Antonio Gershenson
Contratismo, Ƒa paso lento?
A año y medio del actual gobierno, el planteamiento de explorar y explotar el gas natural no asociado al petróleo crudo mediante "contratos de servicios múltiples" con grandes empresas petroleras del exterior no se ha traducido aún en un proyecto de contrato tipo. Por lo menos, eso es lo que dice la respuesta enviada al Senado casi dos meses después de que esta cámara legislativa solicitó copia del mismo.
Esa misma respuesta, firmada hace unos 10 días, dice que un primer borrador estará listo a fines de mayo. Ese mes, sin embargo, ya terminó. A primera vista, alguien podría considerar que van un poco lentos. Esto, sin embargo, tiene su explicación... y sus consecuencias.
La explicación, o por lo menos una parte de la misma, es que el artículo 27 de la Constitución prohíbe las concesiones y los contratos en materia de petróleo y, en general, de hidrocarburos "sólidos, líquidos o gaseosos"; que la ley reglamentaria respectiva ratifica la prohibición y que luego, en el artículo sexto, establece que se podrán formar contratos de obras o servicios. O bien interpretamos que este artículo es congruente con la Constitución y los primeros artículos de la citada ley, en cuyo caso los contratos se firmarían para bienes o servicios en actividades para las que no están prohibidos, como construcción de caminos o edificios que requiera Pemex, o bien se decide que este artículo sexto está por encima de los primeros artículos de la ley de la que forma parte y, sobre todo, por encima del artículo 27 constitucional que debería reglamentar. Esto último es totalmente contrario a un régimen de derecho.
Por si fuera poco, la Ley Federal de Obras incluye las actividades de exploración y explotación del gas como obra pública, por lo que pretender entregarlas (y se habla de hacerlo hasta por 20 años) a particulares mediante contratos de servicios viola también esta ley federal. Como esto se ha dado en el marco de presiones privatizadoras del exterior, se ha producido una fuerte reacción contra este tipo de medidas. Así que no es que los funcionarios a cargo redacten despacito, sino que hay detrás de ello un problema político de primer orden.
El paso del tiempo no favorece el proyecto que comentamos. El momento de las elecciones nacionales de mediados de sexenio se acerca. Todavía falta poco más de un año, pero el mismo clima político adverso a este intento, para no hablar de una posible controversia constitucional o algún otro tipo de medida, está contribuyendo a los retrasos. Y mientras más se acerque el proceso electoral, menos ánimos tendrá el gobierno federal de asumir el costo político asociado a los mencionados contratos para los que no hay, o no había hasta hace pocos días, un primer borrador, pero para los que ya se organiza un foro con empresas del exterior para junio.
En los últimos días ha habido señalamientos de funcionarios del gobierno federal y de un senador del PAN en el sentido de que están dispuestos a discutir reformas a la industria eléctrica sin cambiar la Constitución, considerando incluso las propuestas que en ese sentido ya se han planteado desde el PRI y desde el PRD. Ese sí puede ser un camino de solución. Y es muy posible que, si se resuelve en términos adecuados la reforma eléctrica, sea necesario recorrer un camino similar para resolver también los problemas reales que afronta la industria petrolera. También en estos días el director de Pemex planteó la necesidad de una autonomía de gestión para esta entidad, y de un cambio en su régimen fiscal.
