lado, problemas que llevaron incluso al bloqueo de la carretera Transístmica), se firmó un cochimalapas_4nvenio entre ambas partes, avalado por autoridades estatales y de la SRA, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para que se designaran peritos que midieran los límites, rumbos y distancias de las tierras de la comunidad y de la colonia.

''La Cuauhtémoc no cumplió el convenio, pero un perito de Tuxtepec fue a ubicar el fallo del Tribunal Unitario Agrario -que fue favorable a la Cuauhtémoc- en el punto de la ejecución de la resolución presidencial de la colonia y encontró que no corresponde ni con el decreto ni con el plano definitivo que ellos dicen tener. El dictamen dice que están mal ejecutados los terrenos de la colonia, que no se basaron estrictamente a su decreto. Lo que había hecho el tribunal, con ese peritaje se echaba abajo'', afirmó Pacheco.

Señaló que la comunidad determinó continuar con el brecheo y amojonamiento para marcar los límites de sus tierras de acuerdo a la resolución presidencial de reconocimiento y titulación de 1967. Por una parte eran 25.5 kilómetros de brecha que se tenía que abrir, y por otra 17.5 kilómetros, y de eso sólo les faltan 10 o 12 kilómetros para terminar el brecheo. Ahora, una vez que se eligió al nuevo comisariado de Santa María, Rusbel Toledo, se reanudarán los trabajos en cuanto se acabe de organizar el comisariado ejidal.

Bustamante, subrayó que el CNDCCHIM -en el que participan cerca de 50 organizaciones civiles- ''continuará en su papel de vincular y tender puentes entre los comuneros, la sociedad civil y los gobiernos federal y estatal. Es necesario que haya coordinación con el gobierno estatal para que las inversiones propuestas y las buenas intenciones que se tienen de apoyar a los comuneros vayan de la mano con una solución integral del problema en el que participemos todos", comentó.

Robles Gil mencionó que además se requiere una propuesta educativa que le permita a la gente conocer la riqueza biológica que existe en sus tierras y aprender a defenderlos ahora en el mercado global, así como que puedan obtener apoyos dirigidos al desarrollo integral de sus comunidades.

Interrogados respecto a qué ocurrió con la reserva ecológica campesina de La Gringa, que se crearía en las 40 mil hectáreas devueltas a los indígenas zoques, los entrevistados indicaron que se creó un consejo interinstitucional, que estaba presidido en aquel momento por el titular de Sedeso, Carlos Rojas, pero nunca llegaron los recursos para el plan piloto de desarrollo, nunca se le dio seguimiento por parte del gobierno.

Sin embargo, sí se hizo en San Francisco La Paz un programa de reordenamiento ecológico con la intervención de las propias comunidades y Maderas del Pueblo del Sureste. Las prácticas de campo han seguido, pero la problemática agraria no se ha resuelto, como tampoco se ha querido aceptar la propuesta de plan piloto de Reserva Ecológica Campesina, afirmaron.

Añadieron que en 1994 y 1995 se firmaron convenios con la Secretaría de la Reforma Agraria para solucionar ''el falso problema de límites con Chiapas y los problemas de asentamientos de campesinos chiapanecos en la zona oriente. Se desconocieron los compromisos interinstitucionales, se volvió a entorpecer el proceso. El entonces gobernador Patrocinio González y los que lo sucedieron en el cargo obstaculizaron los trabajos de conciliación y brecheo. Las autoridades al mando de Julia Carabias hicieron lo imposible por imponer la reserva de la biosfera y llegaron a ofrecerle un millón de pesos a la comunidad para que la aceptaran''.

Comentaron que aunque en 2001 se ''vio voluntad de autoridades agrarias y estatales para buscar resolver el conflicto con la colonia Cuauhtémoc, en el fondo no se arregló el problema, por lo que persiste la situación de que tanto los ganaderos como los comuneros zoques creen estar defendiendo sus derechos y de ahí el peligro de que ocurra una tragedia'', advirtieron.

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